LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA COMARCA LAGUNERA

No es preciso entrar en prolijos antecedentes para entender que el problema de la Comarca Lagunera es algo más que una cuestión local semejante a las que en otras regiones del país se presentan y limitada en su alcance a un aspecto parcial de la reforma agraria. Puede apreciarse la complejidad del conflicto entre campesinos y terratenientes laguneros, a través de diversos grupos de fenómenos, según sea la posición que se escoja para analizarlo, lo mismo si se consideran la amplitud y frecuencia de las conmociones que, en juego dialéctico, suscita la disputa entre el capital y el trabajo organizado, que si se aprecia la complicación del engranaje que mueve la actividad agrícola en la fértil zona.

La agricultura alcanza allí formas de alto capitalismo. En agudo contraste con el estado semifeudal de otras regiones, el régimen de la producción es en La Laguna un mecanismo evolucionado, con previsiones exactas, con equipo mecánico moderno, con técnica adelantada, motorizado por energía eléctrica y, encima de todo, como árbitro y director de la economía, con un sistema de crédito flexible y poderoso.

El grado de perfección a que se ha llegado en la economía lagunera es esgrimido como argumento por quienes carecen de claridad conceptual o les conviene aparentarlo así, para decir al país que las condiciones de los trabajadores del campo son allí excelentes y que, en consecuencia, nada hay por reajustar, nada por resolver.

Pero por poco que se piense en el tema lagunero, se observará la realización de una ley general, inexorable. A medida que la economía capitalista avanza, el trabajo se racionaliza con objeto de hacer rendir a cada hombre el máximo de su esfuerzo y el salario se apega a los broncíneos límites de su definición, pues si bien su monto nominal aumenta, ello queda neutralizado en demasía con el encarecimiento de las subsistencias.

Por ser región de capitalismo perfeccionado, la Comarca Lagunera presenta, en consecuencia, contradicciones más agudas y fuerzas de choque mejor preparadas que hay en otros lugares del país.

Cuando el presidente Cárdenas afrontó el problema en toda su hondura, tuvo presente esta excepcional complejidad. No era posible dejar que una de las regiones más adelantadas de la República quedase sustraída a la ley y su proletariado dejara de encontrar la satisfacción de aspiraciones legítimas que por imperativo de derecho y de moral le correspondía. Pero una intervención simplista, que no abarcara sino algunos aspectos, que no previera todas las implicaciones y todas las consecuencias que un acto de gobierno desencadenaría, de ningún modo valdría la pena intentarse, porque, en el mejor de los casos, ella tendría el valor de un paliativo más.

Y las medidas desviadas, insuficientes, no siempre exentas de respeto para los intereses creados y de menosprecio para las garantías de los derechos proletarios, habían evidenciado su ineficacia a través de la experiencia. Era preciso asomarse al problema con intención limpia, sin prejuicio, con deseo de ver la verdad de sus términos. Pero la sana intención por sí sola, tampoco bastaría. Cualquier sistema que pretendiera solventar en integridad la cuestión lagunera, habría de basarse en el conocimiento exacto del engranaje económico existente y de las características de un régimen de producción que condenaba a los campesinos al salario sin esperanza de emancipación, alejando indefinidamente sus perspectivas de recibir ejido. Porque los “distritos ejidales” demostraron ser, a más de medios ineficaces, un intento para “vacunar” el latifundio contra la estricta aplicación de las leyes agrarias.

Todas esas circunstancias fueron contempladas por el jefe del Estado, desde que se entregó personalmente a la tarea de preparar el acuerdo que ayer dio a conocer a la nación. Y todavía quiso escuchar, antes de expedirlo, el juicio de funcionarios capacitados para aconsejar en las diversas fases del grave negocio público.

Ni un paso apresurado, ni una resolución sin meditar, ni una medida inconsulta. El texto mismo del acuerdo constituye el más categórico mentís a la insensata campaña que se anticipaba a los hechos, para insinuar ligereza en el ánimo que informaría la solución presidencial.

Basta analizar las medidas que en bien trabado conjunto se dirigen a poner fin al problema lagunero, para concebir un optimismo fundado en sólidas razones. Va a realizarse el reparto ejidal. Es cierto, no podría ser de otra manera, cuando así lo manda la ley. Pero, en cambio, la propiedad privada de extensión inafectable quedará al amparo de una garantía perfecta y, por añadidura, recibirá los beneficios derivados del crédito social en amplitud sin precedentes. Parte considerable de los actuales latifundios pasará a formar ejidos; pero nada hace temer perturbaciones en la producción, porque las instituciones de Estado se encuentran preparadas para organizar los cultivos, maquinizar las nuevas unidades colectivas, controlar el desarrollo de las faenas agrícolas y refaccionar a los ejidatarios.

