MANIOBRA ENCUBRIDORA DE UN FRACASO

El empeño del Consejo y del rector de la Universidad de México para arrojar la responsabilidad de su fracaso a espalda del gobierno —empeño sostenido en muy diversas ocasiones durante los últimos meses— asume ahora la suma de una nueva maniobra que muy difícilmente podría haber engañado a la opinión pública, la cual sabe ya cómo juzgar este hecho, porque ha localizado con precisión las causas del fracaso y señalado a los verdaderos responsables, coincidiendo exactamente en su juicio con el que certeramente expuso el señor presidente de la República en la respuesta que dio al propio rector.
El alejamiento de la universidad con relación al problema revolucionario, el absurdo antagonismo de la orientación individualista universitaria frente al sentido social que a la educación vino a imprimir la reforma del artículo tercero de la Constitución, las disensiones internas debidas a la lucha de las nuevas contra las viejas ideas —circunstancias en las que ninguna injerencia ha tenido nunca el gobierno, sino que recaen directamente sobre quienes han hecho un uso tan indebido y torpe de la autonomía—, son causas hondas y reales de la desorganización absoluta y del irremediable estado de descomposición a que la universidad, fatalmente, ha debido llegar en manos de hombres que creen que la libertad radica en el aislamiento egoísta y en la indiferencia hacia los intereses y las necesidades de la colectividad y que, por ello mismo, están incapacitados para pensar en el rol social que a una universidad debe corresponder y, para organizar una institución que ha de cumplir una misión que ellos ignoran y no logran comprender.
Es todo esto tan evidente, que hasta al mismo rector le ha sido fuerza confesar que la “universidad necesita una reorganización completa de su material, en su profesorado y en sus métodos de enseñanza, y una acción muy firme, por cuanto se refiere a sus posiciones moral e intelectual, muy deprimidas”.
Y la maniobra a que antes hemos aludido, consiste en adoptar la posición desesperada —pero ingenua hasta la inocencia— de dimitir los consejeros a sus puestos, fundando sus renuncias en que no podrían laborar sin autonomía y sin libertad de cátedra, en un insensato afán de hacer creer que el gobierno quiere restar a la universidad su autonomía y suprimir la libertad de cátedra por lo cual —afirman temerariamente— es el responsable único del colapso y de la disolución de ese instituto. Pero debe hacerse resaltar que el gobierno jamás ha intentado nada semejante sino que cuando el consejo reconoció públicamente hace pocos días, el fracaso total de la universidad —por lo demás ya sabido desde antes— y acudió al primer mandatario en demanda de auxilio para salvarse, éste no hizo sino ofrecer tal ayuda y marcar las causas generadoras del proceso de descomposición orgánica del centro de estudios, a la vez que indicar, en un nuevo gesto generoso, los medios para intentar detenerlo y efectuar una necesaria reorganización.
Existe, por otra parte, un equívoco fundamental en cuya persistencia ha puesto cuidadoso interés el Consejo Universitario, pero que importa destruir para el mejor entendimiento de la situación futura, en lo que concierne a la labor cultural, tan indispensable para la colectividad.
En muchas declaraciones y escritos, la Universidad de México ha sostenido que a su cargo quedó la misión legal de impartir la cultura superior, dando a entender con ese artículo “1a” que a ella corresponde este papel de manera exclusiva, por delegación absoluta que en su favor haya hecho el Estado en la Ley Orgánica respectiva, y como si el propio Estado hubiera incurrido en la torpeza de delegar facultad de tamaña trascendencia en una institución tan alejada de las realidades como hemos explicado y como ella misma se ha encargado de hacerlo patente, al designar como nuevo rector a una persona de tiempos ya hace mucho liquidados y que ninguna conexión tienen con el presente de nuestro país.
Falso es que la Ley Orgánica de la Universidad confiera a ésta en exclusividad la misión de impartir la cultura superior, pues dicha ley sólo le otorga la facultad de impartir cultura superior y profesional, pero no de modo privativo, como es pretensión del consejo hacerlo creer con el propósito de que de allí se deduzca la obligación del gobierno de afrontar la responsabilidad económica de ese centro docente, y evitar en tal único modo que la sociedad se vea privada de un servicio necesario.
Así queda reducido el problema de la Universidad de México a sus límites exactos y justos, que no son otros que los de un problema interno de organización económica e ideológica, en el cual nada tiene el gobierno que hacer, como no sea lo que ha hecho ya: ofrecer su cooperación para que Estado y universidad —“puesto que ambos persiguen la difusión de la cultura”, como afirma el presidente Cárdenas en su ya citada respuesta— “marchen armónica y complementariamente hacia el cumplimiento de su alta función cultural”.
Marcado ya y explicado con prístina claridad el sentido que tiene la desbandada del Consejo Universitario, y denunciado el equívoco que ha querido fomentar esa Universidad de México que no es “la” universidad, sino tan sólo “una” universidad, resulta pertinente añadir ahora que el Estado puede, en cualquier momento en que ello resulte necesario por reclamarlo así el imperativo de las necesidades sociales, constituir uno o más organismos que se encarguen de impartir la cultura superior y profesional, ciñéndose a esas mismas necesidades y ajustándose en todo a la realidad ambiente, con lo cual se logrará capacitar en forma adecuada a los alumnos para rendir el servicio social que, al egresar de la escuela, les será reclamado, y ello sin torcer el sentido general que a la educación señala el Código Fundamental.
Esto llegará a ser más necesario por la actitud incomprensiva y tendenciosa adoptada por el consejo y por algunos otros sectores universitarios, y por el hecho de que no sería posible que en la Universidad de México se impartiera de buena fe y con orientación conveniente, cultura a la clase proletaria. En efecto, estando compuesto el alumnado de esa institución por jóvenes de la clase media —proletaria económicamente pero de arraigado espíritu burgués por un curioso fenómeno de envidiosa imitación—, el ambiente es tal que acabaría por absorber e inocular a los hijos de los trabajadores que fuesen becados para estudiar allí, con lo que se vería defraudado el noble propósito del gobierno que les diera apoyo económico y, por añadidura, se desclasaría a los mejores elementos del proletariado obrero y campesino, cercenándolos para engrosar las filas de la pequeña burguesía.
El Nacional, 18 de septiembre de 1935.
Froylán C Manjarrez