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¿El poder puede volver locos a los líderes? En este episodio analizamos el síndrome de hubris, un fenómeno psicológico asociado a gobernantes y figuras de poder que, al acumular autoridad sin límites, desarrollan arrogancia extrema, desprecio por las reglas y una peligrosa desconexión con la realidad. Exploramos los síntomas del síndrome, revisamos ejemplos históricos de líderes que cayeron víctimas de su propia grandeza y analizamos las banderas rojas que hoy comienzan a aparecer en la política contemporánea. Cuando el poder deja de tener contrapesos, la soberbia puede convertirse en una amenaza para toda la sociedad. Conducido por Miguel Ángel Bello, Sebastián Chamorro y Miguel C. Manjarrez. Fragmentos de la revista Réplica.
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El poder de la mentira + Entrevista a César Vidal.
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Entrevista a un librepensador: Fernando Savater
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LA DERROTA FINAL

Precisamente cuando la vida de México se desenvuelve lejos de toda preocupación política, en ambiente de normalidad saneado por la restauración de los principios revolucionarios, un hombre que había solemnemente declarado concluida su carrera pública y que acababa de liquidar —por sus contradicciones— toda nueva posibilidad de actuación revolucionaria, hace de improviso una reaparición efectista y se atreve a desafiar, en ademán de franca provocación, no sólo a un gobierno de legalidad irreprochable, sino también la voluntad unánime del pueblo mexicano que se apresta a defender sus instituciones y a salvarlas de un funesto retorno a la simulación del pasado.
La llegada subrepticia del general Plutarco Elías Calles y las insólitas declaraciones que traía preparadas para hacer retumbante su retorno, tienen todas las características de la consigna para un “golpe de mano”. Han quedado al descubierto —corroborando las apreciaciones que motivaron la primera depuración política del Parlamento— los hilos conductores de una verdadera conjura, temerosa por igual de la autoridad y del pueblo, con cuyo respaldo jamás pudo contar.
Ya nadie puede atribuir a segundas partes que actuaran sin dirección superior y por efecto de sus propios despechos, ni la desazón de fondo que culminó hace meses en el desafuero de varios diputados al Congreso de la Unión; ni la hostil inquietud de ilegítimos intereses, heridos en sus privilegios al restablecerse el imperio de la ley; ni los intempestivos viajes de próceres caídos, ni sus secretas reuniones y sus sigilosos preparativos e incitaciones a la sedición. Toda esa actividad en penumbra de complot; todo ese ir y venir de ex influyentes con embozo de conspiradores, queda explicado sin asomo de duda con el retorno y las declaraciones del ex presidente.
No se trata ya de sospechas, sino de hechos plenamente comprobados. Los viajes y las actividades a que se dedicaban en la sombra principalmente los señores Luis N. Morones, general José María Tapia, Fernando Torreblanca, Melchor Ortega y algunos más, entre los que se cuentan altos funcionarios y militares infieles, tienen un solo nombre adecuado: son actividades de conspiración contra el orden legal.
El complot tenía que abortar, como abortó, por falta de justificación y de bandera, y porque la realidad social mexicana de hoy no se transforma dócilmente al influjo de las ambiciones, así cuenten éstas con los recursos pecuniarios que pueden suponerse a los conjurados. El triunfo de cualquier movimiento tiene como condición el apoyo de las masas, y éste era el único que no podían buscar los provocadores de la perturbación. Pero el fallido intento ha sido útil a los intereses del país —representados por las instituciones públicas— porque ha permitido nuevas depuraciones, que libren al régimen de cuantos elementos no quisieron o no supieron comprender la generosa actitud del presidente Cárdenas, cuando les dio una oportunidad para cooperar lealmente en la situación de responsabilidad gubernativa que se consolidó en junio.
A reserva de volver sobre el tema de la conspiración, hemos de señalar un hecho evidente: si el general Calles hubiera vuelto a la patria como simple ciudadano, con el empeño de demostrar un sincero afán de esclarecer la verdad histórica y de limpiar de sospechas su pasado, en primer lugar habría evitado la compañía de una persona tan ingrata, parejamente, a las clases trabajadoras y a todas las demás, sin excepción, como el señor Luis N. Morones; y además, se habría ofrecido al juicio de la opinión —e incluso al de los tribunales—, como lo hace cualquier hombre público que está seguro de la rectitud de sus acciones.
Si así hubiera obrado, la actitud del ex presidente habría sido cuando menos respetable, cualquiera que resultara ser la amplitud de sus yerros.
Pero viene en son de perturbar la tranquilidad nacional; se fue en papel de gran abdicador y retorna en plan de gran agitador, de “pretendiente”, ostentándose como jefe de facción y rompiendo hostilidades a pretexto de decir la última palabra en juicio crítico de su propia obra, que sólo a sus conciudadanos y en última instancia a la posteridad toca formular.
Menos mal si su equivocada postura sólo afectara su propia historia. Ello no es así: con el aparente propósito de rechazar cargos que él juzga calumniosos y mezquinos, vulnera con el dicterio la actuación limpia e insospechable del presidente Cárdenas, sólo porque éste supo asumir por entero sus responsabilidades y desbaratar de una vez por todas la ficción de una democracia regida por oligarcas, por capitalistas de un neoporfirismo cuya cabeza viviente era una y la misma, ya se ostentara en Palacio Nacional o dictara desde su domicilio particular órdenes indiscutibles al gobierno en turno.
El mensaje político del general Calles al Congreso de la Unión, dicho el primero de septiembre de 1928, fue sin género de duda, el mejor acto de su existencia.
Cada época busca sus formas propias, imprime modos particulares al marco de la vida pública, como traducción de las aspiraciones del pueblo y como superación de los métodos caducos. En 1928 existía en el cuerpo social de la nación, una bien definida necesidad de liquidar los caudillajes para ensayar un régimen democrático de instituciones. Por eso, independientemente de que se juzgara sincero o insincero al entonces presidente Calles, cuando comprometía su honor de soldado y su respetabilidad de ciudadano como prendas de absoluto retiro, el llamado que hizo a todos los revolucionarios para consolidar la vida de las instituciones tuvo la virtud de congregar en torno de esa esperanza la voluntad de los hombres que habían vinculado su existencia a la causa del pueblo.
Incluso aquellos que, como el que esto escribe, eran entonces y habían sido opositores del general Calles y de su gobierno, vieron en el programa institucional la liquidación de una rencilla y el comienzo de la democracia auténtica, en la cual los hombres subordinaron apetitos y pasiones a los elevados intereses de una colectividad que se gobernara a sí misma.
Y ello fue así —precisa insistir—, porque el deseo de renovación de métodos, de civismo, estaba tan hondamente enraizado en la conciencia nacional, que producía sus frutos acaso contra el deseo mismo de quien a tan noble amparo podría estar pretendiendo establecer una escuela de simulación. Hay cosas que no pueden decirse inútilmente. Cuando una idea traduce un anhelo social, el pueblo la acoge, la desarrolla, la torna realidad y no permite que se le defraude.
No importa qué tan indignos sean los labios que pronuncian palabras limpias y promisoras. Ellas germinan en el seno nutricio de los pueblos y después ni sus sembradores pueden extirpar el robusto árbol que, acaso sin proponérselo y para su propio castigo, un día plantaron.
El general Calles rompió explícitamente, el viernes 13 de diciembre, su doble, enfático y reiterado propósito de retirarse a la vida privada y de guardar silencio. Explícitamente, decimos, porque de modo tácito lo había roto con frecuencia durante varios años, antes del 14 de junio pasado. Y la explicación que da ahora para justificarse, es a todas luces especiosa. Dice que vuelve a hablar y a actuar en defensa de su pasado, para confundir a sus impugnadores. Y en sus primeras declaraciones soslaya amargos desahogos contra un régimen sin tacha y contra un presidente excepcionalmente inatacable.
Es decir que, según esto, debía entenderse que el silencio y el retiro del general Calles estaban subordinados a una condición: la de mantener amordazada la expresión. Había, antes de ahora, una moratoria de opiniones, incivilizada y anticonstitucional. Al levantarse tal moratoria, fue como si se alzaran compuertas cerradas durante diez años y cada quien quiso decir su verdad; quiso —como en los buenos tiempos del maderismo— pensar en voz alta. El desbordamiento hizo que las aguas contenidas tomaran sus niveles y nació el estado de normalidad, de libre expresión del pensamiento, que tanto parece irritar al ex presidente y que le ha movido a defender su pasado atacando a quienes no hacen otra cosa que cumplir con sus deberes hacia el pueblo.
