LA INTRIGA CLERICAL QUE SE DESVANECE
La respuesta que por acuerdo del jefe del Estado dio el ciudadano secretario de Gobernación al memorial que elevaron los señores José Othón Núñez, Pascual Díaz y otros firmantes, por su propio derecho y en la representación que se atribuyen de los católicos mexicanos, tiene importancia excepcional porque en ella el gobierno revolucionario de México justifica ante el mundo entero el fundamento jurídico de las disposiciones constitucionales que el clero católico romano, tan celoso defensor de sus intereses materiales y políticos, ha venido atacando con el propósito solapado de impresionar desfavorablemente a la opinión de dentro y de fuera de nuestra patria.
El secretario Barba González, jurisconsulto que —por serlo— sabe bien las mañosas argucias que estilan los canonistas católicos romanos, analiza los capciosos alegatos esgrimidos, y con razones, desnutridas de doctrina jurídica va desvirtuándolos, uno a uno, demostrando la falacia en que se basan y poniendo en claro la verdadera intención que ocultan de provocar reacciones de opinión contrarias a la política del gobierno mexicano, el cual no persigue más que el cumplimiento de nuestras leyes, expedidas como resultado de las luchas que el pueblo de México ha emprendido para liberarse del represivo poder económico y político del clero católico romano.
Esta institución que, para conservar sus privilegios, no vacila jamás en provocar las más cruentas guerras civiles, se ha hecho reo de traición a la patria por suplicar y apoyar invasiones extranjeras, y su actual funesta justifica de manera plena la posición que pueblo y gobierno adoptan de consumo, estableciendo legalmente restricciones a ese poder económico y político del que tan pernicioso uso se ha hecho, pues tales restricciones son reclamadas por el concepto más elemental de defensa patria, aunque resulten innecesarias en otros países donde la Iglesia ha asumido una conducta de respeto cabal a las leyes y de completa sumisión a la potestad civil.
Esto es lo que precisa comprender con diafanidad para juzgar inteligentemente. Porque, en esencia, no es otra cosa lo que acontece.
El clero católico romano ha llegado a tener la hegemonía política y a poseer más de las cuatro quintas partes de la propiedad en nuestro país, y en vista de los grandes perjuicios que ha acarreado el ejercicio de este poderío, los gobiernos de grandes patriotas como Gómez Farías y Benito Juárez expidieron leyes para limitarlo y reducir a la Iglesia a su verdadera misión espiritual; política que a su vez han seguido también los gobiernos revolucionarios con idéntica finalidad, reformando las leyes a fin de ponerlas a cubierto de las posibilidades de violación creadas por las nuevas tácticas que el clero ha ido adoptando para ese efecto.
Este es el planteo correcto de las cosas, y la posición de víctima que la reacción clerical asume no es sino el disfraz con que pretende encubrir sus fines de predominio.
Prueba con lógica impecable el licenciado Barba González —remitiéndose a textos legales, doctrina y jurisprudencia— que es falso que la reciente Ley de Nacionalización haga imposible cualquier género de enseñanza, propaganda o comunicación religiosa, lo que sostienen los firmantes del memorial que contesta, porque dicen que conforme a ella cualquiera de esos actos efectuado fuera de los templos es bastante para expropiar los edificios donde se realice y porque prohíbe a los sacerdotes tener despacho u oficina y ser miembros de una sociedad por acciones.
Es falso, porque el gobierno federal siempre ha respetado y respetará en los templos y en los hogares toda actividad de propaganda o de culto religioso, siempre que no toquen los extremos condenados por nuestra Constitución, y son precisamente esos lugares los apropiados para tales actos y no los que clandestinamente se quiera utilizar para evitar que las autoridades vigilen el que no se cometan los referidos extremos que condena la ley constitucional. Y aquí se aclara por el secretario de Gobernación que de ningún modo la casa donde habite un sacerdote queda comprendida, por ese mero hecho y mientras no sea dedicada a actividades prohibidas legalmente, entre los bienes que pueden ser nacionalizados, pues no se trata ni se ha tratado nunca de perseguir a los ministros de ningún culto como sería el caso si se les expropiara de sus habitaciones personales.