La desconfianza no podría venir sino de dos fuentes: de un reparto poco sistemático y falto de previsiones para sostener y aún intensificar el rendimiento de la tierra —que podrían convertir en erial los campos donde crece el trigo o se produce el algodón— o bien de una amenaza a la seguridad de las propiedades constitucionalmente protegidas contra afectaciones agrarias.

Ninguno de los dos extremos es posible. El sistema de bancos que el poder público maneja para distribuir el crédito con miras sociales, se ha puesto a disposición de la Comarca, respaldado por el Banco Central y —por si no fuere suficiente— con el refuerzo, ya muy próximo, del Banco de Exportación.

No hay, en tales condiciones, peligro de que la producción se desorganice y aminore. Por lo que hace a las seguridades a que la propiedad aspira, el límite de ciento cincuenta hectáreas intocables, en terrenos de tal excelencia como los laguneros, marca la coincidencia de los dictados de la economía con las prevenciones de la ley.

Suele ser causa de trastorno renovado, allí donde se ha llevado a término la reforma agraria, el remanente de campesinos que no pudieron ser acomodados en el ejido. Una situación así tampoco se provocará en La Laguna. Quedará la clase proletaria de la región netamente dividida en dos grupos, funcionalmente distintos, sustancialmente idénticos: el de los trabajadores a jornal, motores de la producción en régimen de propiedad privada y miembros de sindicatos en lucha, y el de los ejidatarios, agrupados en unidades de trabajo, técnica y financieramente dotadas. No habrá lugar para la holganza, que deprecia los jornales, ni energías humanas quedarán sin aplicar a poner en estado de producción las fuentes de riqueza, finalidad superior asignada por el primer mandatario a este periodo de gobierno. Pues quienes no puedan clasificarse en alguno de esos campos, saldrán a expensas del erario para constituir nuevos centros de población agrícola, donde haya tierra disponible y horizontes económicos despejados.

El esfuerzo de 25 mil trabajadores —unificados dentro de los sistemas de sindicato y de ejido, que borrarán de modo automático las actuales disidencias intergremiales— tiene derecho a exigir la cooperación de los terratenientes para acelerar el progreso de la Comarca. Por su parte, la dedicación que el Estado manifiesta, al aplicar un máximo de recursos, en la vía bancaria, para que nadie restrinja sus actividades por falta de crédito, reclama una correspondencia de buena voluntad, de comprensivo espíritu y miras desinteresadas, que los propietarios habrán de otorgar en beneficio de sí mismos y en cumplimiento de un deber social.

El Nacional, 9 de octubre de 1936.

Revista Réplica

¡Es la política, estúpido!

Paráfrasis del dicho de James Carville

LA DOÑA

CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL SEÑOR GENERAL JOSÉ ÁLVAREZ, JEFE DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, AL INAUGURAR EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL SEÑOR MINISTRO DE LA GUERRA, LAS JUNTAS MILITARES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO.

LA REPRESENTACIÓN IRRESPONSABLE DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Desde el comienzo de su gobierno, el presidente Cárdenas ha sostenido, inflexible, contra todos los embates de la política, afrontando victorioso la presión de los intereses creados, un principio que es pivote del programa revolucionario: el respeto y las garantías al derecho de huelga, en los términos en que éste es aceptado por las leyes vigentes.

El respaldo de las colectividades trabajadoras estuvo en todo momento, aun en los de crisis, reforzando la política presidencial, por avanzada, por honesta y por reivindicadora del sentido primigenio del movimiento transformador de México.

La huelga —considerada por los claudicantes como fenómeno desquiciador, disolvente de la defectuosa estructura económica de la actualidad— fue calificada por el jefe del Estado como desbordamiento ineluctable de fuerzas retenidas, que pugnaban por establecer nuevos equilibrios en el mecanismo de la producción económica; como impulso que, al realizar sus fines, crearía situaciones propicias a la recuperación de la prosperidad.

Los pusilánimes, en alianza más o menos vergonzante con el capitalismo feudal, se irguieron frente a esta valerosa declaración de política y encontraron la desautorización popular y el más completo fracaso, porque representaban puntos de vista insostenibles dentro de doctrinas de universal vigencia que, con modalidades de fisonomía nacional, señorean el panorama de nuestro tiempo.

El primer mandatario, en cambio, no ha perdido de vista su responsabilidad como jefe de un Estado en cuyo ámbito chocan tendencias del pasado, del presente y del porvenir. En tal capacidad, busca sin cesar soluciones de avenencia que permitan llegar a nuevos entendimientos en el campo de la industria, sin el sacrificio necesariamente implicado por los movimientos de resistencia que son la forma bélica de la lucha social.

Y así, en el curso de su actuación, el presidente Cárdenas anota un número creciente de soluciones a conflictos obrero-patronales logradas a través de la mediación, de la injerencia conciliatoria, pedida por ambas partes al poder público.

