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Noticias de la semana #Tendencias

Te presentamos un resumen de las noticias más importantes de la semana

Guadalupe–Reyes: el país que no descansó

Del 12 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026

Mientras el país se entregaba al ritual cíclico del Guadalupe–Reyes —esa tregua simbólica donde se finge calma, fe y celebración—, la realidad mexicana siguió avanzando con violencia, desorden institucional, tragedias humanas y tensiones geopolíticas que evidencian que el Estado, incluso cuando sonríe para la foto, sigue funcionando a trompicones.

Este recuento no es una lista de hechos aislados: es un espejo de cómo operan el poder, la impunidad, la fragilidad institucional y la narrativa oficial en tiempos de supuesta celebración.

Golpes, empujones y banderas caídas en el Congreso de la Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México volvió a exhibir su rostro más crudo: el de un recinto donde la política se degrada en confrontación física cuando los acuerdos se rompen y el diálogo se agota. Una sesión legislativa fue interrumpida tras un nuevo episodio de violencia protagonizado por diputadas de distintas bancadas, luego de que se incumpliera un acuerdo político relacionado con la integración del nuevo órgano de transparencia.

Desde la tribuna, la diputada panista Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, denunció que se había traicionado el compromiso para que dicho organismo funcionara de manera colegiada. Anunció entonces que su bancada tomaría la tribuna como forma de protesta. La advertencia fue el punto de quiebre.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó mantener la sesión en curso, pero el recinto se convirtió en un espacio ingobernable: gritos, consignas cruzadas y empujones desplazaron cualquier intento de orden parlamentario. La diputada priista Tania Larios intentó tomar control del sistema de sonido, acción que fue bloqueada por legisladores de Morena. Minutos después, diputadas oficialistas subieron a la tribuna y el forcejeo se volvió inevitable.

Empujones, codazos y jaloneos de cabello quedaron registrados frente a las cámaras. En medio del caos, la diputada Olivia Garza hacía sonar la campana, mientras la bandera monumental colocada detrás de la tribuna se desprendía, convertida en símbolo involuntario del colapso del momento.

Entre las legisladoras involucradas se identificó a Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Claudia Pérez y Rosario Morales. El episodio no fue un hecho aislado, sino un eslabón más de una cadena de violencia legislativa que el Congreso capitalino arrastra desde hace años.

En marzo de 2023, una disputa por el uso de un micrófono —tras un error de Morena al presentar un Punto de Acuerdo— derivó en empujones y arañazos. Entonces, la panista Gabriela Salido subió a la tribuna para ocupar el lugar de la secretaría, provocando un enfrentamiento con la morenista Marcela Fuente, quien le arrebató el micrófono. La confrontación escaló con la participación de diputadas como Ana Villagrán, Daniela Álvarez y Circe Camacho, hoy alcaldesa de Xochimilco, mientras algunas legisladoras grababan los hechos con sus teléfonos.

Antes, en diciembre de 2022, Jesús Sesma y el entonces diputado Jorge Gaviño llegaron a los golpes por un dictamen relacionado con la Ley de Bienestar Animal. Y en 2017, durante el debate sobre un proyecto de endeudamiento para una planta de termovalorización, se registraron insultos, rasguños y hasta mordidas.

La violencia en el Congreso dejó de ser excepción para convertirse en rutina.

Sheinbaum, Estados Unidos y el límite de la soberanía

En medio de un contexto internacional marcado por la intervención militar estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura: una intervención de Estados Unidos en México “no es una opción”.

Las declaraciones se produjeron durante una visita a Hidalgo, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que “algo habrá que hacer con México” en referencia a la crisis del narcotráfico. El mensaje, ambiguo pero cargado de amenaza, obligó a la mandataria mexicana a marcar territorio diplomático.

Sheinbaum rechazó cualquier giro de subordinación hacia Washington y sostuvo que la relación bilateral atraviesa una etapa de cooperación, particularmente en materia de seguridad. Sin embargo, fue clara: cooperación no significa acciones unilaterales ni violaciones a la soberanía.

Colocó el principio de “responsabilidad compartida” como eje de la agenda bilateral. México —dijo— trabaja para contener la violencia, frenar el flujo de drogas y atender las causas estructurales del problema; Estados Unidos, por su parte, debe combatir el tráfico ilegal de armas y desmantelar a las organizaciones criminales que operan en su propio territorio.

“Colaboración, coordinación, pero no subordinación”, reiteró.

Un día antes, en Tlaxcala, la presidenta había condenado la intervención militar en Venezuela, recordando que la política exterior mexicana se rige por la Doctrina Estrada, el principio de no intervención y la solución pacífica de controversias, conforme a la Carta de la ONU.

México se sumó además a un pronunciamiento conjunto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, en el que rechazaron las acciones militares unilaterales en territorio venezolano, advirtiendo que violan el derecho internacional y ponen en riesgo a la población civil.