La cuestión está erróneamente plantada. La abstención del ex presidente es incondicional, independiente de su voluntad, derivada de su caducidad e hija de un hecho histórico. Al violar su compromiso, nada puede excusarle, nada puede justificarle. Naufraga quien, en 1928, hace solemne promesa de jamás volver a intervenir en asuntos de Estado, y en 1935 no sólo declara su personal y exclusiva responsabilidad por el periodo de su ostensible y constitucional ejercicio, sino que a la vez reivindica por su “solidaridad” confesada con los errores que hubieren cometido gobiernos posteriores al suyo —una pareja y prolongada responsabilidad ante el pueblo—. Y esto tratando de abarcar un periodo de seis años y medio, después de su “retiro”.
El desplante de la “solidaridad”, en las declaraciones del general Calles, equivale a una confesión circunstanciada, de propia boca, que deja indudable certidumbre de cotidiana violación a la palabra empeñada.
La caducidad de quien ha cumplido su ciclo vital en la política de México; de quien ha roto, con una retractación de sus principios, sus vínculos con los trabajadores, es impedimento que ningún hecho —ni la conspiración, no la jactancia— pueden destruir. Un “hombre acabado” es un “hombre acabado”. Y nada más —en paráfrasis de un célebre polígrafo.
Un revolucionario radical en 1920 no puede sobrevivir, después de sus ostensibles virajes que culminaron en 1935. Nadie puede ya en México jugar con los programas sin quemarse las manos. El hombre que hizo su prestigio hablando de emancipación a los trabajadores, no alcanzará jamás a reconquistar autoridad moral cuando, quince años después, viene a decir en buen romance: “¡hágase en buena hora la revolución social; pero sin alarmar a las familias…!”. Que a tanto equivalieron las declaraciones del 12 de junio.
El condottierismo político pertenece en México a la enterrada herencia del siglo XIX. No tiene validez en nuestros días. Actos y palabras deben coincidir hoy, como garantía de sinceridad en los hombres públicos. El revolucionario que da un salto mortal hacia el desfiladero de la derecha, no resurge más.
Por eso dijimos en este mismo lugar, hace apenas unos días, que el “régimen callista” —gobierno o mera influencia soportada— había agotado sus posibilidades de acción en la vida pública; que era cosa concluida con hombres “acabados”. Por eso afirmamos que el “callismo” estaba muerto, bien muerto, amortajado y hasta enterrado.
Pero, si bien el general Calles —al frente de todo el aparato de su “régimen”— así sucumbió para los efectos de posteriores militancias en la vida pública mexicana desde el 14 de junio, le quedaba todavía una personalidad histórica, y no habría faltado biógrafo que al correr de los años retocara virtudes y atenuara equivocaciones. Pero el viernes 13 de diciembre el general Calles destruyó esa última posibilidad, porque al violar expresamente sus compromisos de mutismo y retiro a la vida privada, demostró que lo mejor de su obra —el mensaje de 1928— fue una falacia; que ni entonces, ni antes, ni después, había pensado en consolidar las instituciones, sino únicamente en buscar ropaje hidalgo para sus afanes de dominio. Pero las instituciones, como antes lo afirmamos, se consolidaron a pesar de él, sobre él, arrollándolo, como a un encantador que muriera víctima de su propio encantamiento.
Y lo que era voluntad de forma en 1928, se convirtió en realidad seis años más tarde, así como nuevos modos de gobierno podrán superar a los actuales, cuando éstos ya no satisfagan el anhelo del pueblo.
Mientras nuestra nacionalidad se mantuvo informe, guiada en su noche por un puñado de espíritus luminosos, pero retrasada en su evolución y envilecida en su honor por zafia soldadesca, fue posible que un modelo de dictadores —don Antonio López de Santa Anna— sentara cátedra de ambición de poder, de crueldad, de falta de convicciones, de audacia, de teatralidad. Era posible saltar de un partido a otro, de un programa al opuesto, según convenía de momento para el logro de inconfesables propósitos. Santa Anna pudo ser sucesivamente centralista, federalista, conservador, liberal, radical, soldado del pueblo y agente de un gobierno extranjero. El fin era alcanzar una y cien veces el poder, y los programas y los principios eran para el criador de aves de corral, dueño de “Manga de Clavo”, simples medios que podían emplearse o abandonarse al azar. La voluntad del pueblo no estaba organizada; la opinión de las colectividades, no existía. Las circunstancias abrían resquicios en la adversidad y el dinero compraba lealtades.
Sin ánimo de comparar a las personas, sino con el deseo de contrastar las épocas, debe afirmarse que cosa semejante no puede intentarse más en México con esperanza de buen éxito. Las masas están despiertas y exigen que el programa revolucionario se cumpla sin fraudes; el proletariado tiene una organización y se halla en el cauce de sus reivindicaciones; el gobierno tiene una doctrina y una grave e indivisible responsabilidad que cumplir; las leyes y las instituciones avanzan hacia niveles de perfección; la opinión de las colectividades pesa, y da o quita la fuerza, según los hombres sean fieles o apóstatas de un credo social impuesto por la revolución, y, por fin, el ejército entiende su legítima y ennoblecedora misión y sabe y quiere cumplirla. Prueba de ello es que se han sucedido, con vertiginosa rapidez, grandes acontecimientos que en otra época podrían haber orillado a serios disturbios, y no han sido ahora capaces de perturbar la tranquilidad del país. El instituto armado está en su puesto, del lado de las instituciones, con la legalidad. Y lo están los sindicatos obreros, las comunidades campesinas, el magisterio, los estudiantes, todas las colectividades de acción social y cuanto elemento ha representado fuerza y apoyo para la revolución en sus diferentes etapas.
Y por si todo eso no fuere bastante, en la actualidad hay hombre en el gobierno y la legalidad está de su parte. Ocurre una feliz incidencia en la fuerza social, la fuerza militar y el derecho.
Ha sido suficiente que la opinión nacional repudie, como ha repudiado, el conato de subversión, para que éste haya ido a encallar en el fracaso. La acción legal del Senado de la República, desconociendo la existencia jurídica de poderes ahí donde los mandatarios se habían tornado conspiradores; la aplicación de las disposiciones de la ordenanza, por cierto con ponderada benignidad, y posteriores depuraciones que se vislumbran en la representación popular, saldan el incidente y cortan los miembros podridos de un organismo sano y vigoroso, como lo es el régimen presidido por el general Cárdenas.
La magnanimidad del primer mandatario fue pagada con ingratitud. Él quiso que se respetara no sólo la vida, sino también los intereses y aun ciertas obvenciones que habían venido recibiendo el ex presidente y sus más cercanos seguidores. Fue más allá: conservó en situaciones políticas y puestos públicos a numerosos adictos al general Calles, en atención sin duda a merecimientos revolucionarios anteriores; y esta oportunidad salvadora y generosa fue aprovechada para utilizar las posiciones en favor de un complot, para romper hostilidades contra el régimen.
Y los amigos del general Calles que aún quedan en sitios de representación y de autoridad, han sido colocados por el antiguo jefe en un duro aprieto, en un conflicto de lealtades, que no tienen sino una solución: la de la fidelidad a las instituciones.
El Nacional, 17 de diciembre de 1935.
Froylán C Manjarrez
¿Es, pues, cierto o sólo vana fantasía?
Eurípides, Yone, hacia el 410 a. de C.
La democracia “Félix”
UNA ÉPOCA DE FECUNDA Y EQUILIBRADA JUVENTUD

Son excepcionales los hechos históricos que no requieren la formación de una perspectiva para ser estimados en su importancia cabal. La cercanía resta claridad a la visión y certidumbre al juicio, y empareja los relieves hasta confundir lo principal con lo accesorio; de modo que toda valoración resulta aventurada cuando no injusta. Sólo el fluir del tiempo enjuga los perfiles de los actos que van formando la historia, para mostrarlos con nitidez y serenidad, acalmadas todas las pasiones y decantadas todas las turbulencias.
Los acontecimientos que se alinean en el primer año del periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas se apartan de lo ordinario, por cuanto puede valorárseles en inmediata proximidad. Constituyen un ápice de nuestro acontecer histórico; señalan el inicio de un nuevo modo de gobierno, con el cual la democracia mexicana sale de su época informe y contradictoria para entrar en una edad de fecunda y equilibrada juventud, y liquidan un pasado que ya era incapaz de sobrevivirse porque llevaba en sus errores el germen que había de esterilizarlo como posibilidad de acción en la vida pública del futuro.
Gobierno de acción y de servicio, se ha llamado con justeza el que con entera responsabilidad preside el mandatario proletarista. Si se buscara discernir las características de este régimen, habría que comenzar por advertir su origen: una real vinculación con las grandes mayorías del electorado —que son trabajadoras—, en cuyo nombre y en cuyo beneficio se gobierna; y por exponer su doctrina política, apuntalada en la responsabilidad de las investiduras, la honestidad de los procederes y la indeclinable subordinación de todos los intereses privados al interés superior de la colectividad, no importa la cuantía o el arraigo de aquéllos.
