Esto es posible porque las contralorías estatales son manejadas por los hombres de confianza del gobernador o del Presidente de la República...
En toda democracia, la rendición de cuentas y el escrutinio del pueblo en el ejercicio de los recursos emanados del erario público son, sin duda, determinantes para la recuperación del prestigio del sistema político mexicano, deterioro causado por la poca o nula transparencia. La mayoría de los gobernantes hacen lo que quieren con los recursos del pueblo, incluido el Presidente de la República, cuya discrecionalidad, a pesar de haberse acotado, sigue siendo demasiado amplia. ¿Y los gobernadores? Andan en las mismas, actitudes que han tratado de imitar los presidentes municipales.
Existen mandatarios que continúan usando el dinero público sin miramientos, sin vigilancia ni fiscalización por parte de los organismos encargados de revisar el presupuesto. “Quítale a tal partida y asígnalo a otra, pero sin que se note mucho”, podría ser la frase más común en las oficinas donde opera el poderoso en turno.
Esto es posible porque las contralorías estatales son manejadas por los hombres de confianza del gobernador o del Presidente de la República.
¿Y el Congreso? Como el chinito, nomás mirando, aunque sea el poder encargado de vigilar, entre otras cosas, el uso de los recursos públicos. La razón es que suele estar conformado por amigos del gobernante, simpatizantes o políticos afines al proyecto del grupo en el poder.
La sociedad se pregunta por qué los políticos, que son sus empleados, manejan a su arbitrio el dinero que pertenece a los ciudadanos. Sabemos que lo hacen porque los ciudadanos, a quienes corresponde exigir claridad en las acciones de gobierno —incluidas las relacionadas con el manejo de los recursos— no se involucran: por flojera o simplemente porque no les interesa. Lo ideal sería que todos estemos atentos al manejo de la cosa pública y que, cuando se detecte algo anormal o con poca transparencia, lo señalemos y se les llame a cuentas.
La vía más fácil para protestar es organizarse y manifestarse pacíficamente con el fin de exigir la renuncia de los malos servidores públicos. Si no se hace, es porque falta cultura, interés e información. Por ello resulta necesario y urgente crear una nueva visión en el ciudadano: que entienda y vigile la función pública. Claro, existen programas que informan a la ciudadanía y consideran el acceso a la información pública. Lo malo es que las leyes en la materia han sido legisladas de acuerdo con las iniciativas del Poder Ejecutivo. Y lo paradójico es que sean revisadas, corregidas y aprobadas por diputados que le deben el cargo al gobernante en turno.
Los excesos
Imaginemos a un gobernante, de cualquier país o ciudad, convirtiendo a su familia en una especie de monarquía sexenal alimentada con el presupuesto y algo de la llamada “partida secreta del Ejecutivo”. Con ese dinero compran automóviles de lujo, pagan sus tarjetas Centurión de American Express —cuyo límite no existe—, se visten, calzan, comen y se dan los lujos de cualquier magnate. En algunos casos, incluso, como si quisieran emular al príncipe de Brunéi. En este terreno hay cero transparencia.
Nadie puede conocer el monto de esa partida presupuestal, mucho menos los gastos personales y familiares, incluidas las cirugías plásticas reconstructivas (nariz, nalgas, busto, etcétera). Súmese la adquisición de bienes raíces en Cancún, departamentos en la Gran Manzana, ranchos ganaderos, villas en regiones de ensueño y uno que otro castillo en Europa; todo gracias al dinero del pueblo, de nuestro pueblo, gobernado a veces por quienes aún lo ven como sus antepasados quisieron ver a los naturales: vestido con taparrabo.
La falta de espacio limita mostrar con más ejemplos los excesos que algunos gobernantes han realizado con recursos públicos. Equivaldría a redactar un diccionario enciclopédico de varios tomos.
La transparencia
Hoy en día, los gobiernos son conscientes de la necesidad de informar a la sociedad con cuentas claras y manejo transparente de los recursos. Por ello se han creado instituciones y se ha puesto énfasis en transparentar la implementación de ciertos presupuestos. Lo lamentable es que aún existen frenos en el acceso a la información, sobre todo en los recursos erogados para la renta de helicópteros, compra de mobiliario, medidas de seguridad, viáticos y las comunes remodelaciones de oficinas o casas de gobierno.
Si llegara a enterarse de que un gobernante presta a sus amigos o familiares algún helicóptero del gobierno para que vaya de compras, viaje seguro o acuda a desayunos, comidas o cenas lejos de la sede de los poderes, ¿qué pensaría? Seguramente le daría coraje, porque son gastos pagados con el dinero del pueblo. Desgraciadamente, existen este tipo de excesos y es poco probable que, en este caso, opere la transparencia. Si pregunta, le dirán que el tema es reservado o incluso parte de la seguridad nacional.
Los gobiernos panistas fueron los precursores de la transparencia en México. Todo comenzó con el presidente Vicente Fox, quien tuvo la ocurrencia de abrir la información pública. Así supimos que había toallas de 402 dólares la pieza, trinchadores de 3,800 dólares, cortinas a control remoto de 17,383 dólares y sábanas de 1,500 dólares cada una. De ahí el famoso “toallagate” y la chunga nacional por la remodelación de la cabaña del amor, cuyo costo ascendió a 440,000 dólares. También hubo gastos exorbitantes en botellitas de agua. Después de ese ejercicio, digamos que democrático, no se volvió a saber nada del gasto de las partidas asignadas a Chente y a Martucha, apelativos que se ganaron precisamente por sus excesos en todo: hasta en manipular la imagen de la República (el águila mocha) y en establecer oficialmente que el gobierno estaba siendo manejado por los dos.
Puebla y Veracruz, nuevos gobiernos
En el ejercicio del poder mexicano, la palabra transparencia está en boga. Los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Javier Duarte de Ochoa apuestan a que los acuerdos en la materia les harán ganar puntos en su imagen pública.
En el caso de Veracruz, el gobernador investiga a 156 constructoras que no cumplieron con los proyectos de obra pública por los que fueron contratadas, irresponsabilidad que causó un daño patrimonial a los veracruzanos superior a 900 millones de pesos. Dicen los diputados que se trata de una cifra inaceptable (¿habrá desvíos o fraudes al erario aceptables?). Lo alentador es que el gobierno de Duarte se ha mostrado dispuesto a aplicar todo el peso de la ley a los exalcaldes que dieron mal uso a los recursos públicos.
Ahora sólo falta ver si en la lista entran personalidades de mayor peso político, varios de los cuales se llevaron hasta el mecate.
En Puebla se firmó el acuerdo por la transparencia, acto acorde con el discurso de campaña. Sin embargo, queda pendiente la respuesta del gobierno para que, como lo asegura el gobernador Moreno Valle, la administración pública se maneje dentro del marco de la transparencia y la honestidad.
¿Qué hará el gobernador de Puebla cuando se entere de que uno de sus funcionarios aceptó varios millones de pesos como comisión por otorgar una concesión gubernamental? ¿Será capaz de ordenar que se aplique todo el peso de la ley, como ocurrió en el caso de Valle Fantástico? Ya veremos quién o quiénes roncan como duermen.
Hasta la próxima.
*Fuente: alaingarcia.net, El Universal, Milenio