Rodolfo Ruiz: cuando el proceso parece el castigo

Pese a las inconsistencias señaladas durante la audiencia, un juez de control vinculó a proceso al periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución se dio tras una audiencia prolongada en la Casa de Justicia de la 11 Sur, que incluyó un receso de casi tres horas.

La defensa expuso la falta de elementos que acreditaran el delito y subrayó que las autoridades tuvieron cinco años para investigar el caso sin presentar pruebas contundentes. Aun así, el juez determinó continuar el proceso.

La Fiscalía, representada por los agentes Alejandro Tototzintle y María Lilian Adauta, solicitó dos meses para la investigación complementaria, argumentando que analizarían los ingresos del periodista a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. El juez concedió un plazo menor: 45 días.

Se ratificaron las medidas cautelares: firma periódica y prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Paralelamente, Rodolfo Ruiz presentó dos denuncias ante la FGE por ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, señalando a jueces y agentes del Ministerio Público. El caso, iniciado en 2020 durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fue reactivado tras investigaciones periodísticas incómodas para diversas instituciones.

La defensa solicitó la nulidad del procedimiento al argumentar que el juez carece de facultades para realizar actos de oralidad penal, al contar únicamente con atribuciones administrativas.

Cecilia Monzón: justicia tardía en un país que no perdona a las denunciantes

Tras más de tres años de litigio, un tribunal de Puebla dictó sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. La misma pena fue impuesta a su sobrino y a otro implicado, considerados corresponsables del crimen. Cada uno deberá pagar además una multa de 113 mil pesos.

López Zavala fue identificado como autor intelectual del asesinato ocurrido en mayo de 2022, cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra Monzón mientras conducía su camioneta en San Pedro Cholula.

La víctima había denunciado previamente a su expareja por abandono de menor y falta de pago de pensión alimenticia. Su madre, Cecilia Pérez, tuvo que abandonar el país y establecerse en España tras iniciar la denuncia. Desde el exilio, sostuvo que rendirse nunca fue una opción.

Helena Monzón, hermana de la víctima, ha reiterado que denunciar implica desgaste, resistencia y enfrentarse a un sistema que rara vez castiga la violencia contra las mujeres. En México, alrededor del 95% de los asesinatos de mujeres permanece impune.

El Tren Interoceánico: desarrollo descarrilado

El sur del país despertó con una tragedia que puso en entredicho uno de los proyectos estratégicos del Estado mexicano. El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló en el municipio de Nizanda, Oaxaca, dejando un saldo preliminar de 13 personas muertas y 98 lesionadas. A bordo viajaban alrededor de 250 personas, entre pasajeros y tripulación.

El accidente ocurrió cuando la locomotora principal salió de las vías, provocando que varios vagones se desalinearan y volcaran. El convoy —integrado por dos locomotoras y cuatro coches de pasajeros— cubría la Línea Z, que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, una ruta presentada como símbolo del nuevo modelo de desarrollo regional.

De los lesionados, 36 fueron trasladados a hospitales por la gravedad de sus heridas, mientras que al menos cinco permanecen en estado crítico. Las primeras imágenes difundidas mostraron vagones volcados hacia una barranca, estructuras retorcidas y pasajeros atrapados entre metal y concreto.

Testimonios difundidos en redes sociales relataron escenas de pánico. Algunos pasajeros aseguraron que el tren circulaba a alta velocidad y apuntaron a una posible falla en el sistema de frenos. En varios videos se observa a personas atrapadas dentro de vagones ladeados, esperando auxilio entre llanto y confusión.

No se trató de un hecho aislado. Apenas días antes, el 20 de diciembre, otro convoy del Tren Interoceánico —en la Línea FA, que conecta Coatzacoalcos con Pakal-Na, Chiapas— impactó contra una pipa que intentó ganarle el paso. Aunque en ese incidente no hubo víctimas mortales, el antecedente encendió alertas que ahora resultan imposibles de ignorar.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y aseguró que las autoridades federales brindan atención inmediata a los afectados. Informó que los heridos fueron trasladados a hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como a unidades del programa IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades. El proyecto que prometía conectar océanos quedó, por ahora, atrapado entre el discurso del desarrollo y la realidad de la seguridad.

Veracruz: cuando al periodista se le llama terrorista

En Veracruz, el uso del aparato penal contra la prensa volvió a cruzar una línea peligrosa. El periodista Rafael León Segovia, reportero especializado en nota roja en la región de Coatzacoalcos, fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y acciones contra instituciones de seguridad pública, luego de que la Fiscalía estatal desistiera de la acusación inicial de terrorismo.

La imputación original —terrorismo— contemplaba penas de hasta 30 años de prisión y provocó una ola de indignación nacional. El caso llegó incluso a la conferencia presidencial, donde Claudia Sheinbaum expresó su extrañeza por el uso de ese tipo penal contra un periodista y solicitó a la Fiscalía de Veracruz explicar el fundamento jurídico de la acusación.