Esta actitud de serena responsabilidad, merece ser reconocida en todo su valor por los elementos patronales, como lo ha sido por las fuerzas obreras. Los que claman contra la huelga, porque hiere sus intereses y pretenden calificarla como un fenómeno de perturbación destructora, deberían ser los primeros en poner todos los medios posibles al alcance del Estado, para que éste logre intervenir con éxito, dando al trabajo organizado los beneficios que reclama, dentro del estricto límite de las posibilidades actuales de la industria y la agricultura.

Ejemplo elocuente

Con ceguedad, que es a un tiempo mismo insolente y desconocedora de sus propios intereses, las más destacadas empresas representantes del capitalismo internacional en la economía de México, entorpecen la actividad mediadora del Ejecutivo, cuando cierran las fuentes informativas respecto de sus condiciones mercantiles, a la pesquisa técnica que el Estado adelanta como base de criterio para sus mediaciones amistosas en uso de sus atribuciones y de ningún modo con fines ocultos.

El caso más flagrante de esta incomprensión —por igual nociva para los accionistas y para la riqueza pública del país— es el de la compañía ASARCO, una de las numerosas subsidiarias de una gigantesca empresa extranjera que explota los recursos minerales originariamente poseídos, con dominio absoluto por el Estado mexicano.

Es preciso destacar —cuando se intenta volver en este sitio a los temas de la ortodoxia revolucionaria que el régimen desarrolla en su gestión— ejemplos como el que ASARCO da en el dominio de la industria, señalándose a sí misma como obstáculo al progreso, como materialización de la sed de lucro y como evidente prueba del fracaso que, en órbita mundial, va experimentando el régimen económico que se liquida.

Nadie más interesado en evitar una huelga, emplazada con serenidad y dentro de los términos legales por la organización obrera, que los dirigentes de la ASARCO con residencia en el país. Sin embargo, no fueron ellos los conciliadores, sino el primer mandatario, quien, tras nueve días de pláticas infructuosas entre ambas partes, ofreció su ingerencia para dar al apasionante conflicto una base de solución independiente de los puntos de vista de ambas partes: el estudio objetivo, matemático, desinteresado, de la marcha y de las utilidades de la empresa, puesto que la objeción de ésta en contra de las peticiones obreras fue el estado de escasa costeabilidad de sus actividades.

Con encomiable espíritu de disciplina, revelador de la seguridad que el trabajo organizado tenía en la justicia de sus peticiones, el sindicato se sometió a la prueba. Si ella resultaba favorable a lo que con apariencia de sinceridad sostenía la entidad patronal, los trabajadores desistirían de su petición, o, cuando menos, la modificarían. Si, por lo contrario, se evidenciaba que las utilidades eran bastantes para satisfacer lo demandado, respetando un margen razonable de utilidad al capital, entonces la empresa accedería, y de ningún modo sobrevendría la huelga.

Ante tan equilibrada propuesta, la compañía desertó temerosa de que se descubriera su simulación; negó acceso a su contabilidad, y adujo que toda resolución había de consultarse con las oficinas matrices, establecidas en el extranjero.

Y no puede excusar esa negativa patronal, el más leve temor de comprometerse a obedecer acuerdos tomados por un cuerpo de criterio unilateral, puesto que el Jefe de gobierno —al idear una fórmula conciliatoria— expresamente indicó que la comisión de estudio estaría integrada, tanto por representantes de las dependencias administrativas competentes para conocer un caso como el que se presentaba, cuanto por delegados del sindicato y de la empresa, que expusieran con amplitud y libertad las razones y las pruebas de cada parte.

Desaprensivos manejos

Además de que esa sola actitud demuestra el carácter especioso de los argumentos esgrimidos por la ASARCO, ella plantea una cuestión de orden general que es preciso poner ante la opinión de las colectividades para que sea enjuiciada y resuelta, porque interesa a la economía de la nación. Poderosas empresas que operan en México, al amparo de una ficción legal que las organiza como compañías mexicanas, pero que son prolongación de las grandes concentraciones de capital sin patria, cuya administración radica en los centros bursátiles del mundo, reconocen como parte de su táctica el no mantener en el país apoderados que tengan capacidad bastante para resolver todas las cuestiones que se presentan en las relaciones de la compañía con sus trabajadores organizados. Creen de este modo “vacunarse” contra huelgas, eludir responsabilidades y “ganar tiempo” en los conflictos huelguísticos que apremian por hambre al denodado ejército obrero que los suscita.

Mientras un lord inglés o un magnate americano juegan golf en fin de semana —de viernes a lunes— en algún club campestre y no contestan a los largos cablegramas en que se les consulta el acta de avenencia, millares de familias obreras en pie de guerra industrial padecen hambre, enfermedad y desesperación, en humano afán para que sus hijos puedan ver un mañana mejor.