Es falso, porque ninguna disposición legal impide a los sacerdotes tener sus despachos u oficinas en los templos, siempre que cumplan con las prevenciones de las leyes y hayan sido debidamente autorizados conforme a ellas.
Es falso, porque lo único que dispone la Ley de Nacionalización es que se presuma que cuando en el consejo administrativo de una sociedad por acciones figure un sacerdote, o se le designe comisario o gerente, tal sociedad es interpósita de una persona respecto de una asociación, corporación o institución religiosa, siempre que la sociedad se exhiba como dueña o poseedora de bienes raíces o de capitales impuestos sobre ellos, pero en ningún caso prohíbe que los individuos que ejercen el culto sean socios de una empresa cualquiera. Y esta limitación no es una empresa cualquiera, sino una medida legítima para impedir que vuelva a cobrar un peligroso vigor el poder económico clerical mediante la constitución de sociedades de aparente índole civil o comercial, manejadas por funcionarios religiosos.
En cuanto a la aseveración de que el artículo 27 constitucional es contrario a la libertad de conciencia, porque prohíbe a las asociaciones religiosas poseer bienes raíces o capitales sobre ellos impuestos —aparte de lo peregrino del argumento en labios de quienes tan enemigos se muestran del materialismo histórico al oponerle doctrinas espirituales y creencias en recompensa ultramundanas—viene a ser una oportunidad para que se asome la oreja que se quería ocultar y resulta innecesario rebatirla porque ha quedado ya establecido, sin ambages ni rodeos, cuál es el verdadero sentido de la política que se sigue a este respecto desde la Reforma.
Por lo que hace a que las reformas del artículo 3 de la Constitución sean violatorias del artículo 24 del mismo código fundamental e impidan a los padres de familia que eduquen a sus hijos en la religión que prefieran, imponiendo la enseñanza socialista en las escuelas particulares aunque el socialismo es profundamente antirreligioso, cabe decir que, por un lado, ya se ha explicado cómo es inexacto que se impida la enseñanza religiosa en los hogares y en los templos cuando no se contravengan las leyes, ni se haga labor subversiva, ni se ataquen nuestras instituciones políticas, abusando de la libertad religiosa; y por el otro, no pudiéndose enseñar todas las religiones en las escuelas —porque enseñar una sola equivaldría a terminar con la libertad religiosa— es obvio proscribir de ellas todo concepto de religión y dar a los alumnos elementos racionales y científicos para que normen en la realidad sus juicios sobre la vida y la sociedad; lo cual, si resulta antirreligioso, no es por virtud de un propósito preconcebido, sino como efecto del conocimiento científico.
Nada deja en el tintero la respuesta del secretario de Gobernación y, para terminar, hecha por tierra la pérfida insinuación que hacen los firmantes del memorial, en el sentido de que el gobierno está permitiendo la multiplicación de centros de vicio y prostitución. El abogado Barba González trae a la memoria el hecho, conocido de todos, relativo a la enérgica campaña que para suprimir el juego ha llevado a cabo con todo rigor el gobierno que nos rige y la que está efectuando, mediante una gigantesca organización de propaganda, contra el alcoholismo: lo que el clero jamás supo ni quiso siquiera intentar, a despecho de sus farisaicas prédicas de moralidad.
Con esta contestación en la que firmemente se rechaza la intriga clerical con la brillantez que presta a los argumentos la amplísima justificación de la política que sigue nuestro régimen, queda cada quien en el lugar que justamente le corresponde ante la opinión nacional e internacional y se ven defraudados, una vez más, los tortuosos proyectos del clero contra el gobierno de la revolución.
El Nacional, 6 de noviembre de 1935.
Froylán C Manjarrez