El genio creador de una revolución en marcha no se ha detenido ante el valladar de los prejuicios, ni ha titubeado ante los precedentes —voces del pasado—, cuando éstos han obstruido la persecución de la felicidad de pueblo.
El cardenismo fue desde sus orígenes un movimiento de ortodoxia revolucionaria, que propendía a expurgar de adulteraciones el programa de la revolución, a rectificar los métodos políticos y a cancelar los trámites dilatorios y las simulaciones, para restituir los valores prístinos postulados a lo largo de la insurgencia popular, y arrancar de cuajo adherencias y lacras y vicios, nacidos de complacencias, debilidades y componendas, que hacían decadente un impulso vindicador y constructivo antes de que éste llegara a su madurez.
La táctica cardenista impuso actuar de dentro hacia fuera, en el seno del Partido Nacional Revolucionario, para lograr la postulación del candidato por obra de la fuerza de opinión que le dio su respaldo, y para implantar, con el imperio de la mayoría, reformas sustanciales de contenido avanzado al proyecto de Plan Sexenal propuesto a debate en la Segunda Convención Ordinaria del Partido.
Como lógica consecuencia, el candidato acudió personalmente, en toda la extensión de la República, a refrendar sus lazos con el pueblo trabajador, a palpar sus necesidades y a recibir de él solo toda la autoridad para regir los destinos de la patria.
Por eso cuando llegó el momento de prueba, el presidente, que ha sabido vivir a la altura de sus deberes, encontró el apoyo angular del proletariado, la lealtad del ejército, el respaldo de los demás poderes y justificación moral unánime en el consenso de la opinión nacional y extranjera.
En el enérgico plan político puesto en marcha para restablecer el régimen de derecho dondequiera que éste se hallara vulnerado, mientras mayor era la decisión y la valentía de las motivaciones presidenciales, más calurosa acogida tenían éstas en la conciencia nacional. Y así fue extendiéndose por el haz del territorio el espíritu legalista, revolucionario, de responsabilidad íntegra, ausente de ficciones y de tácitos renunciamientos, que se había impuesto en la órbita federal apenas vencido el primer semestre del año político que hoy concluye.
No es éste el sitio para intentar balance pormenorizado de la primera anualidad del gobierno cardenista. Si acaso podrá ejemplificarse, con alusiones generales, la tesis renovadora que vivifica, en este momento esperanzado la vida pública de México.
Una de las grandes tendencias del Partido Revolucionario histórico —integrar nuestra nacionalidad, articulándola en lo geográfico, tornándola homogénea en lo étnico, dándole unidad de pensamiento y de conciencia y organizando su economía más allá de todo coloniaje— ha sido llevada adelante en sólo doce meses de gobierno por el presidente Cárdenas, en mayor extensión que en decenios de administraciones pasadas.
Por primera vez en la historia de la revolución —desgarrada por choques entre revolucionarios— se autoriza a todos los que vincularon su vida a la causa del pueblo para que, olvidada toda rencilla y disipado todo rencor, puedan volver al seno de la patria. Ni el retorno de los exiliados políticos, ni la más amplia libertad de organización sindical, ni el nacimiento mismo de oposición coordinada, ni la más irrestricta tolerancia para la expresión del pensamiento, son vistos como amenaza por este régimen seguro de sí mismo, que nada debe y a nadie teme.
Los gobiernos que abandonan el cauce de la ley y los que se divorcian de su pueblo para proteger privilegios de minoría y emplear la autoridad como medio de opresión, no de servicio, temen la organización de los proletarios y la estorban, bien directamente o por modos indirectos que no excluyen el reconocimiento de un solo organismo sindical dócil a las indicaciones del poder público.
La tarea de unificar a los campesinos, confiada al Partido Nacional Revolucionario y la sostenida exhortación a los obreros para que lleguen al frente único, muestran a las claras que el régimen es sabedor de que las masas nada tienen que reprocharle; antes bien, le darán su fuerza y su apoyo, acrecentados por la organización, para que continúe su acción proletarista.
Por cuanto atañe a la parte material, se busca dar articulación a la base geográfica de la nacionalidad mexicana, y para ello se han iniciado obras diversas, de tal importancia que una sola de ellas, por sí misma, podría justificar en el ramo la gestión de todo un periodo. La construcción de los ferrocarriles del Sureste y de Zihuatanejo y el que unirá la zona carbonífera poblana con la costa de Oaxaca; la conclusión de la carretera Laredo-Acapulco y el comienzo de los trabajos en el camino que unirá por occidente la frontera del norte con el Soconusco, bastan para dar idea del esfuerzo sin precedente que se realiza con el fin de ligar entre sí nuestra dispersa geografía.
No es ya el concesionario extranjero quien hace de empresa en esta clase de trabajos; ni es el móvil de la subvención o del lucro inmediato lo que determinan los trazos. Estos se delinean con vistas a satisfacer un imperativo de unión entre partes de nuestro territorio desmembradas por indómita orografía, a distribuir nuestra población de modo adecuado y a fomentar el dominio útil de la naturaleza por el hombre, dondequiera que haya recursos naturales inexplotados.
No puede integrarse una nacionalidad si existen cuatro siglos de distancia entre dos porciones de su población: la una potente por su número y por su aptitud para crear valor económico; la otra, minoritaria, dueña de la técnica, de los medios de producción, del conocimiento científico y sólo pospuesta en el señorío de la vida económica por la potencia de los intereses extranjeros todavía arraigados en nuestro suelo.
En un país donde tres cuartas partes de la población activa trabajan la tierra, hay que comenzar por borrar las distancias, reparando injusticias seculares y entregando el disfrute de la propiedad agrícola a sus dueños de origen, quienes, al perderla, fueron sometidos a la feudal servidumbre del peonaje.
Así, la acción agraria ha rebasado las previsiones del Plan Sexenal. Para realizarla, se han reforzado las disponibilidades pecuniarias y se ha duplicado el personal de campo; expedientes que tenían el polvo de diez años, se han resuelto en posesiones efectivas; los agraristas tienen una casa en la capital, donde encuentran albergue, consejo, instrucción y atenciones médicas e higiénicas; este tipo de instituciones va multiplicándose en la República, y la autoridad agraria coordina las labores propias de su índole: con las educativas, construyendo escuelas y sufragando desayunos escolares en los ejidos; con las viales, abriendo caminos; con las sanitarias, impartiendo servicios facultativos.
No se ve ya al ejido como complemento de un jornal miserable, sino como base única y suficiente de sustentación para el campesino liberado. Es una institución sobre la cual recaerá la responsabilidad de nuestra economía agrícola futura.
Esta rehabilitación del campesinado, así como el estímulo a los obreros que se libertan del salario, ha impuesto una política de crédito como servicio social —impartido por el poder público—, a diferencia del crédito de interés privado con móviles de lucro. Ha nacido de este impulso el Banco de Crédito Popular; está próximo a abrir sus puertas el Banco Nacional de Crédito Ejidal, a más de una institución que se destinará al fomento de la pequeña propiedad agrícola en explotación. Debe recordarse que al incremento de 20 millones de pesos otorgado al capital que refacciona los ejidos en este año, habrá que agregar las aportaciones que el primer mandatario anunció para los años venideros de su periodo.
Vueltos del espejismo que había hecho ver a los mexicanos un México de fabulosas riquezas, que tapizó tres veces de plata la extensión del continente, los que formamos esta generación nos hemos encarado a los campos yermos, a los pozos de petróleo que bombean oro negro hecho dividendos hacia el extranjero, a las fábricas que extorsionan nuestra fuerza de trabajo en beneficio de empresarios venidos de ultramar, a las minas, en fin, que dejan por igual socavones vacíos en la entraña de nuestro suelo y cavernas letales en el pulmón deshecho de los mineros silicosos; y hemos sentido la urgencia de una política que fertilice el suelo en beneficio de nuestro propio pueblo, y que integre la economía de México en un sistema propio, en lo posible autosuficiente y autárquico.
Por eso la atención nacional ha visto con júbilo la eficacia del presidente Cárdenas para concluir las grandes obras de irrigación y multiplicar las pequeñas; para retener por todos los medios legales la mayor suma de las riquezas que emigran; para lograr inversión de reservas de compañías extranjeras que operan en el país, en actividades que reanimen la prosperidad doméstica; para cancelar privilegios lesivos de los intereses del erario y regular la explotación del subsuelo. Como medidas concretas deben recordarse la nueva legislación en materia de seguros, la anulación de franquicias fiscales a una compañía petrolera, la cancelación del contrato de la Compañía Terminal de Veracruz y muchas otras medidas que prolijo sería enumerar.