Esa insolente —debe insistirse en el calificativo— actitud de empresas como la ASARCO, no sólo implica el contrasentido de poner las resoluciones de asuntos económicos y sociales íntimamente ligados con la evolución de nuestro medio, en manos de quienes no lo conocen ni de él han sabido jamás, a no ser por los dividendos, sino que coarta, además, la función conciliatoria de las autoridades mexicanas que, más responsables de las consecuencias de una huelga que cuanto sus detractores puedan reconocer, buscan la solución amistosa antes que el conflicto violento.

En recta interpretación de nuestras leyes y para satisfacer imperativos de equidad, debe obligarse a las empresas de capital extranjero que en nuestro medio operen, a mantener administradores mexicanos, con plenos poderes al frente de sus negocios mexicanos, porque ningún hombre —por vinculado que se le suponga al capitalismo internacional— puede cerrar los ojos a realidades que evolucionan a su vista y a necesidades que palpitan en su torno.

De este modo se habrá andado mucho hacia la prevención de las rupturas de ese equilibrio inestable, pero necesario, que mantiene la marcha de la economía en épocas de transformación, en que chocan con dialéctico impulso dos sistemas diametralmente opuestos, para que sobreviva una síntesis: la producción contemporánea.

El Nacional, 6 de diciembre de 1936.

Froylán C. Manjarrez

Revista Réplica

Político pobre, pobre político.

Carlos Hank González

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA COMARCA LAGUNERA

No es preciso entrar en prolijos antecedentes para entender que el problema de la Comarca Lagunera es algo más que una cuestión local semejante a las que en otras regiones del país se presentan y limitada en su alcance a un aspecto parcial de la reforma agraria. Puede apreciarse la complejidad del conflicto entre campesinos y terratenientes laguneros, a través de diversos grupos de fenómenos, según sea la posición que se escoja para analizarlo, lo mismo si se consideran la amplitud y frecuencia de las conmociones que, en juego dialéctico, suscita la disputa entre el capital y el trabajo organizado, que si se aprecia la complicación del engranaje que mueve la actividad agrícola en la fértil zona.

La agricultura alcanza allí formas de alto capitalismo. En agudo contraste con el estado semifeudal de otras regiones, el régimen de la producción es en La Laguna un mecanismo evolucionado, con previsiones exactas, con equipo mecánico moderno, con técnica adelantada, motorizado por energía eléctrica y, encima de todo, como árbitro y director de la economía, con un sistema de crédito flexible y poderoso.

El grado de perfección a que se ha llegado en la economía lagunera es esgrimido como argumento por quienes carecen de claridad conceptual o les conviene aparentarlo así, para decir al país que las condiciones de los trabajadores del campo son allí excelentes y que, en consecuencia, nada hay por reajustar, nada por resolver.

Pero por poco que se piense en el tema lagunero, se observará la realización de una ley general, inexorable. A medida que la economía capitalista avanza, el trabajo se racionaliza con objeto de hacer rendir a cada hombre el máximo de su esfuerzo y el salario se apega a los broncíneos límites de su definición, pues si bien su monto nominal aumenta, ello queda neutralizado en demasía con el encarecimiento de las subsistencias.

Por ser región de capitalismo perfeccionado, la Comarca Lagunera presenta, en consecuencia, contradicciones más agudas y fuerzas de choque mejor preparadas que hay en otros lugares del país.

Cuando el presidente Cárdenas afrontó el problema en toda su hondura, tuvo presente esta excepcional complejidad. No era posible dejar que una de las regiones más adelantadas de la República quedase sustraída a la ley y su proletariado dejara de encontrar la satisfacción de aspiraciones legítimas que por imperativo de derecho y de moral le correspondía. Pero una intervención simplista, que no abarcara sino algunos aspectos, que no previera todas las implicaciones y todas las consecuencias que un acto de gobierno desencadenaría, de ningún modo valdría la pena intentarse, porque, en el mejor de los casos, ella tendría el valor de un paliativo más.

Y las medidas desviadas, insuficientes, no siempre exentas de respeto para los intereses creados y de menosprecio para las garantías de los derechos proletarios, habían evidenciado su ineficacia a través de la experiencia. Era preciso asomarse al problema con intención limpia, sin prejuicio, con deseo de ver la verdad de sus términos. Pero la sana intención por sí sola, tampoco bastaría. Cualquier sistema que pretendiera solventar en integridad la cuestión lagunera, habría de basarse en el conocimiento exacto del engranaje económico existente y de las características de un régimen de producción que condenaba a los campesinos al salario sin esperanza de emancipación, alejando indefinidamente sus perspectivas de recibir ejido. Porque los “distritos ejidales” demostraron ser, a más de medios ineficaces, un intento para “vacunar” el latifundio contra la estricta aplicación de las leyes agrarias.

