LA DERROTA FINAL
Precisamente cuando la vida de México se desenvuelve lejos de toda preocupación política, en ambiente de normalidad saneado por la restauración de los principios revolucionarios, un hombre que había solemnemente declarado concluida su carrera pública y que acababa de liquidar —por sus contradicciones— toda nueva posibilidad de actuación revolucionaria, hace de improviso una reaparición efectista y se atreve a desafiar, en ademán de franca provocación, no sólo a un gobierno de legalidad irreprochable, sino también la voluntad unánime del pueblo mexicano que se apresta a defender sus instituciones y a salvarlas de un funesto retorno a la simulación del pasado.
La llegada subrepticia del general Plutarco Elías Calles y las insólitas declaraciones que traía preparadas para hacer retumbante su retorno, tienen todas las características de la consigna para un “golpe de mano”. Han quedado al descubierto —corroborando las apreciaciones que motivaron la primera depuración política del Parlamento— los hilos conductores de una verdadera conjura, temerosa por igual de la autoridad y del pueblo, con cuyo respaldo jamás pudo contar.
Ya nadie puede atribuir a segundas partes que actuaran sin dirección superior y por efecto de sus propios despechos, ni la desazón de fondo que culminó hace meses en el desafuero de varios diputados al Congreso de la Unión; ni la hostil inquietud de ilegítimos intereses, heridos en sus privilegios al restablecerse el imperio de la ley; ni los intempestivos viajes de próceres caídos, ni sus secretas reuniones y sus sigilosos preparativos e incitaciones a la sedición. Toda esa actividad en penumbra de complot; todo ese ir y venir de ex influyentes con embozo de conspiradores, queda explicado sin asomo de duda con el retorno y las declaraciones del ex presidente.
No se trata ya de sospechas, sino de hechos plenamente comprobados. Los viajes y las actividades a que se dedicaban en la sombra principalmente los señores Luis N. Morones, general José María Tapia, Fernando Torreblanca, Melchor Ortega y algunos más, entre los que se cuentan altos funcionarios y militares infieles, tienen un solo nombre adecuado: son actividades de conspiración contra el orden legal.
El complot tenía que abortar, como abortó, por falta de justificación y de bandera, y porque la realidad social mexicana de hoy no se transforma dócilmente al influjo de las ambiciones, así cuenten éstas con los recursos pecuniarios que pueden suponerse a los conjurados. El triunfo de cualquier movimiento tiene como condición el apoyo de las masas, y éste era el único que no podían buscar los provocadores de la perturbación. Pero el fallido intento ha sido útil a los intereses del país —representados por las instituciones públicas— porque ha permitido nuevas depuraciones, que libren al régimen de cuantos elementos no quisieron o no supieron comprender la generosa actitud del presidente Cárdenas, cuando les dio una oportunidad para cooperar lealmente en la situación de responsabilidad gubernativa que se consolidó en junio.
A reserva de volver sobre el tema de la conspiración, hemos de señalar un hecho evidente: si el general Calles hubiera vuelto a la patria como simple ciudadano, con el empeño de demostrar un sincero afán de esclarecer la verdad histórica y de limpiar de sospechas su pasado, en primer lugar habría evitado la compañía de una persona tan ingrata, parejamente, a las clases trabajadoras y a todas las demás, sin excepción, como el señor Luis N. Morones; y además, se habría ofrecido al juicio de la opinión —e incluso al de los tribunales—, como lo hace cualquier hombre público que está seguro de la rectitud de sus acciones.
Si así hubiera obrado, la actitud del ex presidente habría sido cuando menos respetable, cualquiera que resultara ser la amplitud de sus yerros.
Pero viene en son de perturbar la tranquilidad nacional; se fue en papel de gran abdicador y retorna en plan de gran agitador, de “pretendiente”, ostentándose como jefe de facción y rompiendo hostilidades a pretexto de decir la última palabra en juicio crítico de su propia obra, que sólo a sus conciudadanos y en última instancia a la posteridad toca formular.
Menos mal si su equivocada postura sólo afectara su propia historia. Ello no es así: con el aparente propósito de rechazar cargos que él juzga calumniosos y mezquinos, vulnera con el dicterio la actuación limpia e insospechable del presidente Cárdenas, sólo porque éste supo asumir por entero sus responsabilidades y desbaratar de una vez por todas la ficción de una democracia regida por oligarcas, por capitalistas de un neoporfirismo cuya cabeza viviente era una y la misma, ya se ostentara en Palacio Nacional o dictara desde su domicilio particular órdenes indiscutibles al gobierno en turno.
El mensaje político del general Calles al Congreso de la Unión, dicho el primero de septiembre de 1928, fue sin género de duda, el mejor acto de su existencia.