Antes de aspirar a una nacionalidad de rasgos homogéneos, debe eliminarse la formación de las conciencias bajo una doble potestad: la de la Iglesia, y la del Estado, por eso se ha hecho la función educativa bajo el presidente Cárdenas, un servicio privativo del Estado, en sus dos primeros grados, con la orientación socialista y el contenido científico que el nuevo texto constitucional marca. Y para grados superiores, el planeamiento de la Politécnica y el Consejo Nacional de la Educación Superior y de la Investigación Científica, permitirán en breve a la generación surgente prescindir de los institutos que, so capa de libertad docente, preparan mentalidades para vivir fuera de su tiempo y contra las cosas de su tiempo.
La plétora de alumnos en las escuelas públicas es la mejor prueba de que la educación socialista ha sido parejamente aceptada en el país.
Otra barrera de la cultura —el monopolio de papel— ha caído por tierra en este primer año henchido de realizaciones. Una empresa de economía mixta sustituye a la compañía que durante 40 años se ha enriquecido a costa de la difusión del pensamiento, y gracias a aquella nueva modalidad distribuidora podrán contar el año entrante los niños mexicanos con millones de libros escolares al mínimo precio de siete centavos.
Todo esfuerzo de síntesis fracasa ante la vastedad de lo hecho. Una preocupación constante por llevar a los que nada han tenido las cosas que dignifican la vida y la hacen sana y fácil, domina todos los actos de la administración pública. La introducción de agua potable a pequeños poblados; los estudios de higiene de la alimentación campesina; el servicio médico ejidal —iniciado en concordancia por dos dependencias del Ejecutivo y por el Partido Nacional Revolucionario—; la preferencia a los barrios obreros en las obras materiales del Distrito Federal, y tantas otras medidas que escapan al vuelapluma periodístico, ayudarían a ejemplificar esta característica de la política administrativa actual.
No quedaría completo un plan de integración nacional si no se contara con el ejército, en actitud de congruencia respecto de sus orígenes, despojado de toda idea opresora y traído al servicio de la comunidad por su convicción, que lo coloca del lado de los trabajadores y por su procedencia, que es la ciudadanía armada que supo develar al pretorianismo porfiriano. Ni tampoco puede excluirse la influencia del magisterio, que el presidente Cárdenas ha exaltado sacándolo de una relegación injusta y estéril. En el mecanismo del régimen, los maestros al servicio del Estado no sólo educan a la niñez, sino que son propulsores de las nuevas ideas, centros pensantes de las comunidades trabajadoras, y mártires de una convicción que ha despertado las iras del emboscado retroceso, al límite de instigar el vandalismo, el asesinato y la barbarie.
Si la tesis social del presidente Cárdenas en materia agraria da al régimen ejidal la función de crear un campesinado próspero y libre, en el aspecto obrero sustenta una verdad revolucionaria que fue piedra de toque para muchos y marcó el fin de una época y el principio de otra: la huelga es un fenómeno espontáneo en los sucesivos reajustes de intereses que acontecen como episodios de la lucha de clases; sólo cuando la autoridad política está dominada por el capitalismo, puede reprimir los movimientos de resistencia, que tienen su estatuto regulador, y sus tribunales y cuyas consecuencias son en último término benéficas para la economía, no importa qué perjudiciales resulten de momento.
El transcurso del tiempo ha dado la razón al presidente Cárdenas. No sólo está remoto un desquiciamiento del orden económico, sino que se perciben signos seguros de renaciente prosperidad. Los movimientos de huelga planteados en los primeros meses del nuevo gobierno, fueron como las aguas represadas que necesitan libertad para desbordarse y tomar su nivel. Logrando un equilibrio que artificialmente se había demorado, las cosas han seguido con normalidad su propio curso.
Digno de mencionarse es el cambio ocurrido en el concepto del empleado público como sujeto de obligaciones y derechos. Servir al Estado ya no significa medrar al amparo de una sinecura. Cada nombramiento lleva implícita una cláusula de efectivo servicio a las masas populares, un cívico deber que el salario no paga y cuyo cumplimiento importa desinterés de ciudadano y convicción de revolucionario.
En cambio, una próxima ley del servicio civil garantizará en sus derechos de clase a los servidores del Estado.
Si se avizora el panorama de reforma legislativa que el Ejecutivo ha emprendido, se distingue un perfil saliente, un principio que inspira todas las iniciativas de un régimen que ha querido gobernar con el mínimo posible de facultades extraordinarias: las leyes, cualquiera que sea su naturaleza, deben amoldarse a las necesidades de los gobernados; jamás han de ignorarse o mal representarse éstas, para que puedan caber en la estrechez de un código inadecuado. En este mismo sitio se ha dicho hace pocos días: “La necesidad del pueblo es el fin, la ley el medio de satisfacerlo”.
Para la transformación de nuestro derecho positivo —consonante con la nueva etapa— el jefe de gobierno ha contado con la afinidad de convicción de los legisladores. Un fenómeno de dinámica interna, ajeno a todo mezquino divisionismo, desplazó el centro de gravedad de los bloques parlamentarios hacia definiciones ideológicas de izquierda que no eran sino consecuencia, en la órbita del poder legislativo, de la validez que la administración dio a las tesis de responsabilidad y servicio al proletariado.
El movimiento interior que estableció la hegemonía de los bloques de izquierda tiene la importancia de un indispensable complemento a la renovación de nuestra vida pública operada en junio.
En la vida de relación internacional, México registra también acontecimientos que son el reflejo externo de sus transformaciones domésticas. El fracaso de la intriga internacional urdida por los sempiternos buscadores de protección ajena para privilegios definitivamente anulados, representa una justificación ante la conciencia internacional de la legalidad de procedimientos del gobierno mexicano y expone con nitidez el respeto a la soberanía de los países que el presidente de los Estados Unidos de América profesa. La cortante contestación que mister Roosevelt dio a los Caballeros de Colón, aliados del clero mexicano en su afán por reconquistar potestad política, poderío económico y dominio de las conciencias, liquidó definitivamente la oprobiosa gestión de los clericales.
Ante un conflicto de dos lejanos países, miembros, como México, de la Sociedad de las Naciones, el gobierno del presidente Cárdenas asumió una actitud consecuente con las tradiciones de la diplomacia mexicana, acorde con el sentir popular, honesta con lo pactado y al mismo tiempo exenta de animosidades. La invitación al delegado de nuestro país para cooperar con el Comité de Sanciones, equivale a una apreciación de la irreprochable actitud mexicana.
Además, cabe a México el orgullo de haber presenciado en este año que países de más evolucionada organización han llegado a conclusiones que dan validez universal a salientes aspectos de nuestra doctrina revolucionaria. Desde el impulso que alienta en Estados Unidos, buscando la reforma de una de las más intocables constituciones del mundo, hasta la atención universitaria dada por el Teacher’s College de Columbia a nuestros métodos de educación campesina, son síntomas de que el pensamiento internacional ha justipreciado el ideario de nuestro movimiento reivindicador y va colocando a México en un lugar destacado por cuanto a su genio creador y a la valentía con que acomete la solución de problemas que hoy tienen envergadura universal.
Esta rápida ojeada sobre el panorama de un año, justifica nuestra aseveración primera de que la gestión del presidente Cárdenas ha señalado el inicio de un nuevo modo de gobierno, con el cual la democracia mundial sale de su época informe y contradictoria para entrar en una edad de fecunda y equilibrada juventud.
El Nacional, 1 de diciembre de 1935.
Froylán C Manjarrez
A aquellos que pueden ser orientados,
debemos prestarles nuestra ayuda ética,
más aún que si se tratara de ayuda material.
Aristóteles, Ética Nicomáquea
LA RAZÓN CONTRA LA TRADICIÓN
Las fobias que sin duda deben tener los administradores públicos, son las siguientes: cromelofobia, miedo al dinero y mitofobia, miedo a las mentiras...
LA DERROTA FINAL

Precisamente cuando la vida de México se desenvuelve lejos de toda preocupación política, en ambiente de normalidad saneado por la restauración de los principios revolucionarios, un hombre que había solemnemente declarado concluida su carrera pública y que acababa de liquidar —por sus contradicciones— toda nueva posibilidad de actuación revolucionaria, hace de improviso una reaparición efectista y se atreve a desafiar, en ademán de franca provocación, no sólo a un gobierno de legalidad irreprochable, sino también la voluntad unánime del pueblo mexicano que se apresta a defender sus instituciones y a salvarlas de un funesto retorno a la simulación del pasado.
La llegada subrepticia del general Plutarco Elías Calles y las insólitas declaraciones que traía preparadas para hacer retumbante su retorno, tienen todas las características de la consigna para un “golpe de mano”. Han quedado al descubierto —corroborando las apreciaciones que motivaron la primera depuración política del Parlamento— los hilos conductores de una verdadera conjura, temerosa por igual de la autoridad y del pueblo, con cuyo respaldo jamás pudo contar.
