Ojalá que los políticos multimillonarios comiencen a entender que sus proyectos pueden venirse abajo cuando sus excesos quedan exhibidos ante la opinión pública.
Los políticos mexicanos parecen haber desarrollado una curiosa habilidad: predicar la austeridad mientras disfrutan de las mieles del poder. Viajes en primera clase, hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, vacaciones en el extranjero y una vida de comodidades que contrasta con los discursos de humildad que pronuncian frente a sus gobernados.
La llamada Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, combatir la corrupción y desterrar aquellas prácticas que durante décadas hicieron de la política mexicana un negocio extraordinario. Sin embargo, algunos de sus personajes parecen haberse encariñado demasiado con las costumbres de sus antecesores.
Tampoco se trata de exigirles que vivan en la miseria. Faltaba más. Que cada quien disfrute de su dinero como mejor le plazca. Lo que resulta ofensivo es venderle al pueblo las virtudes de la austeridad mientras se disfruta de una vida de potentado. Y más ofensivo todavía cuando aparecen sospechas sobre el origen de los recursos o las relaciones entre funcionarios y empresarios favorecidos con contratos públicos. En algunos casos, las cuentas simplemente no parecen cuadrar: el sueldo por un lado; la ropa, las joyas, los relojes, los autos y los viajes por el otro.
Los escándalos se suceden unos a otros. Aparecen fotografías, documentos, testimonios y denuncias. Los defensores del gobierno encuentran explicaciones para todo; sus adversarios descubren delitos hasta donde no los hay. Los analistas discuten, las redes sociales se incendian y, pasados unos días, el asunto desaparece para dejar espacio al siguiente escándalo. “Que se enfríe”, dicen.
La impunidad, o al menos esa sensación de que aquí nunca pasa nada, termina imponiéndose.
Pero algo ocurrió esta semana.
Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, presentó su renuncia el lunes 26 de octubre, en medio de investigaciones y señalamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras del organismo.
Entre los asuntos cuestionados figura un contrato de aproximadamente 197 millones de pesos para materiales electorales, así como presuntos vínculos entre funcionarios del INE y algunas empresas contratistas. También se difundieron imágenes de reuniones sociales entre Taddei y un empresario relacionado con proveedores del instituto.
El Órgano Interno de Control reportó investigaciones sobre contrataciones y posibles irregularidades administrativas. Taddei negó haber favorecido a empresas y defendió su gestión.
Hasta ahora no existe una resolución definitiva que acredite su responsabilidad personal. Una sospecha no es una sentencia, por mucho que algunos quisieran convertir los tribunales en una extensión de las redes sociales.
Sin embargo, su salida tiene un significado político que no deberíamos pasar por alto. Una funcionaria con un mandato constitucional de nueve años, que debía concluir en 2032, abandonó anticipadamente la presidencia del organismo electoral en medio de una controversia pública.
No sabemos si renunció por presión política, por decisión personal o por una combinación de circunstancias. Tampoco sabemos si las investigaciones terminarán en sanciones. Lo que sí ocurrió fue una consecuencia política visible, algo que escasea en nuestro país cuando los escándalos alcanzan las alturas del poder.
Y eso me parece importante.
Durante décadas, los mexicanos hemos contemplado cómo nuestros gobernantes se convierten en una especie de aristocracia tropical. Llegan hablando de sacrificios, justicia social y servicio público, pero algunos terminan comportándose como reyesuelos, olvidando que no son dueños del país, sino empleados de sus ciudadanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido investigar los contratos del INE, incluidos los de administraciones anteriores. Ojalá se investigue todo, sin excepciones, sin protegidos y sin utilizar la justicia como instrumento de venganza política.
Sería saludable que la austeridad dejara de ser una frase de campaña y que la rendición de cuentas no dependiera del partido al que pertenece el funcionario investigado.
No pretendo celebrar anticipadamente una victoria contra la corrupción. La renuncia de Guadalupe Taddei no demuestra culpabilidad ni garantiza que se hará justicia. México conoce demasiado bien las investigaciones que comienzan con grandes titulares y terminan durmiendo el sueño de los justos.
Pero quizá estemos frente a una señal de que algo puede cambiar.
En este mar revuelto de escándalos, ostentaciones, acusaciones y sospechas, la renuncia de una alta funcionaria podría ser un pequeño faro de luz en medio de la oscuridad.
Falta saber si ese faro iluminará el camino hacia la justicia o si también terminará apagándose.
Por lo pronto, hubo una renuncia.
Ahora falta lo más difícil: que haya consecuencias para quien resulte responsable, sea quien sea.
Ojalá que los políticos multimillonarios comiencen a entender que sus proyectos pueden venirse abajo cuando sus excesos quedan exhibidos ante la opinión pública. Que dejen de engañarse, que aprendan a controlar sus impulsos y que los adictos al poder comprendan, de una buena vez, que el poder no les pertenece.