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¡Qué poco cuesta construir castillos en el

aire y qué cara es su destrucción!

Francois Mauriac

LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA COMARCA LAGUNERA

No es preciso entrar en prolijos antecedentes para entender que el problema de la Comarca Lagunera es algo más que una cuestión local semejante a las que en otras regiones del país se presentan y limitada en su alcance a un aspecto parcial de la reforma agraria. Puede apreciarse la complejidad del conflicto entre campesinos y terratenientes laguneros, a través de diversos grupos de fenómenos, según sea la posición que se escoja para analizarlo, lo mismo si se consideran la amplitud y frecuencia de las conmociones que, en juego dialéctico, suscita la disputa entre el capital y el trabajo organizado, que si se aprecia la complicación del engranaje que mueve la actividad agrícola en la fértil zona.

La agricultura alcanza allí formas de alto capitalismo. En agudo contraste con el estado semifeudal de otras regiones, el régimen de la producción es en La Laguna un mecanismo evolucionado, con previsiones exactas, con equipo mecánico moderno, con técnica adelantada, motorizado por energía eléctrica y, encima de todo, como árbitro y director de la economía, con un sistema de crédito flexible y poderoso.

El grado de perfección a que se ha llegado en la economía lagunera es esgrimido como argumento por quienes carecen de claridad conceptual o les conviene aparentarlo así, para decir al país que las condiciones de los trabajadores del campo son allí excelentes y que, en consecuencia, nada hay por reajustar, nada por resolver.

Pero por poco que se piense en el tema lagunero, se observará la realización de una ley general, inexorable. A medida que la economía capitalista avanza, el trabajo se racionaliza con objeto de hacer rendir a cada hombre el máximo de su esfuerzo y el salario se apega a los broncíneos límites de su definición, pues si bien su monto nominal aumenta, ello queda neutralizado en demasía con el encarecimiento de las subsistencias.

Por ser región de capitalismo perfeccionado, la Comarca Lagunera presenta, en consecuencia, contradicciones más agudas y fuerzas de choque mejor preparadas que hay en otros lugares del país.

Cuando el presidente Cárdenas afrontó el problema en toda su hondura, tuvo presente esta excepcional complejidad. No era posible dejar que una de las regiones más adelantadas de la República quedase sustraída a la ley y su proletariado dejara de encontrar la satisfacción de aspiraciones legítimas que por imperativo de derecho y de moral le correspondía. Pero una intervención simplista, que no abarcara sino algunos aspectos, que no previera todas las implicaciones y todas las consecuencias que un acto de gobierno desencadenaría, de ningún modo valdría la pena intentarse, porque, en el mejor de los casos, ella tendría el valor de un paliativo más.

Y las medidas desviadas, insuficientes, no siempre exentas de respeto para los intereses creados y de menosprecio para las garantías de los derechos proletarios, habían evidenciado su ineficacia a través de la experiencia. Era preciso asomarse al problema con intención limpia, sin prejuicio, con deseo de ver la verdad de sus términos. Pero la sana intención por sí sola, tampoco bastaría. Cualquier sistema que pretendiera solventar en integridad la cuestión lagunera, habría de basarse en el conocimiento exacto del engranaje económico existente y de las características de un régimen de producción que condenaba a los campesinos al salario sin esperanza de emancipación, alejando indefinidamente sus perspectivas de recibir ejido. Porque los “distritos ejidales” demostraron ser, a más de medios ineficaces, un intento para “vacunar” el latifundio contra la estricta aplicación de las leyes agrarias.

Todas esas circunstancias fueron contempladas por el jefe del Estado, desde que se entregó personalmente a la tarea de preparar el acuerdo que ayer dio a conocer a la nación. Y todavía quiso escuchar, antes de expedirlo, el juicio de funcionarios capacitados para aconsejar en las diversas fases del grave negocio público.

