A unas calles de la Facultad de Medicina de la BUAP se encuentra este espacio, hoy tomado por la delincuencia. Los alumnos que acudían a descansar o revisar el celular eran despojados de sus pertenencias y, en algunos casos, agredidos con armas blancas...
Un taxista fue secuestrado, junto con su automóvil, y llevado a una zona roja de Puebla. Ahí, amordazado dentro de su taxi, vio cómo el secuestrador entraba a su vivienda, una propiedad con acceso por dos calles, diseñada para facilitar la fuga.
El chofer logró zafarse de una mano, brincó los asientos de su auto compacto, alertó por radio a sus compañeros y pidió auxilio. En minutos, llegaron diez taxistas en pie de lucha, dispuestos a rescatarlo.
Comenzó una batalla campal. Los “familiares” del secuestrador superaban en número a los solidarios choferes. Los acorralaron, los bajaron a golpes y les arrebataron las unidades. Los agresores comenzaron a chocar los taxis entre sí, como si se tratara de algún retorcido entretenimiento, dejándolos prácticamente inservibles.
Las víctimas, atónitas, lograron salir con vida, pero con su patrimonio destruido y el cuerpo golpeado. La autoridad jamás apareció. Los vecinos llamaron alrededor de diez veces. El responsable principal del secuestro nunca regresó a su morada. Todo ocurrió a una cuadra del Boulevard Hermanos Serdán.
El parque de las Ninfas
A unas calles de la Facultad de Medicina de la BUAP se encuentra este espacio, hoy tomado por la delincuencia. Los alumnos que acudían a descansar o revisar el celular eran despojados de sus pertenencias y, en algunos casos, agredidos con armas blancas.
En entrevista para Réplica, un estudiante —que pidió el anonimato por temor a represalias— relató:
“Toda la comunidad universitaria del área de la salud, así como de otras instituciones, sabe que el parque de las Ninfas representa un peligro latente a cualquier hora. Desde que ingresé, compañeros me advirtieron sobre evitar esa zona, que abarca un radio de 3 o 4 calles alrededor de las facultades y del Hospital Universitario.
En Medicina tenemos un grupo cerrado en Facebook para avisos de seguridad. Ahí, compañeros reportan a diario asaltos o actos de violencia, incluso en presencia de oficiales o en zonas con cámaras del CERI.
A pesar de las múltiples denuncias, las acciones municipales han sido insuficientes. Los patrullajes acordados para horarios de mayor peligro duraron apenas unas semanas. Incluso se ha visto a oficiales dormidos en sus turnos de vigilancia.
En un caso, un estudiante fue asaltado en la 31 Poniente y la 13 Sur, donde hay cuatro cámaras del CERI. Al solicitar las grabaciones, las autoridades dijeron que ‘no servían’ y no se podía hacer nada.”
La entrevista fue realizada el 10 de marzo de 2020.
Estas agresiones cotidianas, sumadas al asesinato de estudiantes de medicina en Huejotzingo, desataron el hartazgo. El 5 de marzo, Puebla vivió una marcha estudiantil sin precedentes: un reclamo masivo a los gobiernos municipal y estatal. Los jóvenes exigieron vivir en paz y poder alcanzar sus sueños. La sociedad los respaldó.
Si las autoridades no responden con eficacia, corren el riesgo de perder la gobernabilidad del estado. El Senado tiene la facultad de desaparecer poderes; un escenario nada conveniente que sólo complicaría más la situación y perjudicaría al ciudadano.
Ignorar el problema o culpar al pasado sólo aumentará las protestas. La historia recuerda marchas estudiantiles que han derrocado gobiernos, y hoy existe un poder de organización potenciado por la tecnología, con una causa justa y respaldada por la sociedad: la inseguridad nos afecta a todos.
Las mujeres
Otra muestra de empoderamiento social fue la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un clamor de años: justicia, seguridad, respeto… y, sobre todo, no ser asesinadas.
Exigen una fiscalía especializada, pues no sienten apoyo real de las autoridades. Deben soportar burlas y maltratos, frases como: “¿La golpeó? Pues, ¿qué le hizo?” o “Mejor pórtese bien y no haga enojar al marido”.
Un tema complejo que abordaré en otra entrega, pero que requiere acciones inmediatas de los gobiernos estatal y federal para contener e, idealmente, reducir de forma tajante los delitos de género.
Plan de acción
Todo gobierno debe contar con un diagnóstico de las zonas conflictivas que administra. El objetivo no es sólo perseguir culpables, sino prevenir delitos.
Si no existe ese diagnóstico, debe instaurarse de inmediato, con redes ciudadanas de información. Puede hacerse a través de la Secretaría de Gobernación, recibiendo denuncias y datos vía una línea gratuita, anónima o no. El centro de llamadas analizaría la información, filtraría lo inútil y enviaría lo útil a un departamento de inteligencia. Este, a su vez, daría seguimiento y diseñaría un plan para atacar, con acciones preventivas y punitivas, a los grupos delincuenciales ya localizados.
El proyecto existe desde hace años, pero las administraciones pasadas nunca lo aplicaron.
Lo verdaderamente grave sería tener identificado dónde opera la delincuencia… y no hacer nada. Eso sería colusión.
Ahí se los dejo para que reflexionen.
Hasta pronto.