De los males, el menor...
La intervención de Estados Unidos en otros países ha sido, históricamente, señalada y repudiada como la prolongación de intereses ocultos del llamado imperio americano. No es una acusación nueva ni gratuita. He escrito antes sobre el Plan Green, en el contexto de las tensiones derivadas de la aplicación del artículo 27 constitucional, cuando México afirmó la soberanía sobre su subsuelo y, con ello, afectó directamente a compañías petroleras extranjeras, principalmente estadounidenses y británicas. En aquel periodo se activaron mecanismos de espionaje y contraespionaje del Estado mexicano que, según testimonios directos de sus protagonistas —recogidos posteriormente en investigaciones académicas y trabajos de tesis sobre inteligencia en México—, permitieron documentar y exhibir los vínculos entre intereses políticos estadounidenses y empresas petroleras afectadas por la legislación mexicana. No se trató de una invasión formal ni declarada, sino de escenarios de presión y contingencia que fueron desactivados al demostrar que México no era un territorio ciego ni indefenso. En geopolítica, muchas veces evitar la guerra consiste precisamente en eso: hacer visible el costo de intentarla.
En Venezuela el escenario fue distinto, pero no menos brutal. Antes de los acontecimientos recientes, la ONU presentó uno de sus informes más contundentes sobre la situación del país. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático del aparato judicial como instrumento de persecución política. No se trataba de excesos aislados, sino de un patrón de represión estatal que, según el propio lenguaje del organismo, podía constituir crímenes de lesa humanidad. El Estado venezolano, lejos de proteger a sus ciudadanos, los estaba hiriendo de muerte en su dignidad y en sus derechos fundamentales.
Esto deja claro que el gobierno de Nicolás Maduro estaba fulminando a los ciudadanos venezolanos. Millones salieron del país para intentar reconstruir su vida en otras latitudes. México, entre ellos, fue uno de los principales destinos.
La intervención de Estados Unidos no siempre ha tenido resultados catastróficos. Corea del Sur es el ejemplo que suele citarse cuando se quiere demostrar que la presencia estadounidense puede derivar en estabilidad y desarrollo. Tras la Guerra de Corea, el respaldo militar y económico de Washington permitió contener a Corea del Norte y crear un entorno de seguridad que, con el paso de las décadas, derivó en la consolidación de un Estado hoy democrático, industrial y tecnológicamente avanzado. No fue un proceso limpio ni inmediato: Corea del Sur atravesó dictaduras militares, represión interna y una tutela prolongada. Aun así, el resultado final contrasta de manera contundente con otros escenarios de intervención fallida.
También ha habido ejemplos desastrosos. Vietnam, convertido en un pantano ideológico y humano; Irak, desmantelado institucionalmente tras una invasión basada en mentiras; Afganistán, abandonado después de veinte años de ocupación estéril; Guatemala e Irán, donde golpes patrocinados desde el exterior sembraron décadas de violencia e inestabilidad. La historia demuestra que la intervención no garantiza ni democracia ni bienestar.
Ahora bien, no se puede estar a favor de que un país intervenga militarmente en otro. El derecho internacional y la resolución pacífica de las controversias no son consignas decorativas. Pero en el caso de Venezuela ese horizonte ya estaba roto. Amplios sectores de la comunidad internacional denunciaron el carácter autoritario del régimen de Maduro. Tras las elecciones presidenciales, la oposición publicó en línea miles de actas de votación —recopiladas y difundidas fuera del control estatal— que, según sus propios datos, mostraban una ventaja cercana al 70–30 frente al candidato oficialista. En un sistema que controla instituciones, medios y fuerzas armadas, ese resultado, aun disputado, fue leído por millones de venezolanos como un mensaje de repudio ciudadano sin precedentes.
Maduro afirmó contar con otras actas, pero nunca las hizo públicas.
El tribunal electoral lo proclamó para un nuevo periodo.
La ONU presentó su informe.
Y no pasó nada.
Entonces Trump, en su papel autoconferido de policía y abogado del orden internacional, intentó negociar. Maduro respondió radicalizándose, instalado en el punto más alto del síndrome de hubris: una realidad alterada donde el poder se confunde con la eternidad y el Estado con la persona.
Los acontecimientos posteriores —presentados como colapso, rendición parcial o reacomodo forzado, según la narrativa que se adopte— produjeron un efecto inmediato: una sensación de alivio y cierre entre amplios sectores de la diáspora venezolana. Desde fuera se insiste en que lo que realmente preocupa al mundo es el petróleo, ese que hoy usufructúan China y otros países. Algunos analistas sostienen que Estados Unidos buscará negociar con Pekín la deuda venezolana y un nuevo reparto dentro del reacomodo del orden mundial.
¿Qué decir de este movimiento político-militar?
La intervención de Estados Unidos es reprobable.
La permanencia de un régimen como el de Maduro, lo es aún más.
Trump terminó encarnando, le guste o no al mundo, la figura del abogado–policía: no como ideal democrático, sino como actor con la fuerza y la determinación suficientes para forzar un desenlace. No es una consigna ni una apología: es un hecho político.
Esa es la nueva realidad.
De los males, el menor.