Ya nadie puede atribuir a segundas partes que actuaran sin dirección superior y por efecto de sus propios despechos, ni la desazón de fondo que culminó hace meses en el desafuero de varios diputados al Congreso de la Unión; ni la hostil inquietud de ilegítimos intereses, heridos en sus privilegios al restablecerse el imperio de la ley; ni los intempestivos viajes de próceres caídos, ni sus secretas reuniones y sus sigilosos preparativos e incitaciones a la sedición. Toda esa actividad en penumbra de complot; todo ese ir y venir de ex influyentes con embozo de conspiradores, queda explicado sin asomo de duda con el retorno y las declaraciones del ex presidente.
No se trata ya de sospechas, sino de hechos plenamente comprobados. Los viajes y las actividades a que se dedicaban en la sombra principalmente los señores Luis N. Morones, general José María Tapia, Fernando Torreblanca, Melchor Ortega y algunos más, entre los que se cuentan altos funcionarios y militares infieles, tienen un solo nombre adecuado: son actividades de conspiración contra el orden legal.
El complot tenía que abortar, como abortó, por falta de justificación y de bandera, y porque la realidad social mexicana de hoy no se transforma dócilmente al influjo de las ambiciones, así cuenten éstas con los recursos pecuniarios que pueden suponerse a los conjurados. El triunfo de cualquier movimiento tiene como condición el apoyo de las masas, y éste era el único que no podían buscar los provocadores de la perturbación. Pero el fallido intento ha sido útil a los intereses del país —representados por las instituciones públicas— porque ha permitido nuevas depuraciones, que libren al régimen de cuantos elementos no quisieron o no supieron comprender la generosa actitud del presidente Cárdenas, cuando les dio una oportunidad para cooperar lealmente en la situación de responsabilidad gubernativa que se consolidó en junio.
A reserva de volver sobre el tema de la conspiración, hemos de señalar un hecho evidente: si el general Calles hubiera vuelto a la patria como simple ciudadano, con el empeño de demostrar un sincero afán de esclarecer la verdad histórica y de limpiar de sospechas su pasado, en primer lugar habría evitado la compañía de una persona tan ingrata, parejamente, a las clases trabajadoras y a todas las demás, sin excepción, como el señor Luis N. Morones; y además, se habría ofrecido al juicio de la opinión —e incluso al de los tribunales—, como lo hace cualquier hombre público que está seguro de la rectitud de sus acciones.
Si así hubiera obrado, la actitud del ex presidente habría sido cuando menos respetable, cualquiera que resultara ser la amplitud de sus yerros.
Pero viene en son de perturbar la tranquilidad nacional; se fue en papel de gran abdicador y retorna en plan de gran agitador, de “pretendiente”, ostentándose como jefe de facción y rompiendo hostilidades a pretexto de decir la última palabra en juicio crítico de su propia obra, que sólo a sus conciudadanos y en última instancia a la posteridad toca formular.
Menos mal si su equivocada postura sólo afectara su propia historia. Ello no es así: con el aparente propósito de rechazar cargos que él juzga calumniosos y mezquinos, vulnera con el dicterio la actuación limpia e insospechable del presidente Cárdenas, sólo porque éste supo asumir por entero sus responsabilidades y desbaratar de una vez por todas la ficción de una democracia regida por oligarcas, por capitalistas de un neoporfirismo cuya cabeza viviente era una y la misma, ya se ostentara en Palacio Nacional o dictara desde su domicilio particular órdenes indiscutibles al gobierno en turno.
El mensaje político del general Calles al Congreso de la Unión, dicho el primero de septiembre de 1928, fue sin género de duda, el mejor acto de su existencia.
Cada época busca sus formas propias, imprime modos particulares al marco de la vida pública, como traducción de las aspiraciones del pueblo y como superación de los métodos caducos. En 1928 existía en el cuerpo social de la nación, una bien definida necesidad de liquidar los caudillajes para ensayar un régimen democrático de instituciones. Por eso, independientemente de que se juzgara sincero o insincero al entonces presidente Calles, cuando comprometía su honor de soldado y su respetabilidad de ciudadano como prendas de absoluto retiro, el llamado que hizo a todos los revolucionarios para consolidar la vida de las instituciones tuvo la virtud de congregar en torno de esa esperanza la voluntad de los hombres que habían vinculado su existencia a la causa del pueblo.
Incluso aquellos que, como el que esto escribe, eran entonces y habían sido opositores del general Calles y de su gobierno, vieron en el programa institucional la liquidación de una rencilla y el comienzo de la democracia auténtica, en la cual los hombres subordinaron apetitos y pasiones a los elevados intereses de una colectividad que se gobernara a sí misma.
Y ello fue así —precisa insistir—, porque el deseo de renovación de métodos, de civismo, estaba tan hondamente enraizado en la conciencia nacional, que producía sus frutos acaso contra el deseo mismo de quien a tan noble amparo podría estar pretendiendo establecer una escuela de simulación. Hay cosas que no pueden decirse inútilmente. Cuando una idea traduce un anhelo social, el pueblo la acoge, la desarrolla, la torna realidad y no permite que se le defraude.
No importa qué tan indignos sean los labios que pronuncian palabras limpias y promisoras. Ellas germinan en el seno nutricio de los pueblos y después ni sus sembradores pueden extirpar el robusto árbol que, acaso sin proponérselo y para su propio castigo, un día plantaron.
El general Calles rompió explícitamente, el viernes 13 de diciembre, su doble, enfático y reiterado propósito de retirarse a la vida privada y de guardar silencio. Explícitamente, decimos, porque de modo tácito lo había roto con frecuencia durante varios años, antes del 14 de junio pasado. Y la explicación que da ahora para justificarse, es a todas luces especiosa. Dice que vuelve a hablar y a actuar en defensa de su pasado, para confundir a sus impugnadores. Y en sus primeras declaraciones soslaya amargos desahogos contra un régimen sin tacha y contra un presidente excepcionalmente inatacable.
Es decir que, según esto, debía entenderse que el silencio y el retiro del general Calles estaban subordinados a una condición: la de mantener amordazada la expresión. Había, antes de ahora, una moratoria de opiniones, incivilizada y anticonstitucional. Al levantarse tal moratoria, fue como si se alzaran compuertas cerradas durante diez años y cada quien quiso decir su verdad; quiso —como en los buenos tiempos del maderismo— pensar en voz alta. El desbordamiento hizo que las aguas contenidas tomaran sus niveles y nació el estado de normalidad, de libre expresión del pensamiento, que tanto parece irritar al ex presidente y que le ha movido a defender su pasado atacando a quienes no hacen otra cosa que cumplir con sus deberes hacia el pueblo.
La cuestión está erróneamente plantada. La abstención del ex presidente es incondicional, independiente de su voluntad, derivada de su caducidad e hija de un hecho histórico. Al violar su compromiso, nada puede excusarle, nada puede justificarle. Naufraga quien, en 1928, hace solemne promesa de jamás volver a intervenir en asuntos de Estado, y en 1935 no sólo declara su personal y exclusiva responsabilidad por el periodo de su ostensible y constitucional ejercicio, sino que a la vez reivindica por su “solidaridad” confesada con los errores que hubieren cometido gobiernos posteriores al suyo —una pareja y prolongada responsabilidad ante el pueblo—. Y esto tratando de abarcar un periodo de seis años y medio, después de su “retiro”.
El desplante de la “solidaridad”, en las declaraciones del general Calles, equivale a una confesión circunstanciada, de propia boca, que deja indudable certidumbre de cotidiana violación a la palabra empeñada.
La caducidad de quien ha cumplido su ciclo vital en la política de México; de quien ha roto, con una retractación de sus principios, sus vínculos con los trabajadores, es impedimento que ningún hecho —ni la conspiración, no la jactancia— pueden destruir. Un “hombre acabado” es un “hombre acabado”. Y nada más —en paráfrasis de un célebre polígrafo.
Un revolucionario radical en 1920 no puede sobrevivir, después de sus ostensibles virajes que culminaron en 1935. Nadie puede ya en México jugar con los programas sin quemarse las manos. El hombre que hizo su prestigio hablando de emancipación a los trabajadores, no alcanzará jamás a reconquistar autoridad moral cuando, quince años después, viene a decir en buen romance: “¡hágase en buena hora la revolución social; pero sin alarmar a las familias…!”. Que a tanto equivalieron las declaraciones del 12 de junio.
El condottierismo político pertenece en México a la enterrada herencia del siglo XIX. No tiene validez en nuestros días. Actos y palabras deben coincidir hoy, como garantía de sinceridad en los hombres públicos. El revolucionario que da un salto mortal hacia el desfiladero de la derecha, no resurge más.
