El asunto rebasa la discusión tecnológica. Estamos frente a un posible cambio en la distribución de la riqueza, en el financiamiento de los derechos sociales y en la relación entre empresarios y trabajadores.
La inteligencia artificial llegó para facilitarnos la vida. Al menos eso nos han dicho sus creadores y los empresarios que comienzan a descubrir las enormes ventajas económicas de contratar una máquina que no cobra salario, no pide vacaciones, no se enferma, no exige aguinaldo y, para colmo de felicidad patronal, tampoco presenta demandas laborales.
Imaginemos una empresa con diez empleados dedicados a la atención al cliente. Entre salarios y prestaciones representa una erogación considerable. Un buen día, el propietario descubre que puede automatizar buena parte del servicio mediante un chatbot cuyo costo es una pequeña fracción de su nómina. Hace cuentas, sonríe y decide prescindir de sus trabajadores.
El negocio continúa funcionando, los gastos disminuyen y las utilidades pueden aumentar. Una maravilla de la modernidad. Salvo por un pequeño detalle: diez personas se quedaron sin trabajo.
Y con ellas desaparecen los salarios que sostenían a sus familias, las aportaciones al IMSS, al Infonavit y al sistema de pensiones. También disminuye el dinero que circulaba por las tiendas, los mercados, las escuelas y los pequeños negocios donde esas familias consumían.
Ahora multipliquemos el ejemplo por mil empresas. Si cada una elimina una nómina mensual de cien mil pesos, estaríamos hablando de mil doscientos millones de pesos anuales que dejarían de pagarse en salarios. No significa que todo ese dinero desaparezca de la economía. Una parte se convertirá en utilidades, inversiones o pagos a proveedores tecnológicos. Pero tampoco existe garantía alguna de que regrese a los bolsillos de quienes perdieron su empleo.
Aquí aparece un personaje tan antiguo como la humanidad: la codicia.
Los defensores de la automatización argumentan que las empresas reducirán sus precios, aumentarán sus inversiones y crearán nuevas oportunidades laborales. Es posible. También es posible que sus propietarios prefieran conservar las ganancias adicionales y comprarse otra casa, un automóvil de lujo o simplemente aumentar sus cuentas bancarias. Nadie está obligado a ser generoso.
El Fondo Monetario Internacional calcula que alrededor del 40 por ciento del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial. La Organización Internacional del Trabajo estima que uno de cada cuatro trabajadores desempeña ocupaciones con algún grado de exposición a la IA generativa. Exposición no significa desaparición, pero tampoco garantiza que todos conservarán sus puestos.
En México, donde millones de personas dependen del empleo formal para acceder a servicios médicos, vivienda y pensiones, el asunto adquiere otra dimensión. ¿Quién financiará esos derechos cuando las empresas puedan producir lo mismo contratando menos personas?
La pregunta no es menor. Nuestro sistema de seguridad social fue construido alrededor del trabajo humano, no de las utilidades que obtiene un algoritmo.
Y tampoco se trata de satanizar a los empresarios. Una pequeña empresa que enfrenta costos elevados, competencia y conflictos laborales puede encontrar en la automatización una oportunidad para sobrevivir. El problema aparece cuando miles toman simultáneamente la misma decisión. Lo que beneficia individualmente a cada negocio puede convertirse en un problema para toda la sociedad.
Por cierto, nuestra Ley Federal del Trabajo ya contempla, en su artículo 439, indemnizaciones y procedimientos especiales cuando la introducción de maquinaria o nuevos métodos de trabajo provoca reducciones de personal. La modernización no concede permiso para ignorar los derechos adquiridos.
Pero hay algo más.
Personalmente detesto hablar con un chatbot cuando necesito resolver un problema. Siempre termino pidiendo que me comuniquen con un ser humano. Quizá sea una cuestión generacional, aunque las investigaciones muestran que muchos jóvenes también prefieren tratar con personas cuando enfrentan situaciones complicadas.