Cada época busca sus formas propias, imprime modos particulares al marco de la vida pública, como traducción de las aspiraciones del pueblo y como superación de los métodos caducos. En 1928 existía en el cuerpo social de la nación, una bien definida necesidad de liquidar los caudillajes para ensayar un régimen democrático de instituciones. Por eso, independientemente de que se juzgara sincero o insincero al entonces presidente Calles, cuando comprometía su honor de soldado y su respetabilidad de ciudadano como prendas de absoluto retiro, el llamado que hizo a todos los revolucionarios para consolidar la vida de las instituciones tuvo la virtud de congregar en torno de esa esperanza la voluntad de los hombres que habían vinculado su existencia a la causa del pueblo.
Incluso aquellos que, como el que esto escribe, eran entonces y habían sido opositores del general Calles y de su gobierno, vieron en el programa institucional la liquidación de una rencilla y el comienzo de la democracia auténtica, en la cual los hombres subordinaron apetitos y pasiones a los elevados intereses de una colectividad que se gobernara a sí misma.
Y ello fue así —precisa insistir—, porque el deseo de renovación de métodos, de civismo, estaba tan hondamente enraizado en la conciencia nacional, que producía sus frutos acaso contra el deseo mismo de quien a tan noble amparo podría estar pretendiendo establecer una escuela de simulación. Hay cosas que no pueden decirse inútilmente. Cuando una idea traduce un anhelo social, el pueblo la acoge, la desarrolla, la torna realidad y no permite que se le defraude.
No importa qué tan indignos sean los labios que pronuncian palabras limpias y promisoras. Ellas germinan en el seno nutricio de los pueblos y después ni sus sembradores pueden extirpar el robusto árbol que, acaso sin proponérselo y para su propio castigo, un día plantaron.
El general Calles rompió explícitamente, el viernes 13 de diciembre, su doble, enfático y reiterado propósito de retirarse a la vida privada y de guardar silencio. Explícitamente, decimos, porque de modo tácito lo había roto con frecuencia durante varios años, antes del 14 de junio pasado. Y la explicación que da ahora para justificarse, es a todas luces especiosa. Dice que vuelve a hablar y a actuar en defensa de su pasado, para confundir a sus impugnadores. Y en sus primeras declaraciones soslaya amargos desahogos contra un régimen sin tacha y contra un presidente excepcionalmente inatacable.
Es decir que, según esto, debía entenderse que el silencio y el retiro del general Calles estaban subordinados a una condición: la de mantener amordazada la expresión. Había, antes de ahora, una moratoria de opiniones, incivilizada y anticonstitucional. Al levantarse tal moratoria, fue como si se alzaran compuertas cerradas durante diez años y cada quien quiso decir su verdad; quiso —como en los buenos tiempos del maderismo— pensar en voz alta. El desbordamiento hizo que las aguas contenidas tomaran sus niveles y nació el estado de normalidad, de libre expresión del pensamiento, que tanto parece irritar al ex presidente y que le ha movido a defender su pasado atacando a quienes no hacen otra cosa que cumplir con sus deberes hacia el pueblo.
La cuestión está erróneamente plantada. La abstención del ex presidente es incondicional, independiente de su voluntad, derivada de su caducidad e hija de un hecho histórico. Al violar su compromiso, nada puede excusarle, nada puede justificarle. Naufraga quien, en 1928, hace solemne promesa de jamás volver a intervenir en asuntos de Estado, y en 1935 no sólo declara su personal y exclusiva responsabilidad por el periodo de su ostensible y constitucional ejercicio, sino que a la vez reivindica por su “solidaridad” confesada con los errores que hubieren cometido gobiernos posteriores al suyo —una pareja y prolongada responsabilidad ante el pueblo—. Y esto tratando de abarcar un periodo de seis años y medio, después de su “retiro”.
El desplante de la “solidaridad”, en las declaraciones del general Calles, equivale a una confesión circunstanciada, de propia boca, que deja indudable certidumbre de cotidiana violación a la palabra empeñada.
La caducidad de quien ha cumplido su ciclo vital en la política de México; de quien ha roto, con una retractación de sus principios, sus vínculos con los trabajadores, es impedimento que ningún hecho —ni la conspiración, no la jactancia— pueden destruir. Un “hombre acabado” es un “hombre acabado”. Y nada más —en paráfrasis de un célebre polígrafo.
Un revolucionario radical en 1920 no puede sobrevivir, después de sus ostensibles virajes que culminaron en 1935. Nadie puede ya en México jugar con los programas sin quemarse las manos. El hombre que hizo su prestigio hablando de emancipación a los trabajadores, no alcanzará jamás a reconquistar autoridad moral cuando, quince años después, viene a decir en buen romance: “¡hágase en buena hora la revolución social; pero sin alarmar a las familias…!”. Que a tanto equivalieron las declaraciones del 12 de junio.
El condottierismo político pertenece en México a la enterrada herencia del siglo XIX. No tiene validez en nuestros días. Actos y palabras deben coincidir hoy, como garantía de sinceridad en los hombres públicos. El revolucionario que da un salto mortal hacia el desfiladero de la derecha, no resurge más.
Por eso dijimos en este mismo lugar, hace apenas unos días, que el “régimen callista” —gobierno o mera influencia soportada— había agotado sus posibilidades de acción en la vida pública; que era cosa concluida con hombres “acabados”. Por eso afirmamos que el “callismo” estaba muerto, bien muerto, amortajado y hasta enterrado.