Ni un paso apresurado, ni una resolución sin meditar, ni una medida inconsulta. El texto mismo del acuerdo constituye el más categórico mentís a la insensata campaña que se anticipaba a los hechos, para insinuar ligereza en el ánimo que informaría la solución presidencial.

Basta analizar las medidas que en bien trabado conjunto se dirigen a poner fin al problema lagunero, para concebir un optimismo fundado en sólidas razones. Va a realizarse el reparto ejidal. Es cierto, no podría ser de otra manera, cuando así lo manda la ley. Pero, en cambio, la propiedad privada de extensión inafectable quedará al amparo de una garantía perfecta y, por añadidura, recibirá los beneficios derivados del crédito social en amplitud sin precedentes. Parte considerable de los actuales latifundios pasará a formar ejidos; pero nada hace temer perturbaciones en la producción, porque las instituciones de Estado se encuentran preparadas para organizar los cultivos, maquinizar las nuevas unidades colectivas, controlar el desarrollo de las faenas agrícolas y refaccionar a los ejidatarios.

La desconfianza no podría venir sino de dos fuentes: de un reparto poco sistemático y falto de previsiones para sostener y aún intensificar el rendimiento de la tierra —que podrían convertir en erial los campos donde crece el trigo o se produce el algodón— o bien de una amenaza a la seguridad de las propiedades constitucionalmente protegidas contra afectaciones agrarias.

Ninguno de los dos extremos es posible. El sistema de bancos que el poder público maneja para distribuir el crédito con miras sociales, se ha puesto a disposición de la Comarca, respaldado por el Banco Central y —por si no fuere suficiente— con el refuerzo, ya muy próximo, del Banco de Exportación.

No hay, en tales condiciones, peligro de que la producción se desorganice y aminore. Por lo que hace a las seguridades a que la propiedad aspira, el límite de ciento cincuenta hectáreas intocables, en terrenos de tal excelencia como los laguneros, marca la coincidencia de los dictados de la economía con las prevenciones de la ley.

Suele ser causa de trastorno renovado, allí donde se ha llevado a término la reforma agraria, el remanente de campesinos que no pudieron ser acomodados en el ejido. Una situación así tampoco se provocará en La Laguna. Quedará la clase proletaria de la región netamente dividida en dos grupos, funcionalmente distintos, sustancialmente idénticos: el de los trabajadores a jornal, motores de la producción en régimen de propiedad privada y miembros de sindicatos en lucha, y el de los ejidatarios, agrupados en unidades de trabajo, técnica y financieramente dotadas. No habrá lugar para la holganza, que deprecia los jornales, ni energías humanas quedarán sin aplicar a poner en estado de producción las fuentes de riqueza, finalidad superior asignada por el primer mandatario a este periodo de gobierno. Pues quienes no puedan clasificarse en alguno de esos campos, saldrán a expensas del erario para constituir nuevos centros de población agrícola, donde haya tierra disponible y horizontes económicos despejados.

El esfuerzo de 25 mil trabajadores —unificados dentro de los sistemas de sindicato y de ejido, que borrarán de modo automático las actuales disidencias intergremiales— tiene derecho a exigir la cooperación de los terratenientes para acelerar el progreso de la Comarca. Por su parte, la dedicación que el Estado manifiesta, al aplicar un máximo de recursos, en la vía bancaria, para que nadie restrinja sus actividades por falta de crédito, reclama una correspondencia de buena voluntad, de comprensivo espíritu y miras desinteresadas, que los propietarios habrán de otorgar en beneficio de sí mismos y en cumplimiento de un deber social.

El Nacional, 9 de octubre de 1936.

Revista Réplica

EL CAMBIO DEL RÉGIMEN TERRITORIAL, BASE DE LA ESTABILIDAD SOCIAL

Desde este mismo sitio se ha intentado subrayar, a la luz de su significado propio, la esforzada actitud personal del primer mandatario frente al cumplir en el gobierno la palabra empeñada con el pueblo, desde su campaña electoral. Actitud exenta de imperativos demagógicos, carente de incentivos militantes y de animosidades, que no tienen acomodo en la conducta pública de un jefe de Estado cuyos únicos nortes son el deber, la convicción y la ley.

