El susto (Crónicas sin censura 203)

EL SUSTO 

Quien gobierna mal descansa.

Lope de Vega

 

En arca abierta hasta el más justo peca.

Dicho popular

 

Los alcaldes poblanos creyeron en aquello de la autonomía municipal. Cuarenta y cinco días después de haber tomado posesión se dieron cuenta de que, en efecto, ésta existe, pero no para despacharse con la cuchara grande.

Empezaron a sufrir recortes los números alegres que, según ellos, estaban destinados a formar parte de las cuentas del gran capitán.

Fue entonces cuando unos se enteraron de que no era cierto aquello de que recibirían íntegros los millones de pesos presupuestados por la Federación para invertirlos en obras de beneficio comunitario. Es obvio que se decepcionaron al saber que tienen la obligación de comprobar, de manera prístina, el gasto de la lana o, de lo contrario, exponerse a las revisiones del Órgano de Fiscalización Superior. Supusieron que por ser gobierno (es la nueva figura constitucional) podrían hacer lo que les viniera en gana. Pero se asustaron al ver las varias instancias dedicadas, precisamente, a vigilar la aplicación de los recursos públicos: el citado Órgano Superior o Congreso del Estado, la Sedecap y la Contraloría de la Federación.

Imagino que hubo quienes entraron en un estado de resignación franciscana y no faltó quien confiara a su asesor de cabecera: “Ni modo, compa, tendremos que buscar cómo carajo pegarle a las participaciones. Mientras encontramos la fórmula, vámonos a Puebla a comprar una camioneta”.

Para no asegurarlo, déjeme suponer que, no obstante las malas nuevas, algunos municipios se tranquilizaron cuando tuvieron la visita de superasesores en materia municipal, quienes, mediante una módica iguala, se comprometen a justificar los otrora injustificables.

—Le conseguiremos facturas, mi presi —deben haber argumentado—. Y también el visto bueno del Órgano de Fiscalización…

—Órale. ¿Me está usted albureando? —respondería cualquier alcalde mal pensado.

—Para nada, señor. Me refiero a la instancia del Congreso local encargada de revisar la cuenta pública.

Este tipo de oportunas y, digamos que, tranquilizadoras visitas permitió que varios de los presidentes municipales recuperaran el resuello, incluidos, desde luego, los que no saben leer ni escribir, pero que se las gastan para contar y repartir el dinero ajeno. Vivían días de vino y rosas, o de tequila y florecitas cultivadas en los burdeles de Puebla.

En fin, todo marchó sobre ruedas, hasta que en una rueda de prensa el líder del Congreso poblano manifestó la idea de sugerir a los ayuntamientos un tabulador de sueldos. Después vino la nota en Televisión Azteca y el reportaje en Televisa y los boletines y el chismorreo.

“¡Ah, cabrón! —pudieron haber dicho dos que tres regidores de rompe y rasga—. Estos cuates se fueron hasta la cocina”.

En efecto, la confusión surgió porque parecía que los diputados locales se habían metido hasta el mismísimo “corazón” de la casa denominada autonomía municipal, “hogar” custodiado por la señora Constitución federal.

Dio la impresión de que habían determinado que en Puebla existen ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta. Y lo peor, que estaban dando vida al monstruo de la desestabilización política que para el PRI lleva por cabeza 50 alcaldes panistas y 32 más de otros partidos; la hidra funesta capaz de devorar al más pintado de los políticos del tricolor.

Además, la nota informativa hizo que se les pararan los pelos a varios políticos. Sin embargo, el agua volvió a tomar su nivel gracias a que fue aclarado (¿recule?) que se trataba de regular los sueldos y no de una iniciativa de ley. Se dijo que era la “propuesta de acuerdo” destinada a emitir una respetuosa recomendación a los alcaldes de Puebla.

Qué bueno que se trató de una mala interpretación y que está a salvo el respeto a la autonomía municipal, así como las futuras ratificaciones al Convenio de Desarrollo Regional, la costumbre del pago (de alguna manera hay que definirlo) a los auditores que revisan el manejo de los recursos públicos… Personal curiosamente designado y autorizado por el Órgano Superior de Fiscalización para auditar a los ayuntamientos con el objeto de apoyar al DIM (Desarrollo Institucional Municipal).

Lo que queda pendiente de resolverse es el mal uso de los recursos destinados a la obra pública, costumbre donde la maña produce “moches”, dádivas y porcentajes que, por desventura, forman parte de la cultura del constructor. Esto es porque, al parecer, no hay ni habrá leyes o acuerdos que impidan las prácticas que, no está por demás decirlo, minimizan el pago de altos salarios.

Nota editorial

Esta columna forma parte del archivo periodístico de Alejandro C. Manjarrez, publicada originalmente en el contexto político de su tiempo. Se reproduce íntegramente como parte de la recopilación de más de cuatro décadas de trabajo periodístico del autor.

Alejandro C. Manjarrez

Revista Réplica