Porque la salud no debería cotizarse como si fuera un lujo...
Contratar un seguro de gastos médicos mayores solía ser, para muchos, un acto de previsión: una red de protección ante la incertidumbre, un salvavidas en caso de enfermedad grave o accidente. Pero con el paso de los años, este salvavidas se convierte en ancla. Lo que comienza como una prima accesible en la juventud —alrededor de 600 pesos mensuales a los 30 años— se transforma en una carga económica impagable después de los 50, con primas que fácilmente superan los 5 mil pesos al mes. A partir de entonces, el aumento es constante y muchas veces desproporcionado: cada año, un 15 a 20% más, hasta que el asegurado se ve forzado a abandonar el contrato justo cuando más lo necesita.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más alarmante. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), las primas de seguros médicos en México se rigen por un esquema de riesgo creciente: conforme avanza la edad del asegurado, la aseguradora considera que aumentan las probabilidades de uso del seguro y, por ende, ajusta las tarifas de forma ascendente. Si bien esto parece lógico desde la perspectiva actuarial, en la práctica se traduce en un castigo financiero a la vejez.
Para ilustrar el problema: una persona que ha sido puntual en sus pagos durante 25 años, sin hacer uso del seguro, verá cómo su póliza se multiplica por ocho o diez sin que exista un sistema que reconozca su bajo nivel de siniestralidad. No importa cuán disciplinado haya sido el asegurado: si llega a los 60 años en buen estado de salud, su recompensa no será un beneficio, sino una penalización económica que podría obligarlo a cancelar la póliza. En otras palabras, se paga más justo cuando se comienza a tener menos ingresos y más vulnerabilidad.
Los adultos mayores en México ya enfrentan múltiples obstáculos: pensiones mínimas, un sistema de salud pública sobresaturado y una economía informal que no garantiza seguridad social. La incapacidad de pagar un seguro médico privado agrava el problema, empujando a miles hacia una vejez desprotegida.
Diversos países han optado por modelos más equitativos. En Alemania, por ejemplo, las primas se calculan sobre la base del ingreso y no de la edad, y existen mecanismos de subsidio y compensación para adultos mayores. En Japón, los seguros médicos privados están regulados para evitar aumentos abruptos en edades avanzadas. México, sin embargo, carece de una legislación clara que frene esta escalada de precios o que incentive la permanencia de usuarios responsables.
Una alternativa razonable sería legislar en favor de un sistema de bonificaciones por no siniestralidad. Es decir: que quienes no hayan hecho uso del seguro en determinado número de años reciban un descuento proporcional, o que sus incrementos se congelen a partir de cierta edad como reconocimiento a su fidelidad y buen estado de salud. Esto no sólo sería un acto de justicia social, sino una medida de fomento a la cultura del aseguramiento temprano.
El Congreso y la Secretaría de Hacienda tienen la oportunidad —y la obligación— de revisar el comportamiento del mercado de seguros privados en materia de salud. No se trata de frenar la rentabilidad de las aseguradoras, sino de establecer límites éticos a una práctica que, sin regulación, raya en el abuso.
Porque la salud no debería cotizarse como si fuera un lujo. Y envejecer, lejos de ser una condena financiera, tendría que ser una etapa acompañada por un sistema que proteja —y no castigue— a quienes confiaron durante años en la promesa de estar cubiertos.