Por eso dijimos en este mismo lugar, hace apenas unos días, que el “régimen callista” —gobierno o mera influencia soportada— había agotado sus posibilidades de acción en la vida pública; que era cosa concluida con hombres “acabados”. Por eso afirmamos que el “callismo” estaba muerto, bien muerto, amortajado y hasta enterrado.
Pero, si bien el general Calles —al frente de todo el aparato de su “régimen”— así sucumbió para los efectos de posteriores militancias en la vida pública mexicana desde el 14 de junio, le quedaba todavía una personalidad histórica, y no habría faltado biógrafo que al correr de los años retocara virtudes y atenuara equivocaciones. Pero el viernes 13 de diciembre el general Calles destruyó esa última posibilidad, porque al violar expresamente sus compromisos de mutismo y retiro a la vida privada, demostró que lo mejor de su obra —el mensaje de 1928— fue una falacia; que ni entonces, ni antes, ni después, había pensado en consolidar las instituciones, sino únicamente en buscar ropaje hidalgo para sus afanes de dominio. Pero las instituciones, como antes lo afirmamos, se consolidaron a pesar de él, sobre él, arrollándolo, como a un encantador que muriera víctima de su propio encantamiento.
Y lo que era voluntad de forma en 1928, se convirtió en realidad seis años más tarde, así como nuevos modos de gobierno podrán superar a los actuales, cuando éstos ya no satisfagan el anhelo del pueblo.
Mientras nuestra nacionalidad se mantuvo informe, guiada en su noche por un puñado de espíritus luminosos, pero retrasada en su evolución y envilecida en su honor por zafia soldadesca, fue posible que un modelo de dictadores —don Antonio López de Santa Anna— sentara cátedra de ambición de poder, de crueldad, de falta de convicciones, de audacia, de teatralidad. Era posible saltar de un partido a otro, de un programa al opuesto, según convenía de momento para el logro de inconfesables propósitos. Santa Anna pudo ser sucesivamente centralista, federalista, conservador, liberal, radical, soldado del pueblo y agente de un gobierno extranjero. El fin era alcanzar una y cien veces el poder, y los programas y los principios eran para el criador de aves de corral, dueño de “Manga de Clavo”, simples medios que podían emplearse o abandonarse al azar. La voluntad del pueblo no estaba organizada; la opinión de las colectividades, no existía. Las circunstancias abrían resquicios en la adversidad y el dinero compraba lealtades.
Sin ánimo de comparar a las personas, sino con el deseo de contrastar las épocas, debe afirmarse que cosa semejante no puede intentarse más en México con esperanza de buen éxito. Las masas están despiertas y exigen que el programa revolucionario se cumpla sin fraudes; el proletariado tiene una organización y se halla en el cauce de sus reivindicaciones; el gobierno tiene una doctrina y una grave e indivisible responsabilidad que cumplir; las leyes y las instituciones avanzan hacia niveles de perfección; la opinión de las colectividades pesa, y da o quita la fuerza, según los hombres sean fieles o apóstatas de un credo social impuesto por la revolución, y, por fin, el ejército entiende su legítima y ennoblecedora misión y sabe y quiere cumplirla. Prueba de ello es que se han sucedido, con vertiginosa rapidez, grandes acontecimientos que en otra época podrían haber orillado a serios disturbios, y no han sido ahora capaces de perturbar la tranquilidad del país. El instituto armado está en su puesto, del lado de las instituciones, con la legalidad. Y lo están los sindicatos obreros, las comunidades campesinas, el magisterio, los estudiantes, todas las colectividades de acción social y cuanto elemento ha representado fuerza y apoyo para la revolución en sus diferentes etapas.
Y por si todo eso no fuere bastante, en la actualidad hay hombre en el gobierno y la legalidad está de su parte. Ocurre una feliz incidencia en la fuerza social, la fuerza militar y el derecho.
Ha sido suficiente que la opinión nacional repudie, como ha repudiado, el conato de subversión, para que éste haya ido a encallar en el fracaso. La acción legal del Senado de la República, desconociendo la existencia jurídica de poderes ahí donde los mandatarios se habían tornado conspiradores; la aplicación de las disposiciones de la ordenanza, por cierto con ponderada benignidad, y posteriores depuraciones que se vislumbran en la representación popular, saldan el incidente y cortan los miembros podridos de un organismo sano y vigoroso, como lo es el régimen presidido por el general Cárdenas.
La magnanimidad del primer mandatario fue pagada con ingratitud. Él quiso que se respetara no sólo la vida, sino también los intereses y aun ciertas obvenciones que habían venido recibiendo el ex presidente y sus más cercanos seguidores. Fue más allá: conservó en situaciones políticas y puestos públicos a numerosos adictos al general Calles, en atención sin duda a merecimientos revolucionarios anteriores; y esta oportunidad salvadora y generosa fue aprovechada para utilizar las posiciones en favor de un complot, para romper hostilidades contra el régimen.
Y los amigos del general Calles que aún quedan en sitios de representación y de autoridad, han sido colocados por el antiguo jefe en un duro aprieto, en un conflicto de lealtades, que no tienen sino una solución: la de la fidelidad a las instituciones.
El Nacional, 17 de diciembre de 1935.
Froylán C Manjarrez
¿Es, pues, cierto o sólo vana fantasía?
Eurípides, Yone, hacia el 410 a. de C.
La democracia “Félix”
El formato en papel no podrá ser reemplazado por ninguna tecnología...

Se dice, sobre todo en Europa, que los libros impresos en papel están en la ruta de la desaparición y que serán suplantados por ediciones digitales que faciliten la vida a los lectores.
En España, por citar un país europeo, la lectura es un hábito arraigado. La mayoría de las personas cuenta con dispositivos móviles sofisticados, razón por la cual están acostumbradas a usarlos para leer en línea. Por ello, algunas organizaciones editoriales auguran este panorama, un discurso que comenzó hace aproximadamente diez años.
La realidad en nuestro país es muy diferente. Los mexicanos usan internet principalmente para cuestiones de entretenimiento, y el porcentaje de la población que lee libros en la web es reducido. Pasarán muchos años antes de que pueda analizarse seriamente la posibilidad de omitir las impresiones tradicionales para libros y otros medios de información.
Lo práctico
El desarrollo de nuevas tecnologías para la lectura no significa que suplirán las formas tradicionales de presentar productos noticiosos o literarios; más bien, representan una oferta adicional para los lectores, una opción más. Los usuarios de tabletas electrónicas aún no están del todo acostumbrados a utilizarlas como libros, pues no ofrecen las mismas ventajas en cuanto a practicidad: un libro no se apaga cuando se agota la batería; no es un objeto que requiera cuidados extremos para garantizar su buen funcionamiento; se transporta a cualquier lugar, se manipula libremente, se subraya, se dobla la página y se archiva para su consulta. Además, la vida útil de un libro es mucho mayor que la de un dispositivo electrónico: puede durar cientos de años. El formato en papel no podrá ser reemplazado por ninguna tecnología.
Habrá que esperar décadas para saber si las nuevas generaciones, con un conocimiento mucho más avanzado en el manejo de dispositivos electrónicos, se sentirán tan familiarizadas y cómodas con algún formato digital como para leer durante horas una novela, por citar un ejemplo. La tecnología actual es excelente para cuestiones prácticas, como buscar el significado de una palabra, datos para viajar, una noticia específica, actividades lúdicas, compras, etc.
Hoy en día, incluso medios que nacieron de forma digital recurren al papel para abarcar a un gran sector de la población que, por comodidad y costumbre, sigue prefiriendo leer historias o noticias en medios impresos. En ellos, la publicidad no es invasiva ni representa una incomodidad, sobre todo para la población de 50 años en adelante.
Temas ecológicos
La mayoría de las grandes productoras de papel está regulada bajo los estándares más estrictos en cuestiones de sustentabilidad. Los árboles se plantan expresamente para la producción de papel y no representan un daño climático al planeta; además, el papel es reciclable y se utiliza para elaborar otros productos. Menciono esto debido a los argumentos que sostienen la inminente desaparición de los medios impresos por políticas de cuidado del medio ambiente. La energía consumida por las tecnologías electrónicas y el desecho de sus componentes generan un daño mayor que la producción de papel, tema que ya he tratado en colaboraciones anteriores.
El mercado de lectores es extenso. Aunque algunos insistan en que en México la gente no lee, se equivocan. Cuando hay contenido de calidad, propositivo y que aporte, existen millones de lectores en nuestro país. Ese segmento gusta de contar con varias opciones: quien lee un libro, lee también una revista, un periódico y un portal de internet. Todo depende del tema, del lugar, de la intención, del humor e incluso del hábito.
Gracias y hasta la próxima.
