La pregunta es por qué, después de recibir tantos recursos, todavía hay pacientes que denuncian no tener siquiera una cama donde acostarse...
Ilustración editorial elaborada con inteligencia artificial
Un enfermo permanece sentado durante horas esperando una camilla. Otro termina acostado en el suelo de una sala de urgencias. Los médicos y las enfermeras denuncian que faltan medicamentos, materiales de curación y equipos para atender a los pacientes. Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibe cada año cientos de miles de millones de pesos.
¿Qué está pasando con el dinero?
La pregunta cobra relevancia ante las protestas que se han extendido por distintas entidades del país. Médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores administrativos y jubilados han salido a las calles para exigir mejores salarios, medicamentos, personal suficiente y condiciones adecuadas para desempeñar sus labores.
En Puebla, los trabajadores también se sumaron a las movilizaciones nacionales, reclamando un incremento salarial del 10 por ciento y mejores condiciones de atención. Las manifestaciones alcanzaron ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Tampico y la Ciudad de México.
La inconformidad tiene dos vertientes que no deben confundirse. Una es la disputa salarial entre los trabajadores, su sindicato y las autoridades. La otra, mucho más amplia, tiene que ver con las condiciones en las que millones de mexicanos reciben atención médica.
El acuerdo salarial contempla un incremento de 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, propuesta cuestionada por grupos de trabajadores que demandan un aumento mayor. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, por la composición de las remuneraciones, el incremento directo al ingreso sería de 5.1 por ciento. Las diferencias en el cálculo forman parte de la controversia laboral.
Sin embargo, el conflicto va más allá de los salarios.
En julio de este año, un derechohabiente del Hospital General Regional No. 6 de Ciudad Madero, Tamaulipas, difundió un video en el que aparecía acostado en el suelo. Aseguró que había pasado 24 horas en una silla de ruedas sin conseguir una camilla. Posteriormente, la dirección del hospital negó que durante una inspección hubiera pacientes en el piso o personas sin atención.
En noviembre de 2024 ocurrió otro episodio en el Hospital General de Zona No. 20, La Margarita, en Puebla. Una fotografía mostró a un paciente acostado en el piso, con un suero intravenoso. El IMSS respondió que se le había ofrecido una camilla, una silla y una colchoneta, pero que el hombre rechazó utilizarlas y su madre firmó una responsiva.
Son casos distintos, con circunstancias y explicaciones diferentes. Las imágenes, por sí solas, no demuestran negligencia ni falta de camas. Sin embargo, las denuncias obligan a examinar las condiciones en que se atiende a los enfermos, particularmente cuando necesitan permanecer acostados, recibir vigilancia médica o esperar un espacio hospitalario.
Y mientras los pacientes reclaman atención, los propios trabajadores denuncian que carecen de los medios suficientes para proporcionarla.
Los miles de millones
Las cifras oficiales permiten dimensionar el tamaño de la institución.
Durante 2025, el IMSS recibió 603 mil 127 millones de pesos por cuotas obrero-patronales. A esa cantidad se sumaron 152 mil 258 millones de aportaciones federales estatutarias y 46 mil 238 millones de ingresos diversos.
En conjunto, fueron aproximadamente 801 mil 623 millones de pesos de ingresos ordinarios, sin considerar las transferencias destinadas al pago de pensiones y jubilaciones en curso.
Solamente las cuotas obrero-patronales representaron, en promedio, alrededor de mil 653 millones de pesos diarios.
Conviene aclarar que no todo ese dinero se destina a consultas, medicamentos y hospitales. El IMSS administra distintos seguros, prestaciones y obligaciones laborales. También enfrenta un desequilibrio financiero en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, cuyos gastos han superado sus ingresos.
Pero las dimensiones del presupuesto hacen indispensable conocer cómo se distribuyen los recursos, qué necesidades quedan sin cubrir y por qué persisten las deficiencias denunciadas.
Hay otro dato que merece atención.
En 2025, la institución tenía programados aproximadamente 26 mil 630 millones de pesos para inversión física, pero ejerció alrededor de 20 mil 336 millones. La diferencia fue de 6 mil 294 millones de pesos, equivalente a casi una cuarta parte de lo previsto.
Los informes presupuestarios relacionan parte de ese menor ejercicio con retrasos en obras hospitalarias y reprogramaciones de equipamiento. Entre los proyectos mencionados figura el Hospital de San Alejandro, en Puebla.