Todas esas circunstancias fueron contempladas por el jefe del Estado, desde que se entregó personalmente a la tarea de preparar el acuerdo que ayer dio a conocer a la nación. Y todavía quiso escuchar, antes de expedirlo, el juicio de funcionarios capacitados para aconsejar en las diversas fases del grave negocio público.

Ni un paso apresurado, ni una resolución sin meditar, ni una medida inconsulta. El texto mismo del acuerdo constituye el más categórico mentís a la insensata campaña que se anticipaba a los hechos, para insinuar ligereza en el ánimo que informaría la solución presidencial.

Basta analizar las medidas que en bien trabado conjunto se dirigen a poner fin al problema lagunero, para concebir un optimismo fundado en sólidas razones. Va a realizarse el reparto ejidal. Es cierto, no podría ser de otra manera, cuando así lo manda la ley. Pero, en cambio, la propiedad privada de extensión inafectable quedará al amparo de una garantía perfecta y, por añadidura, recibirá los beneficios derivados del crédito social en amplitud sin precedentes. Parte considerable de los actuales latifundios pasará a formar ejidos; pero nada hace temer perturbaciones en la producción, porque las instituciones de Estado se encuentran preparadas para organizar los cultivos, maquinizar las nuevas unidades colectivas, controlar el desarrollo de las faenas agrícolas y refaccionar a los ejidatarios.

La desconfianza no podría venir sino de dos fuentes: de un reparto poco sistemático y falto de previsiones para sostener y aún intensificar el rendimiento de la tierra —que podrían convertir en erial los campos donde crece el trigo o se produce el algodón— o bien de una amenaza a la seguridad de las propiedades constitucionalmente protegidas contra afectaciones agrarias.

Ninguno de los dos extremos es posible. El sistema de bancos que el poder público maneja para distribuir el crédito con miras sociales, se ha puesto a disposición de la Comarca, respaldado por el Banco Central y —por si no fuere suficiente— con el refuerzo, ya muy próximo, del Banco de Exportación.

No hay, en tales condiciones, peligro de que la producción se desorganice y aminore. Por lo que hace a las seguridades a que la propiedad aspira, el límite de ciento cincuenta hectáreas intocables, en terrenos de tal excelencia como los laguneros, marca la coincidencia de los dictados de la economía con las prevenciones de la ley.

Suele ser causa de trastorno renovado, allí donde se ha llevado a término la reforma agraria, el remanente de campesinos que no pudieron ser acomodados en el ejido. Una situación así tampoco se provocará en La Laguna. Quedará la clase proletaria de la región netamente dividida en dos grupos, funcionalmente distintos, sustancialmente idénticos: el de los trabajadores a jornal, motores de la producción en régimen de propiedad privada y miembros de sindicatos en lucha, y el de los ejidatarios, agrupados en unidades de trabajo, técnica y financieramente dotadas. No habrá lugar para la holganza, que deprecia los jornales, ni energías humanas quedarán sin aplicar a poner en estado de producción las fuentes de riqueza, finalidad superior asignada por el primer mandatario a este periodo de gobierno. Pues quienes no puedan clasificarse en alguno de esos campos, saldrán a expensas del erario para constituir nuevos centros de población agrícola, donde haya tierra disponible y horizontes económicos despejados.

El esfuerzo de 25 mil trabajadores —unificados dentro de los sistemas de sindicato y de ejido, que borrarán de modo automático las actuales disidencias intergremiales— tiene derecho a exigir la cooperación de los terratenientes para acelerar el progreso de la Comarca. Por su parte, la dedicación que el Estado manifiesta, al aplicar un máximo de recursos, en la vía bancaria, para que nadie restrinja sus actividades por falta de crédito, reclama una correspondencia de buena voluntad, de comprensivo espíritu y miras desinteresadas, que los propietarios habrán de otorgar en beneficio de sí mismos y en cumplimiento de un deber social.

El Nacional, 9 de octubre de 1936.

Revista Réplica

¡Es la política, estúpido!

Paráfrasis del dicho de James Carville

LA DOÑA

CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL SEÑOR GENERAL JOSÉ ÁLVAREZ, JEFE DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL, AL INAUGURAR EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL SEÑOR MINISTRO DE LA GUERRA, LAS JUNTAS MILITARES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO.

LA REPRESENTACIÓN IRRESPONSABLE DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Desde el comienzo de su gobierno, el presidente Cárdenas ha sostenido, inflexible, contra todos los embates de la política, afrontando victorioso la presión de los intereses creados, un principio que es pivote del programa revolucionario: el respeto y las garantías al derecho de huelga, en los términos en que éste es aceptado por las leyes vigentes.

El respaldo de las colectividades trabajadoras estuvo en todo momento, aun en los de crisis, reforzando la política presidencial, por avanzada, por honesta y por reivindicadora del sentido primigenio del movimiento transformador de México.