La generación hiperconectada acepta con mayor naturalidad la inteligencia artificial, especialmente si le ahorra tiempo. Sin embargo, una cosa es preguntarle a una máquina cuánto cuesta un producto y otra muy distinta reclamar un cobro indebido mientras un programa repite respuestas que no resuelven absolutamente nada.
Algo semejante ocurre con la comida rápida. ¿Confiaríamos en una hamburguesa preparada completamente por robots? Algunos consumidores sí, otros no. Ya existen establecimientos que automatizan tareas de cocina. La tecnología puede garantizar precisión, pero también despierta dudas sobre higiene, calidad y, sobre todo, sobre el destino de los trabajadores sustituidos.
Y aquí entra un elemento que los balances financieros difícilmente pueden medir: la solidaridad humana.
¿Seguiríamos comprando en una empresa que despidió a cientos de empleados para sustituirlos por robots, aunque sus productos conservaran la misma calidad y precio? ¿Estaríamos dispuestos a boicotearla en defensa de quienes perdieron su sustento?
No es una pregunta descabellada.
En Europa el conflicto ya comenzó. Durante julio de 2026, trabajadores de centros de atención telefónica en Italia y España protagonizaron huelgas y movilizaciones contra la pérdida de empleos y la introducción de inteligencia artificial sin suficientes garantías laborales.
En A Coruña, empleados de Concentrix protestaron ante un proceso de despidos que terminó afectando a 154 trabajadores. Los sindicatos relacionaron parte del conflicto con la automatización, aunque también intervinieron la pérdida de contratos y la reorganización de servicios. En Italia, las organizaciones sindicales exigieron negociaciones, capacitación y medidas de protección para quienes pudieran ser desplazados.
Es decir, la inconformidad ya salió de las pantallas y llegó a las calles.
Hace más de doscientos años, los luditas ingleses destruyeron máquinas textiles que consideraban una amenaza para su trabajo y sus condiciones de vida. No sería deseable repetir aquellos episodios de violencia, pero tampoco podemos ignorar la lección histórica: cuando el progreso deja a demasiadas personas sin sustento, el conflicto social encuentra maneras de manifestarse.
La inteligencia artificial puede mejorar la medicina, la educación, la industria y prácticamente todas las actividades humanas. Sería absurdo pretender detenerla. Lo que resulta igualmente absurdo es suponer que sus beneficios llegarán por generación espontánea a quienes pierdan su empleo.
Y todavía falta considerar a los jóvenes que nunca serán despedidos, sencillamente porque las empresas ya no necesitarán contratarlos. No habrá liquidaciones, demandas ni protestas por la pérdida de un puesto. Solamente oportunidades que dejarán de existir.
¿Estamos preparados para una generación de consumidores hiperconectados que encontrará cada vez más dificultades para incorporarse al mercado laboral?
El asunto rebasa la discusión tecnológica. Estamos frente a un posible cambio en la distribución de la riqueza, en el financiamiento de los derechos sociales y en la relación entre empresarios y trabajadores.
La inteligencia artificial no es responsable de la codicia humana. Tampoco decide despedir empleados, reducir prestaciones o concentrar utilidades. Esas siguen siendo decisiones de personas.
Quizá algún día tengamos que preguntarnos si conviene comprar productos y servicios a empresas que sustituyen indiscriminadamente a sus trabajadores sin asumir responsabilidad alguna por las consecuencias sociales. El boicot pacífico podría convertirse en una expresión de solidaridad, aunque su eficacia dependerá de cuántos consumidores estén dispuestos a sostenerlo.
Al final, la verdadera amenaza no sería que las máquinas aprendieran a trabajar como nosotros, sino que nosotros termináramos comportándonos como máquinas, indiferentes al sufrimiento de los demás.
Y entonces habremos conseguido una hazaña extraordinaria: construir una economía cada vez más eficiente, olvidándonos de los seres humanos para quienes supuestamente la construimos.