La Pluma y las Palabras (La solución del problema de la Comarca Lagunera)

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA COMARCA LAGUNERA

No es preciso entrar en prolijos antecedentes para entender que el problema de la Comarca Lagunera es algo más que una cuestión local semejante a las que en otras regiones del país se presentan y limitada en su alcance a un aspecto parcial de la reforma agraria. Puede apreciarse la complejidad del conflicto entre campesinos y terratenientes laguneros, a través de diversos grupos de fenómenos, según sea la posición que se escoja para analizarlo, lo mismo si se consideran la amplitud y frecuencia de las conmociones que, en juego dialéctico, suscita la disputa entre el capital y el trabajo organizado, que si se aprecia la complicación del engranaje que mueve la actividad agrícola en la fértil zona.

La agricultura alcanza allí formas de alto capitalismo. En agudo contraste con el estado semifeudal de otras regiones, el régimen de la producción es en La Laguna un mecanismo evolucionado, con previsiones exactas, con equipo mecánico moderno, con técnica adelantada, motorizado por energía eléctrica y, encima de todo, como árbitro y director de la economía, con un sistema de crédito flexible y poderoso.

El grado de perfección a que se ha llegado en la economía lagunera es esgrimido como argumento por quienes carecen de claridad conceptual o les conviene aparentarlo así, para decir al país que las condiciones de los trabajadores del campo son allí excelentes y que, en consecuencia, nada hay por reajustar, nada por resolver.

Pero por poco que se piense en el tema lagunero, se observará la realización de una ley general, inexorable. A medida que la economía capitalista avanza, el trabajo se racionaliza con objeto de hacer rendir a cada hombre el máximo de su esfuerzo y el salario se apega a los broncíneos límites de su definición, pues si bien su monto nominal aumenta, ello queda neutralizado en demasía con el encarecimiento de las subsistencias.

Por ser región de capitalismo perfeccionado, la Comarca Lagunera presenta, en consecuencia, contradicciones más agudas y fuerzas de choque mejor preparadas que hay en otros lugares del país.

Cuando el presidente Cárdenas afrontó el problema en toda su hondura, tuvo presente esta excepcional complejidad. No era posible dejar que una de las regiones más adelantadas de la República quedase sustraída a la ley y su proletariado dejara de encontrar la satisfacción de aspiraciones legítimas que por imperativo de derecho y de moral le correspondía. Pero una intervención simplista, que no abarcara sino algunos aspectos, que no previera todas las implicaciones y todas las consecuencias que un acto de gobierno desencadenaría, de ningún modo valdría la pena intentarse, porque, en el mejor de los casos, ella tendría el valor de un paliativo más.

Y las medidas desviadas, insuficientes, no siempre exentas de respeto para los intereses creados y de menosprecio para las garantías de los derechos proletarios, habían evidenciado su ineficacia a través de la experiencia. Era preciso asomarse al problema con intención limpia, sin prejuicio, con deseo de ver la verdad de sus términos. Pero la sana intención por sí sola, tampoco bastaría. Cualquier sistema que pretendiera solventar en integridad la cuestión lagunera, habría de basarse en el conocimiento exacto del engranaje económico existente y de las características de un régimen de producción que condenaba a los campesinos al salario sin esperanza de emancipación, alejando indefinidamente sus perspectivas de recibir ejido. Porque los “distritos ejidales” demostraron ser, a más de medios ineficaces, un intento para “vacunar” el latifundio contra la estricta aplicación de las leyes agrarias.

Todas esas circunstancias fueron contempladas por el jefe del Estado, desde que se entregó personalmente a la tarea de preparar el acuerdo que ayer dio a conocer a la nación. Y todavía quiso escuchar, antes de expedirlo, el juicio de funcionarios capacitados para aconsejar en las diversas fases del grave negocio público.

Ni un paso apresurado, ni una resolución sin meditar, ni una medida inconsulta. El texto mismo del acuerdo constituye el más categórico mentís a la insensata campaña que se anticipaba a los hechos, para insinuar ligereza en el ánimo que informaría la solución presidencial.

Basta analizar las medidas que en bien trabado conjunto se dirigen a poner fin al problema lagunero, para concebir un optimismo fundado en sólidas razones. Va a realizarse el reparto ejidal. Es cierto, no podría ser de otra manera, cuando así lo manda la ley. Pero, en cambio, la propiedad privada de extensión inafectable quedará al amparo de una garantía perfecta y, por añadidura, recibirá los beneficios derivados del crédito social en amplitud sin precedentes. Parte considerable de los actuales latifundios pasará a formar ejidos; pero nada hace temer perturbaciones en la producción, porque las instituciones de Estado se encuentran preparadas para organizar los cultivos, maquinizar las nuevas unidades colectivas, controlar el desarrollo de las faenas agrícolas y refaccionar a los ejidatarios.

La desconfianza no podría venir sino de dos fuentes: de un reparto poco sistemático y falto de previsiones para sostener y aún intensificar el rendimiento de la tierra —que podrían convertir en erial los campos donde crece el trigo o se produce el algodón— o bien de una amenaza a la seguridad de las propiedades constitucionalmente protegidas contra afectaciones agrarias.

Ninguno de los dos extremos es posible. El sistema de bancos que el poder público maneja para distribuir el crédito con miras sociales, se ha puesto a disposición de la Comarca, respaldado por el Banco Central y —por si no fuere suficiente— con el refuerzo, ya muy próximo, del Banco de Exportación.

No hay, en tales condiciones, peligro de que la producción se desorganice y aminore. Por lo que hace a las seguridades a que la propiedad aspira, el límite de ciento cincuenta hectáreas intocables, en terrenos de tal excelencia como los laguneros, marca la coincidencia de los dictados de la economía con las prevenciones de la ley.

Suele ser causa de trastorno renovado, allí donde se ha llevado a término la reforma agraria, el remanente de campesinos que no pudieron ser acomodados en el ejido. Una situación así tampoco se provocará en La Laguna. Quedará la clase proletaria de la región netamente dividida en dos grupos, funcionalmente distintos, sustancialmente idénticos: el de los trabajadores a jornal, motores de la producción en régimen de propiedad privada y miembros de sindicatos en lucha, y el de los ejidatarios, agrupados en unidades de trabajo, técnica y financieramente dotadas. No habrá lugar para la holganza, que deprecia los jornales, ni energías humanas quedarán sin aplicar a poner en estado de producción las fuentes de riqueza, finalidad superior asignada por el primer mandatario a este periodo de gobierno. Pues quienes no puedan clasificarse en alguno de esos campos, saldrán a expensas del erario para constituir nuevos centros de población agrícola, donde haya tierra disponible y horizontes económicos despejados.

El esfuerzo de 25 mil trabajadores —unificados dentro de los sistemas de sindicato y de ejido, que borrarán de modo automático las actuales disidencias intergremiales— tiene derecho a exigir la cooperación de los terratenientes para acelerar el progreso de la Comarca. Por su parte, la dedicación que el Estado manifiesta, al aplicar un máximo de recursos, en la vía bancaria, para que nadie restrinja sus actividades por falta de crédito, reclama una correspondencia de buena voluntad, de comprensivo espíritu y miras desinteresadas, que los propietarios habrán de otorgar en beneficio de sí mismos y en cumplimiento de un deber social.

El Nacional, 9 de octubre de 1936.

Revista Réplica