La huelga —considerada por los claudicantes como fenómeno desquiciador, disolvente de la defectuosa estructura económica de la actualidad— fue calificada por el jefe del Estado como desbordamiento ineluctable de fuerzas retenidas, que pugnaban por establecer nuevos equilibrios en el mecanismo de la producción económica; como impulso que, al realizar sus fines, crearía situaciones propicias a la recuperación de la prosperidad.

Los pusilánimes, en alianza más o menos vergonzante con el capitalismo feudal, se irguieron frente a esta valerosa declaración de política y encontraron la desautorización popular y el más completo fracaso, porque representaban puntos de vista insostenibles dentro de doctrinas de universal vigencia que, con modalidades de fisonomía nacional, señorean el panorama de nuestro tiempo.

El primer mandatario, en cambio, no ha perdido de vista su responsabilidad como jefe de un Estado en cuyo ámbito chocan tendencias del pasado, del presente y del porvenir. En tal capacidad, busca sin cesar soluciones de avenencia que permitan llegar a nuevos entendimientos en el campo de la industria, sin el sacrificio necesariamente implicado por los movimientos de resistencia que son la forma bélica de la lucha social.

Y así, en el curso de su actuación, el presidente Cárdenas anota un número creciente de soluciones a conflictos obrero-patronales logradas a través de la mediación, de la injerencia conciliatoria, pedida por ambas partes al poder público.

Esta actitud de serena responsabilidad, merece ser reconocida en todo su valor por los elementos patronales, como lo ha sido por las fuerzas obreras. Los que claman contra la huelga, porque hiere sus intereses y pretenden calificarla como un fenómeno de perturbación destructora, deberían ser los primeros en poner todos los medios posibles al alcance del Estado, para que éste logre intervenir con éxito, dando al trabajo organizado los beneficios que reclama, dentro del estricto límite de las posibilidades actuales de la industria y la agricultura.

Ejemplo elocuente

Con ceguedad, que es a un tiempo mismo insolente y desconocedora de sus propios intereses, las más destacadas empresas representantes del capitalismo internacional en la economía de México, entorpecen la actividad mediadora del Ejecutivo, cuando cierran las fuentes informativas respecto de sus condiciones mercantiles, a la pesquisa técnica que el Estado adelanta como base de criterio para sus mediaciones amistosas en uso de sus atribuciones y de ningún modo con fines ocultos.

El caso más flagrante de esta incomprensión —por igual nociva para los accionistas y para la riqueza pública del país— es el de la compañía ASARCO, una de las numerosas subsidiarias de una gigantesca empresa extranjera que explota los recursos minerales originariamente poseídos, con dominio absoluto por el Estado mexicano.

Es preciso destacar —cuando se intenta volver en este sitio a los temas de la ortodoxia revolucionaria que el régimen desarrolla en su gestión— ejemplos como el que ASARCO da en el dominio de la industria, señalándose a sí misma como obstáculo al progreso, como materialización de la sed de lucro y como evidente prueba del fracaso que, en órbita mundial, va experimentando el régimen económico que se liquida.

Nadie más interesado en evitar una huelga, emplazada con serenidad y dentro de los términos legales por la organización obrera, que los dirigentes de la ASARCO con residencia en el país. Sin embargo, no fueron ellos los conciliadores, sino el primer mandatario, quien, tras nueve días de pláticas infructuosas entre ambas partes, ofreció su ingerencia para dar al apasionante conflicto una base de solución independiente de los puntos de vista de ambas partes: el estudio objetivo, matemático, desinteresado, de la marcha y de las utilidades de la empresa, puesto que la objeción de ésta en contra de las peticiones obreras fue el estado de escasa costeabilidad de sus actividades.

Con encomiable espíritu de disciplina, revelador de la seguridad que el trabajo organizado tenía en la justicia de sus peticiones, el sindicato se sometió a la prueba. Si ella resultaba favorable a lo que con apariencia de sinceridad sostenía la entidad patronal, los trabajadores desistirían de su petición, o, cuando menos, la modificarían. Si, por lo contrario, se evidenciaba que las utilidades eran bastantes para satisfacer lo demandado, respetando un margen razonable de utilidad al capital, entonces la empresa accedería, y de ningún modo sobrevendría la huelga.

Ante tan equilibrada propuesta, la compañía desertó temerosa de que se descubriera su simulación; negó acceso a su contabilidad, y adujo que toda resolución había de consultarse con las oficinas matrices, establecidas en el extranjero.

Y no puede excusar esa negativa patronal, el más leve temor de comprometerse a obedecer acuerdos tomados por un cuerpo de criterio unilateral, puesto que el Jefe de gobierno —al idear una fórmula conciliatoria— expresamente indicó que la comisión de estudio estaría integrada, tanto por representantes de las dependencias administrativas competentes para conocer un caso como el que se presentaba, cuanto por delegados del sindicato y de la empresa, que expusieran con amplitud y libertad las razones y las pruebas de cada parte.