No significa que el dinero haya desaparecido ni que pudiera utilizarse automáticamente para comprar medicamentos. Significa que hubo inversiones previstas que no se concretaron durante el ejercicio presupuestario.
Y cuando existen denuncias de deterioro hospitalario, esos retrasos merecen una explicación.
El desabasto que reconoce el gobierno
Las denuncias de falta de medicamentos no proceden exclusivamente de los manifestantes.
El 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen demandas legítimas entre los trabajadores del IMSS y admitió problemas de suministro relacionados tanto con incumplimientos de proveedores como con fallas de distribución atribuibles al propio instituto.
Dos días después, el 14 de octubre, instruyó al director general del IMSS, Zoé Robledo, a elaborar un diagnóstico de las carencias hospitalarias y verificar los medicamentos faltantes directamente en las farmacias de las unidades médicas, no solamente en los almacenes.
Es una distinción importante. Una cosa es que no existan recursos para adquirir medicamentos y otra que, habiéndose comprado, no lleguen oportunamente a los pacientes.
Ambas situaciones afectan al enfermo, pero tienen causas y responsables diferentes.
Por su parte, Zoé Robledo ha defendido la expansión de los servicios y el crecimiento de la plantilla laboral. Según la institución, desde 2019 se incorporaron más de 94 mil trabajadores de base. También anunció una estrategia de diálogo en 277 hospitales para conocer directamente los problemas de medicamentos, mantenimiento, equipamiento y personal.
La institución asegura que mantiene funcionando los servicios esenciales y que durante una sola semana de octubre realizó más de 30 mil cirugías y otorgó millones de consultas.
Las cifras muestran la enorme cantidad de personas que atiende el Seguro Social. Sería injusto ignorar el trabajo de médicos, enfermeras y demás empleados que diariamente sostienen sus servicios.
Pero tampoco puede confundirse el número de consultas realizadas con la calidad de todas ellas. Una institución puede atender a millones de personas y, al mismo tiempo, presentar deficiencias graves en determinados hospitales.
La salud no es un regalo del gobierno
Hay otro aspecto que suele perderse entre las cifras presupuestarias, los discursos oficiales y las disputas sindicales.
Los servicios del IMSS no son una concesión generosa de los gobernantes.
Los trabajadores asegurados y sus patrones realizan aportaciones obligatorias para financiar la seguridad social. El Estado también contribuye mediante recursos públicos.
La Ley del Seguro Social establece las obligaciones de financiamiento y los derechos que corresponden a los asegurados y sus beneficiarios.
Un trabajador puede cotizar durante veinte o treinta años sin necesitar una hospitalización. Sus aportaciones continúan realizándose, independientemente de que utilice o no los servicios médicos.
Ese dinero no se guarda en una cuenta individual para cuando enferme. Forma parte de un sistema solidario que permite financiar la atención de otros derechohabientes.
El principio es razonable: quienes están sanos contribuyen a sostener la atención de quienes necesitan tratamientos, operaciones o medicamentos costosos.
Pero ese mismo principio impone una responsabilidad a quienes administran los recursos.
El derechohabiente no tiene por qué agradecer como un favor político aquello que la ley le reconoce como derecho. Tampoco debería resignarse a recibir una atención deficiente por el simple hecho de que se presta en una institución pública.
Y no se trata de responsabilizar automáticamente al médico que trabaja sin suficientes insumos, a la enfermera que atiende a varios pacientes al mismo tiempo o al camillero que no dispone de una cama para trasladar a un enfermo.
Precisamente ellos son quienes hoy denuncian muchas de esas carencias.
El IMSS enfrenta obligaciones financieras, una demanda creciente de atención y problemas operativos que no se resolverán solamente con aumentar el presupuesto. También requiere una administración capaz de convertir los recursos disponibles en medicamentos, personal, infraestructura y servicios oportunos.
Las protestas han colocado esas contradicciones frente a la opinión pública.
Queda por determinar cuánto corresponde a insuficiencia presupuestaria, cuánto a problemas de compras y distribución, cuánto a retrasos de inversión y cuánto a decisiones administrativas.
Porque, al final, la pregunta no es solamente cuánto dinero recibe el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La pregunta es por qué, después de recibir tantos recursos, todavía hay pacientes que denuncian no tener siquiera una cama donde acostarse.