Pero, si bien el general Calles —al frente de todo el aparato de su “régimen”— así sucumbió para los efectos de posteriores militancias en la vida pública mexicana desde el 14 de junio, le quedaba todavía una personalidad histórica, y no habría faltado biógrafo que al correr de los años retocara virtudes y atenuara equivocaciones. Pero el viernes 13 de diciembre el general Calles destruyó esa última posibilidad, porque al violar expresamente sus compromisos de mutismo y retiro a la vida privada, demostró que lo mejor de su obra —el mensaje de 1928— fue una falacia; que ni entonces, ni antes, ni después, había pensado en consolidar las instituciones, sino únicamente en buscar ropaje hidalgo para sus afanes de dominio. Pero las instituciones, como antes lo afirmamos, se consolidaron a pesar de él, sobre él, arrollándolo, como a un encantador que muriera víctima de su propio encantamiento.
Y lo que era voluntad de forma en 1928, se convirtió en realidad seis años más tarde, así como nuevos modos de gobierno podrán superar a los actuales, cuando éstos ya no satisfagan el anhelo del pueblo.
Mientras nuestra nacionalidad se mantuvo informe, guiada en su noche por un puñado de espíritus luminosos, pero retrasada en su evolución y envilecida en su honor por zafia soldadesca, fue posible que un modelo de dictadores —don Antonio López de Santa Anna— sentara cátedra de ambición de poder, de crueldad, de falta de convicciones, de audacia, de teatralidad. Era posible saltar de un partido a otro, de un programa al opuesto, según convenía de momento para el logro de inconfesables propósitos. Santa Anna pudo ser sucesivamente centralista, federalista, conservador, liberal, radical, soldado del pueblo y agente de un gobierno extranjero. El fin era alcanzar una y cien veces el poder, y los programas y los principios eran para el criador de aves de corral, dueño de “Manga de Clavo”, simples medios que podían emplearse o abandonarse al azar. La voluntad del pueblo no estaba organizada; la opinión de las colectividades, no existía. Las circunstancias abrían resquicios en la adversidad y el dinero compraba lealtades.
Sin ánimo de comparar a las personas, sino con el deseo de contrastar las épocas, debe afirmarse que cosa semejante no puede intentarse más en México con esperanza de buen éxito. Las masas están despiertas y exigen que el programa revolucionario se cumpla sin fraudes; el proletariado tiene una organización y se halla en el cauce de sus reivindicaciones; el gobierno tiene una doctrina y una grave e indivisible responsabilidad que cumplir; las leyes y las instituciones avanzan hacia niveles de perfección; la opinión de las colectividades pesa, y da o quita la fuerza, según los hombres sean fieles o apóstatas de un credo social impuesto por la revolución, y, por fin, el ejército entiende su legítima y ennoblecedora misión y sabe y quiere cumplirla. Prueba de ello es que se han sucedido, con vertiginosa rapidez, grandes acontecimientos que en otra época podrían haber orillado a serios disturbios, y no han sido ahora capaces de perturbar la tranquilidad del país. El instituto armado está en su puesto, del lado de las instituciones, con la legalidad. Y lo están los sindicatos obreros, las comunidades campesinas, el magisterio, los estudiantes, todas las colectividades de acción social y cuanto elemento ha representado fuerza y apoyo para la revolución en sus diferentes etapas.
Y por si todo eso no fuere bastante, en la actualidad hay hombre en el gobierno y la legalidad está de su parte. Ocurre una feliz incidencia en la fuerza social, la fuerza militar y el derecho.
Ha sido suficiente que la opinión nacional repudie, como ha repudiado, el conato de subversión, para que éste haya ido a encallar en el fracaso. La acción legal del Senado de la República, desconociendo la existencia jurídica de poderes ahí donde los mandatarios se habían tornado conspiradores; la aplicación de las disposiciones de la ordenanza, por cierto con ponderada benignidad, y posteriores depuraciones que se vislumbran en la representación popular, saldan el incidente y cortan los miembros podridos de un organismo sano y vigoroso, como lo es el régimen presidido por el general Cárdenas.
La magnanimidad del primer mandatario fue pagada con ingratitud. Él quiso que se respetara no sólo la vida, sino también los intereses y aun ciertas obvenciones que habían venido recibiendo el ex presidente y sus más cercanos seguidores. Fue más allá: conservó en situaciones políticas y puestos públicos a numerosos adictos al general Calles, en atención sin duda a merecimientos revolucionarios anteriores; y esta oportunidad salvadora y generosa fue aprovechada para utilizar las posiciones en favor de un complot, para romper hostilidades contra el régimen.
Y los amigos del general Calles que aún quedan en sitios de representación y de autoridad, han sido colocados por el antiguo jefe en un duro aprieto, en un conflicto de lealtades, que no tienen sino una solución: la de la fidelidad a las instituciones.
El Nacional, 17 de diciembre de 1935.
Froylán C Manjarrez
La Pluma y las Palabras (La derrota final)
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