Desaprensivos manejos

Además de que esa sola actitud demuestra el carácter especioso de los argumentos esgrimidos por la ASARCO, ella plantea una cuestión de orden general que es preciso poner ante la opinión de las colectividades para que sea enjuiciada y resuelta, porque interesa a la economía de la nación. Poderosas empresas que operan en México, al amparo de una ficción legal que las organiza como compañías mexicanas, pero que son prolongación de las grandes concentraciones de capital sin patria, cuya administración radica en los centros bursátiles del mundo, reconocen como parte de su táctica el no mantener en el país apoderados que tengan capacidad bastante para resolver todas las cuestiones que se presentan en las relaciones de la compañía con sus trabajadores organizados. Creen de este modo “vacunarse” contra huelgas, eludir responsabilidades y “ganar tiempo” en los conflictos huelguísticos que apremian por hambre al denodado ejército obrero que los suscita.

Mientras un lord inglés o un magnate americano juegan golf en fin de semana —de viernes a lunes— en algún club campestre y no contestan a los largos cablegramas en que se les consulta el acta de avenencia, millares de familias obreras en pie de guerra industrial padecen hambre, enfermedad y desesperación, en humano afán para que sus hijos puedan ver un mañana mejor.

Esa insolente —debe insistirse en el calificativo— actitud de empresas como la ASARCO, no sólo implica el contrasentido de poner las resoluciones de asuntos económicos y sociales íntimamente ligados con la evolución de nuestro medio, en manos de quienes no lo conocen ni de él han sabido jamás, a no ser por los dividendos, sino que coarta, además, la función conciliatoria de las autoridades mexicanas que, más responsables de las consecuencias de una huelga que cuanto sus detractores puedan reconocer, buscan la solución amistosa antes que el conflicto violento.

En recta interpretación de nuestras leyes y para satisfacer imperativos de equidad, debe obligarse a las empresas de capital extranjero que en nuestro medio operen, a mantener administradores mexicanos, con plenos poderes al frente de sus negocios mexicanos, porque ningún hombre —por vinculado que se le suponga al capitalismo internacional— puede cerrar los ojos a realidades que evolucionan a su vista y a necesidades que palpitan en su torno.

De este modo se habrá andado mucho hacia la prevención de las rupturas de ese equilibrio inestable, pero necesario, que mantiene la marcha de la economía en épocas de transformación, en que chocan con dialéctico impulso dos sistemas diametralmente opuestos, para que sobreviva una síntesis: la producción contemporánea.

El Nacional, 6 de diciembre de 1936.

Froylán C. Manjarrez

Revista Réplica

Político pobre, pobre político.

Carlos Hank González

Sí. Y lo más grave: nos arrastró con él...

Y esa, en México, ya no era una hipótesis. Era un recuerdo demasiado reciente...

Te presentamos un resumen de las noticias más importantes de la semana

Noticias de la semana

Del 23 AL 31 de marzo de 2026

Localización en Cancún: El alivio tras la alerta

Tras una semana de intensa incertidumbre por la presunta desaparición de 20 jóvenes en Cancún, el Gabinete de Seguridad federal confirmó su localización sanos y salvos, descartando indicios delictivos graves en la mayoría de los casos.

Aunque el desenlace fue positivo, la crisis evidenció que la presión social y la movilización de colectivos son los únicos motores que obligan a una respuesta estatal rápida. La "localización" no borra la percepción de inseguridad ni la vulnerabilidad de las mujeres en el destino turístico más importante del país.

Tragedia escolar en Michoacán: Las aulas bajo fuego

El asesinato de dos maestras a manos de un menor de 15 años utilizando un arma de alto poder (larga) sacudió al estado de Michoacán. El evento subraya la "normalización" de la cultura bélica y el fácil acceso de civiles a armamento de uso exclusivo del ejército.

El sistema educativo y de seguridad ha fallado en detectar el reclutamiento silencioso o la influencia de la violencia hiperlocal en la juventud. No se trata solo de salud mental, sino de un Estado que ha perdido el control del inventario de armas en zonas de conflicto.

Geopolítica: La "toma" de Cuba en el discurso de Trump

En un intercambio con el periodista Peter Doocy, el expresidente Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría "tomar" o intervenir en Cuba ante el colapso de su modelo. Marco Rubio reafirmó que la isla es un "desastre" tras 67 años de gobierno comunista, aunque evitó dar fechas.

Esta retórica parece más orientada al consumo electoral de Florida que a una estrategia diplomática real. Mantener a la isla bajo la amenaza de intervención y sanciones perpetúa un limbo humanitario sin ofrecer una ruta de transición democrática viable.