Cuando el presidente Cárdenas, en seguimiento de esos propósitos, traspasa la línea que las fuerzas de retroceso habían tenido por valladar infranqueable para la acción revolucionaria del Estado, y procede a transformar el régimen de tenencia territorial en la Comarca Lagunera, los intereses inevitablemente heridos reaccionan, usando para defenderse argumentos sin veracidad y sin consistencia. Seguramente también sin buena fe.

No pudiendo impugnar la rectitud presidencial, se propala como versión favorita en las esferas latifundistas el aserto de que la reforma agraria lleva al país hacia la anarquía. Se hace aparecer el latifundio —capitalista como en La Laguna o feudal como en la generalidad del territorio— con el valor de insustituible sostén para el orden y de supuesto necesario de la tranquilidad pública. El ejido es presentado, entonces, no como institución que corresponde a un arreglo más justiciero de la economía, sino a manera de artificiosa invención de líderes que agitan multitudes para lograr a la postre una ruptura definitiva de los equilibrios sociales.

Esta grave falacia —grave por la desorientación que puede llevar a quienes no han pensado con detenimiento en las cosas de la economía y de la vida pública— se sustenta en una proposición inaceptable, por insensata.

El espíritu y el texto de la Constitución consideran la satisfacción de las necesidades agrarias de los pueblos como ineludible reforma de anacrónicas condiciones, elevada a la categoría de imperativo legal. Se provee constitucionalmente al fraccionamiento de los latifundios y se reconoce al Estado la atribución de practicar un reparto más equitativo de la riqueza pública.

En consecuencia, dondequiera que la aplicación de las leyes agrarias se haya retardado, dondequiera que el latifundio prevalezca sobre el ejido, existe un conjunto de derechos que las masas agrarias no han podido ejercer. Ante el espectáculo de los repartos ejidales en otras regiones, el descontento de los campesinos menos favorecidos —sabedores de que la ley está de su parte— crea una presión social de intensidad creciente que pone en peligro la tranquilidad y aun el orden.

Díganlo si no los movimientos de resistencia contra los cuales se quejaban hasta hace poco los empresarios laguneros. Las huelgas son síntoma de que existe un desajuste entre los derechos de los trabajadores y la condición en que se les mantiene.

El germen del desorden radica en la insatisfacción de aquéllos en cuyo perjuicio deja de cumplirse la ley. Las revoluciones son, en grande escala, y las huelgas en proporción más reducida pero de parejo significado, prueba elocuente de que el orden establecido llega a subvertirse cuando se vuelven letra muerta los derechos del pueblo.

Mientras las autoridades empleen lenidad y las masas se sientan defraudadas en lo que les corresponde de manera legítima, habrá amenaza de perturbación.

Las situaciones que los opositores contemplan como firmes, porque en ellas predomina de hecho el reducido grupo de poseedores de la riqueza, torciendo la ley en su propio favor, son las menos estables, las menos duraderas, de cuantas puedan idearse. Porque bajo la superficialidad de tales situaciones se encuentra siempre, presta a estallar, la violenta requisitoria de las mayorías preteridas en su derecho.

En tales condiciones, las clases poseedoras mismas no pueden fincar sus negocios para el porvenir con la seguridad que pretenden. Sus previsiones tienen, así, el límite que les marca la posibilidad de que, en el momento menos esperado, sobrevenga un régimen de acendradas fuerzas morales, barra a los prevaricadores y dé cabal vigencia a la ley, estableciendo nuevos equilibrios sobre el escombro de los intereses creados.