UNA ÉPOCA DE FECUNDA Y EQUILIBRADA JUVENTUD

Son excepcionales los hechos históricos que no requieren la formación de una perspectiva para ser estimados en su importancia cabal. La cercanía resta claridad a la visión y certidumbre al juicio, y empareja los relieves hasta confundir lo principal con lo accesorio; de modo que toda valoración resulta aventurada cuando no injusta. Sólo el fluir del tiempo enjuga los perfiles de los actos que van formando la historia, para mostrarlos con nitidez y serenidad, acalmadas todas las pasiones y decantadas todas las turbulencias.
Los acontecimientos que se alinean en el primer año del periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas se apartan de lo ordinario, por cuanto puede valorárseles en inmediata proximidad. Constituyen un ápice de nuestro acontecer histórico; señalan el inicio de un nuevo modo de gobierno, con el cual la democracia mexicana sale de su época informe y contradictoria para entrar en una edad de fecunda y equilibrada juventud, y liquidan un pasado que ya era incapaz de sobrevivirse porque llevaba en sus errores el germen que había de esterilizarlo como posibilidad de acción en la vida pública del futuro.
Gobierno de acción y de servicio, se ha llamado con justeza el que con entera responsabilidad preside el mandatario proletarista. Si se buscara discernir las características de este régimen, habría que comenzar por advertir su origen: una real vinculación con las grandes mayorías del electorado —que son trabajadoras—, en cuyo nombre y en cuyo beneficio se gobierna; y por exponer su doctrina política, apuntalada en la responsabilidad de las investiduras, la honestidad de los procederes y la indeclinable subordinación de todos los intereses privados al interés superior de la colectividad, no importa la cuantía o el arraigo de aquéllos.
El genio creador de una revolución en marcha no se ha detenido ante el valladar de los prejuicios, ni ha titubeado ante los precedentes —voces del pasado—, cuando éstos han obstruido la persecución de la felicidad de pueblo.
El cardenismo fue desde sus orígenes un movimiento de ortodoxia revolucionaria, que propendía a expurgar de adulteraciones el programa de la revolución, a rectificar los métodos políticos y a cancelar los trámites dilatorios y las simulaciones, para restituir los valores prístinos postulados a lo largo de la insurgencia popular, y arrancar de cuajo adherencias y lacras y vicios, nacidos de complacencias, debilidades y componendas, que hacían decadente un impulso vindicador y constructivo antes de que éste llegara a su madurez.
La táctica cardenista impuso actuar de dentro hacia fuera, en el seno del Partido Nacional Revolucionario, para lograr la postulación del candidato por obra de la fuerza de opinión que le dio su respaldo, y para implantar, con el imperio de la mayoría, reformas sustanciales de contenido avanzado al proyecto de Plan Sexenal propuesto a debate en la Segunda Convención Ordinaria del Partido.
Como lógica consecuencia, el candidato acudió personalmente, en toda la extensión de la República, a refrendar sus lazos con el pueblo trabajador, a palpar sus necesidades y a recibir de él solo toda la autoridad para regir los destinos de la patria.
Por eso cuando llegó el momento de prueba, el presidente, que ha sabido vivir a la altura de sus deberes, encontró el apoyo angular del proletariado, la lealtad del ejército, el respaldo de los demás poderes y justificación moral unánime en el consenso de la opinión nacional y extranjera.
En el enérgico plan político puesto en marcha para restablecer el régimen de derecho dondequiera que éste se hallara vulnerado, mientras mayor era la decisión y la valentía de las motivaciones presidenciales, más calurosa acogida tenían éstas en la conciencia nacional. Y así fue extendiéndose por el haz del territorio el espíritu legalista, revolucionario, de responsabilidad íntegra, ausente de ficciones y de tácitos renunciamientos, que se había impuesto en la órbita federal apenas vencido el primer semestre del año político que hoy concluye.
No es éste el sitio para intentar balance pormenorizado de la primera anualidad del gobierno cardenista. Si acaso podrá ejemplificarse, con alusiones generales, la tesis renovadora que vivifica, en este momento esperanzado la vida pública de México.
Una de las grandes tendencias del Partido Revolucionario histórico —integrar nuestra nacionalidad, articulándola en lo geográfico, tornándola homogénea en lo étnico, dándole unidad de pensamiento y de conciencia y organizando su economía más allá de todo coloniaje— ha sido llevada adelante en sólo doce meses de gobierno por el presidente Cárdenas, en mayor extensión que en decenios de administraciones pasadas.
Por primera vez en la historia de la revolución —desgarrada por choques entre revolucionarios— se autoriza a todos los que vincularon su vida a la causa del pueblo para que, olvidada toda rencilla y disipado todo rencor, puedan volver al seno de la patria. Ni el retorno de los exiliados políticos, ni la más amplia libertad de organización sindical, ni el nacimiento mismo de oposición coordinada, ni la más irrestricta tolerancia para la expresión del pensamiento, son vistos como amenaza por este régimen seguro de sí mismo, que nada debe y a nadie teme.
Los gobiernos que abandonan el cauce de la ley y los que se divorcian de su pueblo para proteger privilegios de minoría y emplear la autoridad como medio de opresión, no de servicio, temen la organización de los proletarios y la estorban, bien directamente o por modos indirectos que no excluyen el reconocimiento de un solo organismo sindical dócil a las indicaciones del poder público.
La tarea de unificar a los campesinos, confiada al Partido Nacional Revolucionario y la sostenida exhortación a los obreros para que lleguen al frente único, muestran a las claras que el régimen es sabedor de que las masas nada tienen que reprocharle; antes bien, le darán su fuerza y su apoyo, acrecentados por la organización, para que continúe su acción proletarista.
Por cuanto atañe a la parte material, se busca dar articulación a la base geográfica de la nacionalidad mexicana, y para ello se han iniciado obras diversas, de tal importancia que una sola de ellas, por sí misma, podría justificar en el ramo la gestión de todo un periodo. La construcción de los ferrocarriles del Sureste y de Zihuatanejo y el que unirá la zona carbonífera poblana con la costa de Oaxaca; la conclusión de la carretera Laredo-Acapulco y el comienzo de los trabajos en el camino que unirá por occidente la frontera del norte con el Soconusco, bastan para dar idea del esfuerzo sin precedente que se realiza con el fin de ligar entre sí nuestra dispersa geografía.
No es ya el concesionario extranjero quien hace de empresa en esta clase de trabajos; ni es el móvil de la subvención o del lucro inmediato lo que determinan los trazos. Estos se delinean con vistas a satisfacer un imperativo de unión entre partes de nuestro territorio desmembradas por indómita orografía, a distribuir nuestra población de modo adecuado y a fomentar el dominio útil de la naturaleza por el hombre, dondequiera que haya recursos naturales inexplotados.
No puede integrarse una nacionalidad si existen cuatro siglos de distancia entre dos porciones de su población: la una potente por su número y por su aptitud para crear valor económico; la otra, minoritaria, dueña de la técnica, de los medios de producción, del conocimiento científico y sólo pospuesta en el señorío de la vida económica por la potencia de los intereses extranjeros todavía arraigados en nuestro suelo.
En un país donde tres cuartas partes de la población activa trabajan la tierra, hay que comenzar por borrar las distancias, reparando injusticias seculares y entregando el disfrute de la propiedad agrícola a sus dueños de origen, quienes, al perderla, fueron sometidos a la feudal servidumbre del peonaje.
Así, la acción agraria ha rebasado las previsiones del Plan Sexenal. Para realizarla, se han reforzado las disponibilidades pecuniarias y se ha duplicado el personal de campo; expedientes que tenían el polvo de diez años, se han resuelto en posesiones efectivas; los agraristas tienen una casa en la capital, donde encuentran albergue, consejo, instrucción y atenciones médicas e higiénicas; este tipo de instituciones va multiplicándose en la República, y la autoridad agraria coordina las labores propias de su índole: con las educativas, construyendo escuelas y sufragando desayunos escolares en los ejidos; con las viales, abriendo caminos; con las sanitarias, impartiendo servicios facultativos.
No se ve ya al ejido como complemento de un jornal miserable, sino como base única y suficiente de sustentación para el campesino liberado. Es una institución sobre la cual recaerá la responsabilidad de nuestra economía agrícola futura.
Esta rehabilitación del campesinado, así como el estímulo a los obreros que se libertan del salario, ha impuesto una política de crédito como servicio social —impartido por el poder público—, a diferencia del crédito de interés privado con móviles de lucro. Ha nacido de este impulso el Banco de Crédito Popular; está próximo a abrir sus puertas el Banco Nacional de Crédito Ejidal, a más de una institución que se destinará al fomento de la pequeña propiedad agrícola en explotación. Debe recordarse que al incremento de 20 millones de pesos otorgado al capital que refacciona los ejidos en este año, habrá que agregar las aportaciones que el primer mandatario anunció para los años venideros de su periodo.