Ruptura política en Puebla: La fricción Armenta-Chedraui

Alejandro Armenta acusó públicamente al alcalde Pepe Chedraui de "nula solidaridad" en tareas básicas como pavimentación y limpieza, señalando que el estado ha tenido que absorber funciones municipales.

Que el gobierno estatal deba barrer y pavimentar calles de la capital evidencia una fractura administrativa o una guerra política de baja intensidad. Esta falta de coordinación operativa termina afectando directamente la calidad de vida del ciudadano por disputas de protagonismo político.

Freno judicial al Cablebús poblano

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional de la construcción del Cablebús de Alejandro Armenta, advirtiendo que no existe un beneficio social claro y priorizando la protección de los árboles.

El fallo es un duro golpe técnico a la obra insignia del gobierno poblano. Subraya la falta de estudios de impacto ambiental y consenso ciudadano, recordando que la movilidad no debe ser un capricho arquitectónico, sino una solución técnica sustentada.

Reforma Electoral: El freno al adelanto de la Revocación

El Senado aprobó la reforma electoral, pero rechazó la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027. La figura se mantiene firme para el año 2028 conforme a la ley vigente.

Al no permitir que la Presidenta aparezca en la boleta de las elecciones intermedias, se evitó la centralización del proceso electoral en una sola figura. Este desenlace muestra que incluso dentro de las coaliciones oficiales existen límites para la manipulación del calendario democrático.

Paro Nacional: La ANTAC ante el 6 de abril

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ratificó su convocatoria a un paro nacional el 6 de abril, denunciando inseguridad en carreteras y costos insostenibles.

Un paro de transporte es el último síntoma de un Estado que no garantiza el libre tránsito. De concretarse, el impacto en la cadena de suministros profundizará la inflación, evidenciando que las políticas de transporte ignoran la realidad del hombre-camión.

Justicia tardía: El caso Noelia Castillo en España

Después de 601 días de bloqueo judicial y administrativo, Noelia Castillo, de 25 años y víctima de violencia que le causó paraplejia, recibió la eutanasia en España el pasado 26 de marzo.

La libertad de Noelia llegó tras un laberinto burocrático que equivale a una forma de tortura institucional. Su caso demuestra que, a pesar de la legalización, el derecho a una muerte digna sigue enfrentando obstáculos ideológicos que ignoran el sufrimiento soberano del paciente.

Desindustrialización: El cierre de Nissan en Morelos

La planta de Nissan en CIVAC, Morelos, cerró definitivamente sus líneas de producción el 26 de marzo tras 60 años de operación, dejando un vacío económico masivo en la región.

El fin de la primera planta de Nissan fuera de Japón es un descalabro para la industria nacional.

La falta de una estrategia de reconversión industrial en Morelos ante la transición global a vehículos eléctricos deja a cientos de familias en la incertidumbre laboral.

Tragedia en el Estadio Azteca: Seguridad y protocolos

Un aficionado falleció en las gradas del Estadio Azteca previo al encuentro internacional entre México y Portugal, presuntamente tras una caída en una zona de acceso (túnel 51) y una respuesta médica cuestionada.

Con miras al próximo Mundial, el Coloso de Santa Úrsula no puede permitirse fallos de seguridad. La infraestructura debe garantizar la vida del espectador; un recinto de élite mundial no puede responder con lentitud ante una emergencia vital.

Las noticias de la semana se toman un breve respiro.

Debido al periodo vacacional, esta sección hará una pausa temporal y retomará su publicación el próximo lunes 13 de abril, para continuar con el análisis y seguimiento de los acontecimientos más relevantes a nivel nacional e internacional.

Nos leemos a la vuelta.

Redacción Réplica

Revista Réplica

Hoy seguimos exportando materia prima y comprando futuro...

Y lo más triste es que seguimos pensando que aquello fue un error del pasado...

Este texto no busca responsables ni sugiere conspiraciones...

Al oír un “güey” pronunciado con énfasis estentóreo por algún muchacho veinteañero, de inmediato pienso en Cervantes, el de El Quijote.

—No nos hagamos pendejos —ripostó Bartlett a uno de los enviados presidenciales—. Ése sería un pinche destierro...

Por las calles de Puebla corrió un comentario alentador: “La cita es a la hora en que se oculte el sol, allá en el viejo jardín de San José”...

Cuanto mayor la riqueza, más espesa la suciedad.

John Kenneth Galbraith

“Que le den un pericazo”, sugirió uno de los delegados. —¡Me lleva la chingada! —Espetó el representante del poder Ejecutivo—. Pues entonces ve por el sub procurador…

Nació así la zona comercial de marras en cuyo suelo sembraron la semilla que años más tarde germinó para dar los frutos que beneficiaron a los siguientes gobernadores, los cuales, curiosamente, hicieron lo mismo que Piña Olaya, pero arropándose con argumentos legaloides que, pasado el tiempo ...