Menguada es la seguridad a que puede aspirar quien se sabe remiso en cumplir la ley. No puede intentarse como se pretende ver un orden amenazado de disolución, allí donde sólo hay una zona privilegiada que se mantenía al margen de la ley, rompiendo por el hecho de su mera existencia el orden jurídico que la Constitución impone.

La realización de la reforma agraria en la Comarca Lagunera que se intenta calificar como impulso anárquico, es, por lo contrario, el único camino cierto hasta el establecimiento de estabilidad y confianza tan sólidas y duraderas como lo garantiza el nuevo estado de cosas conseguido con la aplicación de la ley.

Satisfechas las demandas de los campesinos, repartida con mayor equidad la riqueza, respetando a cada quien lo que en justicia le corresponde, se crea un entendimiento entre todos los productores que será capaz de conseguir, por ajuste natural de las fuerzas económicas, la estabilidad que los latifundistas perseguían por senda extraviada. La creación de un régimen de tenencia de la tierra que corresponda a las aspiraciones de los trabajadores, la reorganización de la actividad productora y la mayor conformidad que dimana de un bienestar superior para las masas, son los verdaderos factores que concurren a dar permanencia al orden social y a robustecerlo. No así al escapar al acatamiento de las leyes, confiando en el poder de la riqueza para detener la acción del Estado.

Es ahora cuando comienza el periodo de seguridades que permitirá ver adelante y practicar, con la aproximación necesaria para obtener buenos resultados, los cálculos en que toda negociación desea fundar su desarrollo. Porque la ley está cumplida y nada hay que temer.

Por lo que hace al volumen de la producción, sólo un pesimismo interesado puede augurarle descenso atribuible al cambio de régimen. El hecho de que un propietario sea sustituido por otro no arguye contra la posibilidad de sostener en su normal y aun acrecentar los rendimientos. Son los mismos campesinos que ayer vendieron su fuerza de trabajo, los que seguirán aplicándola —y ahora con mayor ahínco porque el suelo propio— a la próvida tierra lagunera para hacerla fértil.

La maquinaria y los aperos, en general, serán también los mismos. Dos bancos de capital particular y numerosos propietarios han ofrecido en venta los implementos existentes, y las autoridades han aceptado adquirirlos en la medida prudente. Máquinas nuevas, directamente importadas por el Banco Ejidal, reforzarán el capital fijo de los ejidos.

El control superior de la economía comarcana lo han ejercido los establecimientos de crédito, porque el latifundista lagunero siempre operó atenida a la refacción. Es ahora un solo banco, especializado en operaciones ejidales, dueño de recursos amplísimos, respaldado por el banco central y en último término por el gobierno de la República, quien sustituirá en su función a las instituciones privadas.

No se advierte cuál pueda ser el factor cuyo cambio decidida una baja de la producción. Antes bien, adelante se contará con elementos adicionales, como lo son los que el Estado concentra en La Laguna para dar perfecta organización a las comunidades, para supervisar los trabajos, para hacer previsiones y para atender servicios permanentes de índole diversa que hasta aquí eran desconocidos en la mayoría de los pueblos comarcanos.

Claro está que una calamidad incontrolable —que lo mismo hubiera ocurrido dentro del régimen latifundista más intransigente— puede ser factor que disminuya e incluso malogre la cosecha. Pero esto se halla fuera de toda discusión.

Puede irse aún más allá y admitir, como mero recurso de argumentación, que el periodo transitorio entre un régimen y otro se traduzca en desajustes capaces de afectar el volumen o la calidad de los productos obtenidos en los primeros años agrícolas. Esta adversidad, transitoria y parcial, en caso de ocurrir, estaría compensada con largueza por las ventajas permanentes que el ejido trae a la Comarca, y el deficiente se recuperaría con prontitud, a medida que la nueva organización progresara.

El Nacional, 19 de noviembre de 1936.

Froylán C. Manjarrez

Revista Réplica

PROPUESTAS INDECOROSAS

¡Es la política, estúpido!

Paráfrasis del dicho de James Carville