Tras el repliegue de la Fiscalía, un juez ordenó como medida cautelar que el comunicador permanezca un año en arresto domiciliario mientras continúan las investigaciones.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó públicamente la postura de la presidenta, aunque puntualizó que, al tratarse de un proceso judicial en curso, corresponde a la Fiscalía fijar su posición formal. Días antes, sin embargo, la propia mandataria estatal había defendido la detención del periodista, afirmando que las autoridades no actúan sin elementos.

La detención de Rafael León —conocido como “Lafita León”— provocó pronunciamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión. Artículo 19 condenó el arresto y advirtió sobre el riesgo que implica utilizar el derecho penal como mecanismo de censura o represalia, al considerar que el caso puede sentar un precedente grave.

En una declaración sin permitir preguntas, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sostuvo que la institución actúa con profesionalismo, transparencia y respeto irrestricto al debido proceso. La funcionaria fue recientemente nombrada tras una reforma que fortaleció las atribuciones del Ejecutivo sobre la Fiscalía, un contexto que no pasó desapercibido para los críticos.

A las afueras de la audiencia, periodistas se manifestaron con consignas como “no somos terroristas”. El hijo del comunicador expresó alivio por el retiro del delito de terrorismo, aunque reconoció que el proceso continúa abierto.

Suiza: el fuego en la fiesta

La madrugada de Año Nuevo dejó una de las peores tragedias recientes en Suiza. Un incendio devastó el bar Le Constellation, ubicado en el centro de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, con un saldo de al menos 40 personas fallecidas y 119 heridas, varias de ellas con lesiones de extrema gravedad.

El incendio se registró alrededor de la 01:30 horas. Las primeras investigaciones apuntan a que luces de bengala colocadas en botellas de champán pudieron haber entrado en contacto con el techo del establecimiento, provocando una rápida propagación del fuego. La fiscal general del cantón, Beatrice Pilloud, informó que ninguna hipótesis ha sido descartada.

Las autoridades aseguraron teléfonos móviles, recopilaron grabaciones de video y entrevistaron a numerosos testigos. El Instituto Forense de Zúrich fue encargado del peritaje técnico.

El operativo de emergencia movilizó a cerca de 150 rescatistas, 40 ambulancias y una decena de helicópteros. La capacidad hospitalaria local se vio rebasada, obligando al traslado de decenas de heridos a centros especializados en quemaduras graves dentro y fuera del país.

Autoridades confirmaron que la mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 25 años. La identificación de los fallecidos podría prolongarse durante semanas debido al estado de los restos. “No se puede permitir ningún error”, subrayó el director de la policía judicial suiza, Pierre-Antoine Lengen.

El sismo que inauguró el 2026

El 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, sacudió el inicio del año y dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y daños materiales significativos. El movimiento telúrico puso a prueba por primera vez el sistema de alerta sísmica vía telefonía celular recientemente implementado por el gobierno federal.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la alerta fue emitida a las 7:58 horas y alcanzó al 95% de las antenas de telefonía celular en operación. Reconoció, sin embargo, que no se transmitió desde la totalidad de las antenas y anunció una investigación conjunta con las compañías telefónicas.

El sistema está diseñado para llegar a todos los dispositivos dentro del rango de cobertura, sin necesidad de saldo, datos móviles o conexión a internet. Para quienes no recibieron el aviso, el gobierno habilitó el número 079 para reportar fallas.

En San Marcos, al menos 300 viviendas resultaron afectadas. Ahí murió una mujer. En la Ciudad de México, un adulto mayor perdió la vida a consecuencia del movimiento.

Venezuela: la guerra anunciada

Donald J. Trump informó, a través de su cuenta oficial en Truth Social, que Estados Unidos llevó a cabo un operativo de gran escala en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados fuera del país. El mandatario anunció que ofrecería detalles en una conferencia en Mar-a-Lago.

Desde Caracas, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, calificó la acción como una “agresión militar de carácter criminal” y denunció el lanzamiento de misiles y cohetes en zonas civiles. Aseguró que se realiza un levantamiento para determinar el número de víctimas y anunció el despliegue de todas las capacidades defensivas del Estado.

Uruapan: detención, silencio y liberación

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz —viuda del exalcalde Carlos Manzo—, fue detenida y posteriormente liberada tras rendir su declaración ante el Ministerio Público por el homicidio del edil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La funcionaria fue detenida por elementos de la SSPC federal y puesta en libertad horas después, sin que la Fiscalía de Michoacán emitiera un pronunciamiento oficial. De acuerdo con versiones periodísticas, Méndez Rodríguez habría sido señalada por presuntamente filtrar información sobre los movimientos del alcalde, asesinado presuntamente por integrantes del CJNG.

Horas después de su liberación, publicó en redes sociales una imagen familiar acompañada de un mensaje de agradecimiento. La investigación continúa abierta.

Redacción Réplica