LOS AGRARISTAS ARMADOS, MILICIA AUXILIAR DEL EJÉRCITO
En el acervo de ideas que a diario viene postulando el candidato nacional a la presidencia de la República en su recorrido por el país —ideas que explican o esclarecen los propósitos que habrán de servirle de norma en su gestión de gobierno, si el pueblo como todo hace creerlo, lo inviste en los próximos comicios con el mandato supremo—, se destaca por su largo alcance y por el vigoroso acento con el que fue enunciado, el proyecto que abrirá el general Lázaro Cárdenas de entregar a los agraristas, que en rigor constituyen una milicia revolucionaria, las armas que han menester, desposeyendo de ellas, en cambio, a los elementos no revolucionarios y en particular a las sedicientes guardias blancas, que hasta ahora han venido detentando implementos de guerra con grave perjuicio para la paz orgánica de la nación y para la seguridad de los campesinos.
No es esta idea, en verdad, un punto nuevo, inexplorado, dentro de las tácticas que se dispone a implantar el régimen revolucionario para la conveniente realización de su programa. Se trata de una medida de gobierno reclamada de años atrás por las masas humanas que hicieron la revolución, y cuya adopción se hace cada vez más urgente para garantizar la tranquilidad pública y para afirmar el nuevo estado de cosas que viene creando la aplicación de nuestras leyes.
Lo que ha hecho ahora el general Cárdenas es incorporar esta demanda de las colectividades revolucionarias en el cuadro que comprende sus tendencias de gobierno, como una medida de aplicación general.
Es oportuno, por lo tanto, poner en relieve las razones esenciales en que se apoya el propósito proclamado por el candidato presidencial del PNR, para evitar que por ignorancia o por malicia se incurra, siquiera sea momentáneamente, en inflexiones de equívoco nocivas a la salud de la nación.
La presencia de núcleos agraristas armados, en nuestras comarcas rurales, es la resultante de la lucha entablada para transformar el régimen de la propiedad de la tierra de conformidad con los mandamientos de las leyes dimanadas de la revolución.
Si el cumplimiento de éstas se hubiera llevado a término sin resistencias por parte de los antiguos poseedores de la tierra, que han sido y seguirán siendo afectados en sus intereses; y si las resistencias no hubieran generado las contiendas armadas de que ha sido teatro el país, no habría habido ocasión de que los campesinos empuñaran el arma, para conquistar primero, y para defender más tarde, el patrimonio que les garantizan los postulados revolucionarios consignados ya como preceptos constitucionales.
Pero fue justamente el estado de guerra provocado por los intereses creados al oponerse a la vigencia de la reforma agraria, el que dio aliento a los trabajadores del campo para organizar sus cuerpos armados como un modo de proveer a su defensa colectiva.
Más tarde, cuando el poder público fue puesto en peligro, los agraristas, invariablemente, ofrecieron sin reservas todo el contingente de sangre que fue menester para poner en salvo los gobiernos. Y la resultante fue que las milicias agraristas dejaron de ser núcleos dispersos para constituirse, en rigor y de pleno derecho en la mejor y más noble reserva del Ejército Nacional, conquistando títulos suficientes para ser tenidas, como se las tiene, en el rango de auxiliares del propio ejército.
Se pone de manifiesto la conciencia de mantener armados a los agraristas, porque es, coincidente su interés con el del gobierno, toda vez que el objeto primordial de un régimen de carácter revolucionario no puede ser otro que el de hacer que arraiguen y se cimenten las instituciones públicas y el orden de cosas que va creando con su acción renovadora, en tanto que el labrador liberado económicamente, por fuerza tiene que radicar sus empeños en la defensa del patrimonio que la revolución le ha entregado.
Esta trabazón de intereses es la que explica mejor la determinación del candidato presidencial, supuesto que nadie puede estar mejor capacitado para defender el nuevo régimen social que se instituye con el reparto de la tierra que los hombres que se benefician con ese reparto.
Por lo demás, no debe olvidarse que la existencia de los cuerpos de agraristas armados, organizados y disciplinados bajo la dirección y el control de la autoridad militar, ha permitido introducir rigurosas economías en el ramo de guerra, llevando a un límite compatible con la seguridad de las instituciones la reducción del ejército, como medio de mejorar los servicios públicos y de proseguir con aliento las obras planeadas en el programa que se ha trazado el gobierno de la República.
Frente a la milicia agrarista, creada con consentimiento de la autoridad y para robustecer nuestras instituciones de derecho, se levantan las guardias blancas, exponentes de la actitud de rebeldía que asumen las clases conservadoras para hacer nugatorio el derecho.
El desarme de estos grupos, que han vivido al margen de la ley, se justifica por razones obvias. Desde luego, porque no explicaría jamás que un régimen cuya dinámica tiene por norte la realización de un programa de transformación de las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve la vida de la colectividad, consintiera en que las empresas privadas, que deben ser sujetos a la aplicación de las leyes adquieran capacidad suficiente para sustraerse a esas mismas leyes. Pero, además, y sobre todo, porque la coexistencia de ambas milicias no hace más que engendrar un estado de intranquilidad permanente, de pugnas y de violencias implacables.
No es que con este desarme se pretenda privar a ningún ciudadano del derecho de defensa de que puede hacer uso en los términos que establece la Constitución General. La Constitución no lo prohíbe, sino que autoriza a todos los ciudadanos a portar las armas que juzguen necesarias para su defensa personal, con excepción de las que se destinan al uso del ejército y de la Guardia Nacional. En consecuencia, los particulares tienen expedito su derecho de aportación de armas para uso individual; pero de ninguna manera para organizarse como milicias ni menos aún para arrogarse funciones que competen directamente al poder público o a los organismos autorizados por éste.
Si los agraristas fueran considerados como individuos particulares, igualmente les estaría vedada la aportación de armas iguales a las que, se destinan al uso del ejército y de la Guardia Nacional; pero considerados, como antes quedó establecido, con el carácter de milicia auxiliar, adquieren el derecho que se niega a los demás ciudadanos, supuesto que es potestativo del gobierno determinar qué personas o grupos han de ser considerados como miembros regulares o irregulares del ejército.
Es preciso observar, por último, que el propósito del candidato presidencial, el cual es objeto de este comentario, no se ha improvisado en el curso de su propaganda política, sino que es producto de una convicción profundamente arraigada en el revolucionario Lázaro Cárdenas.
El jefe militar que desarmó hace más de tres lustros a las guardias blancas de los petroleros en la región de las Huastecas; el gobernante que armó el brazo de los ejidatarios de su estado natal; el alto funcionario que al frente de la Cartera de Guerra defendió el derecho de los agraristas armados, no podía menos ahora que incorporar dentro del marco de sus propósitos de gobierno la idea de dar una aplicación general a estas soluciones de bondad ya probada en la era revolucionaria.
El Nacional, 29 de mayo de 1934.
Froylán C Manjarrez