El periodismo es de investigación o son relaciones públicas.
El periodismo es, y siempre ha debido ser, un contrapeso del poder público. Es deber del reportero, del columnista y del medio de comunicación investigar, analizar y dar seguimiento a las acciones del gobernante y su administración. Los políticos administran recursos públicos, y por ello, es obligación del periodista informar con responsabilidad y ejercer una crítica objetiva, fundamentada y, cuando sea necesario, constructivamente severa frente a una gestión pública deficiente, mediocre o simplemente indeseable.
Por desgracia, en todo gobierno hay decisiones que deben ser corregidas. Existen dos tipos de gobernantes: los que aceptan la crítica y toman medidas para corregir el rumbo —los menos— y los que reaccionan con furia, buscando silenciar las voces que les incomodan.
En épocas de poder absoluto, los periodistas eran perseguidos por comandos armados o por asesinos a sueldo. A los poderosos —ya fueran políticos o sus aliados— no les agradaba ser exhibidos por medios serios que revelaban actos de corrupción, abuso de autoridad o desvío de recursos. Aquellos excesos se conocían apenas por rumores o publicaciones marginales.
Luego llegaron tiempos aparentemente más civilizados, en los que se perseguía al periodismo de manera más sofisticada: se fabricaban delitos, se usaba el acoso judicial o administrativo, y se enviaban auditorías como castigo a los medios incómodos. Algunos gobiernos más astutos recurrieron a estrategias que parecían salidas de una película de ficción.
Hoy, en la era digital, los ataques han mutado. Las benditas redes sociales permiten que cualquier persona con acceso a internet pueda opinar, criticar o apoyar al gobierno, incluso a cambio de una modesta gratificación. La nueva estrategia de muchos gobiernos consiste en invertir sumas millonarias para operar ejércitos de bots que atacan o desacreditan a quien ose incomodar al jefe. Afortunadamente, los lectores han aprendido a identificar a estos perfiles automatizados y denunciarlos.
Pero, al ver que estas tácticas eran insuficientes, algunos gobiernos decidieron ir más allá: contratar periodistas —o mejor dicho, escribanos— que vendan su prosa al mejor postor. Es decir, prostituyen su oficio al servicio del poder, disfrazando de opinión lo que no es más que propaganda. Esto desprestigia al periodismo serio, que se ve contaminado por aquellos que entregan sus palabras como mercancía.
¿De verdad alguien cree en una burda porra escrita a favor de un político? ¿Existe hoy un político verdaderamente estimado, admirado y amado por la sociedad? ¿Hay algún lector que soporte más de dos párrafos de adulación desmedida a un servidor público? No. Simplemente no.
El desprestigio de la clase política es una realidad innegable. La única forma de reconstruir la relación entre ciudadanía y gobierno es a través de resultados contundentes y un ejercicio honesto del poder. Pero muchos políticos no entienden el fondo de la crítica, no leen más allá del titular, no cambian. Ignoran la demanda ciudadana de justicia, eficacia y empatía.
Y como no entienden, prefieren atacar. Quienes se convierten en víctimas de estos embates son los periodistas, que al ejercer su trabajo con honestidad, terminan siendo silenciados: bloqueados, denunciados o expulsados de las redes sociales. Ahora no lo hacen solo con bots, sino con personas reales: empleados gubernamentales que, bajo amenaza de despido, deben sumarse a campañas de difamación o censura. Con ello, los medios y periodistas pierden sus canales personales y profesionales, y se socava la libertad de expresión.
¿Hacia dónde va el periodismo en esta guerra entre el poder y sus críticos? Tal vez haya que volver al papel: a la hoja impresa, al informe físico, al texto que no se puede bloquear ni hackear. Quizá nos espere el regreso de los correos masivos, de las cadenas por WhatsApp, o incluso la lectura pausada de un periódico en casa, sin publicidad invasiva ni opinadores improvisados.
Lo único cierto es que la intensidad de los ataques —sean bots, escribanos o amenazas— es directamente proporcional al nivel de corrupción, ineptitud y mediocridad del gobierno que los impulsa.
Nos leemos pronto.
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@CruzTobas (cuenta nueva por ser atacada la anterior)