Vueltos del espejismo que había hecho ver a los mexicanos un México de fabulosas riquezas, que tapizó tres veces de plata la extensión del continente, los que formamos esta generación nos hemos encarado a los campos yermos, a los pozos de petróleo que bombean oro negro hecho dividendos hacia el extranjero, a las fábricas que extorsionan nuestra fuerza de trabajo en beneficio de empresarios venidos de ultramar, a las minas, en fin, que dejan por igual socavones vacíos en la entraña de nuestro suelo y cavernas letales en el pulmón deshecho de los mineros silicosos; y hemos sentido la urgencia de una política que fertilice el suelo en beneficio de nuestro propio pueblo, y que integre la economía de México en un sistema propio, en lo posible autosuficiente y autárquico.
Por eso la atención nacional ha visto con júbilo la eficacia del presidente Cárdenas para concluir las grandes obras de irrigación y multiplicar las pequeñas; para retener por todos los medios legales la mayor suma de las riquezas que emigran; para lograr inversión de reservas de compañías extranjeras que operan en el país, en actividades que reanimen la prosperidad doméstica; para cancelar privilegios lesivos de los intereses del erario y regular la explotación del subsuelo. Como medidas concretas deben recordarse la nueva legislación en materia de seguros, la anulación de franquicias fiscales a una compañía petrolera, la cancelación del contrato de la Compañía Terminal de Veracruz y muchas otras medidas que prolijo sería enumerar.
Antes de aspirar a una nacionalidad de rasgos homogéneos, debe eliminarse la formación de las conciencias bajo una doble potestad: la de la Iglesia, y la del Estado, por eso se ha hecho la función educativa bajo el presidente Cárdenas, un servicio privativo del Estado, en sus dos primeros grados, con la orientación socialista y el contenido científico que el nuevo texto constitucional marca. Y para grados superiores, el planeamiento de la Politécnica y el Consejo Nacional de la Educación Superior y de la Investigación Científica, permitirán en breve a la generación surgente prescindir de los institutos que, so capa de libertad docente, preparan mentalidades para vivir fuera de su tiempo y contra las cosas de su tiempo.
La plétora de alumnos en las escuelas públicas es la mejor prueba de que la educación socialista ha sido parejamente aceptada en el país.
Otra barrera de la cultura —el monopolio de papel— ha caído por tierra en este primer año henchido de realizaciones. Una empresa de economía mixta sustituye a la compañía que durante 40 años se ha enriquecido a costa de la difusión del pensamiento, y gracias a aquella nueva modalidad distribuidora podrán contar el año entrante los niños mexicanos con millones de libros escolares al mínimo precio de siete centavos.
Todo esfuerzo de síntesis fracasa ante la vastedad de lo hecho. Una preocupación constante por llevar a los que nada han tenido las cosas que dignifican la vida y la hacen sana y fácil, domina todos los actos de la administración pública. La introducción de agua potable a pequeños poblados; los estudios de higiene de la alimentación campesina; el servicio médico ejidal —iniciado en concordancia por dos dependencias del Ejecutivo y por el Partido Nacional Revolucionario—; la preferencia a los barrios obreros en las obras materiales del Distrito Federal, y tantas otras medidas que escapan al vuelapluma periodístico, ayudarían a ejemplificar esta característica de la política administrativa actual.
No quedaría completo un plan de integración nacional si no se contara con el ejército, en actitud de congruencia respecto de sus orígenes, despojado de toda idea opresora y traído al servicio de la comunidad por su convicción, que lo coloca del lado de los trabajadores y por su procedencia, que es la ciudadanía armada que supo develar al pretorianismo porfiriano. Ni tampoco puede excluirse la influencia del magisterio, que el presidente Cárdenas ha exaltado sacándolo de una relegación injusta y estéril. En el mecanismo del régimen, los maestros al servicio del Estado no sólo educan a la niñez, sino que son propulsores de las nuevas ideas, centros pensantes de las comunidades trabajadoras, y mártires de una convicción que ha despertado las iras del emboscado retroceso, al límite de instigar el vandalismo, el asesinato y la barbarie.
Si la tesis social del presidente Cárdenas en materia agraria da al régimen ejidal la función de crear un campesinado próspero y libre, en el aspecto obrero sustenta una verdad revolucionaria que fue piedra de toque para muchos y marcó el fin de una época y el principio de otra: la huelga es un fenómeno espontáneo en los sucesivos reajustes de intereses que acontecen como episodios de la lucha de clases; sólo cuando la autoridad política está dominada por el capitalismo, puede reprimir los movimientos de resistencia, que tienen su estatuto regulador, y sus tribunales y cuyas consecuencias son en último término benéficas para la economía, no importa qué perjudiciales resulten de momento.
El transcurso del tiempo ha dado la razón al presidente Cárdenas. No sólo está remoto un desquiciamiento del orden económico, sino que se perciben signos seguros de renaciente prosperidad. Los movimientos de huelga planteados en los primeros meses del nuevo gobierno, fueron como las aguas represadas que necesitan libertad para desbordarse y tomar su nivel. Logrando un equilibrio que artificialmente se había demorado, las cosas han seguido con normalidad su propio curso.
Digno de mencionarse es el cambio ocurrido en el concepto del empleado público como sujeto de obligaciones y derechos. Servir al Estado ya no significa medrar al amparo de una sinecura. Cada nombramiento lleva implícita una cláusula de efectivo servicio a las masas populares, un cívico deber que el salario no paga y cuyo cumplimiento importa desinterés de ciudadano y convicción de revolucionario.
En cambio, una próxima ley del servicio civil garantizará en sus derechos de clase a los servidores del Estado.
Si se avizora el panorama de reforma legislativa que el Ejecutivo ha emprendido, se distingue un perfil saliente, un principio que inspira todas las iniciativas de un régimen que ha querido gobernar con el mínimo posible de facultades extraordinarias: las leyes, cualquiera que sea su naturaleza, deben amoldarse a las necesidades de los gobernados; jamás han de ignorarse o mal representarse éstas, para que puedan caber en la estrechez de un código inadecuado. En este mismo sitio se ha dicho hace pocos días: “La necesidad del pueblo es el fin, la ley el medio de satisfacerlo”.
Para la transformación de nuestro derecho positivo —consonante con la nueva etapa— el jefe de gobierno ha contado con la afinidad de convicción de los legisladores. Un fenómeno de dinámica interna, ajeno a todo mezquino divisionismo, desplazó el centro de gravedad de los bloques parlamentarios hacia definiciones ideológicas de izquierda que no eran sino consecuencia, en la órbita del poder legislativo, de la validez que la administración dio a las tesis de responsabilidad y servicio al proletariado.
El movimiento interior que estableció la hegemonía de los bloques de izquierda tiene la importancia de un indispensable complemento a la renovación de nuestra vida pública operada en junio.
En la vida de relación internacional, México registra también acontecimientos que son el reflejo externo de sus transformaciones domésticas. El fracaso de la intriga internacional urdida por los sempiternos buscadores de protección ajena para privilegios definitivamente anulados, representa una justificación ante la conciencia internacional de la legalidad de procedimientos del gobierno mexicano y expone con nitidez el respeto a la soberanía de los países que el presidente de los Estados Unidos de América profesa. La cortante contestación que mister Roosevelt dio a los Caballeros de Colón, aliados del clero mexicano en su afán por reconquistar potestad política, poderío económico y dominio de las conciencias, liquidó definitivamente la oprobiosa gestión de los clericales.
Ante un conflicto de dos lejanos países, miembros, como México, de la Sociedad de las Naciones, el gobierno del presidente Cárdenas asumió una actitud consecuente con las tradiciones de la diplomacia mexicana, acorde con el sentir popular, honesta con lo pactado y al mismo tiempo exenta de animosidades. La invitación al delegado de nuestro país para cooperar con el Comité de Sanciones, equivale a una apreciación de la irreprochable actitud mexicana.
Además, cabe a México el orgullo de haber presenciado en este año que países de más evolucionada organización han llegado a conclusiones que dan validez universal a salientes aspectos de nuestra doctrina revolucionaria. Desde el impulso que alienta en Estados Unidos, buscando la reforma de una de las más intocables constituciones del mundo, hasta la atención universitaria dada por el Teacher’s College de Columbia a nuestros métodos de educación campesina, son síntomas de que el pensamiento internacional ha justipreciado el ideario de nuestro movimiento reivindicador y va colocando a México en un lugar destacado por cuanto a su genio creador y a la valentía con que acomete la solución de problemas que hoy tienen envergadura universal.
Esta rápida ojeada sobre el panorama de un año, justifica nuestra aseveración primera de que la gestión del presidente Cárdenas ha señalado el inicio de un nuevo modo de gobierno, con el cual la democracia mundial sale de su época informe y contradictoria para entrar en una edad de fecunda y equilibrada juventud.
El Nacional, 1 de diciembre de 1935.
Froylán C Manjarrez
Este texto no busca responsables ni sugiere conspiraciones...
