La prueba de la congruencia dura todo el tiempo que dura un cargo público...
Hay una escena que empieza a repetirse en la política local: el funcionario llega al laboratorio, extiende el brazo, entrega una muestra y, unas horas después, aparece frente a las cámaras con una hoja membretada en la mano. Una palabra sobresale, casi siempre en letras grandes: “NEGATIVO”.
El mensaje parece sencillo: mírenme, estoy limpio, soy confiable, soy apto para el cargo.
Pero antes de aplaudir el espectáculo de la transparencia, quizá valdría la pena leer un poco más allá de esa palabra.
Los exámenes toxicológicos que hemos visto circular recientemente suelen buscar un catálogo conocido de sustancias: cocaína, cannabis, anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas y opiáceos, entre otras. Y hay una ausencia que llama la atención: el alcohol.
No es un detalle menor.
Un antidoping convencional puede ser perfectamente válido para detectar las sustancias que forman parte de su panel. Lo que no resulta correcto es convertir automáticamente un resultado negativo en una especie de certificado general de sobriedad, buena salud o idoneidad para ejercer un cargo público.
Porque un resultado negativo significa algo mucho más concreto: que, dentro de la ventana de detección del examen y respecto de las sustancias que ese panel busca, no se encontraron concentraciones por encima de los límites establecidos.
Nada más.
Y nada menos.
El alcohol, por cierto, sí puede detectarse mediante pruebas específicas de orina. Una de ellas es la medición del etilglucurónido, conocido como EtG, que puede identificar consumo reciente durante un periodo considerablemente mayor que la presencia del alcohol propiamente dicho en el organismo. Sin embargo, este estudio no suele formar parte de los paneles toxicológicos convencionales.
Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante.
Si lo que se pretende es ofrecer a los ciudadanos una evaluación seria sobre el consumo de sustancias de quienes ocupan un cargo público, habría que hablar de algo mucho más amplio. Existen otros marcadores, como la transferrina descarbohidratada, conocida como CDT, que puede aportar información sobre un consumo elevado y sostenido de alcohol. También existen pruebas de función hepática que pueden ofrecer datos relevantes.
Pero tampoco hay que pedirle a un laboratorio respuestas que no puede dar.
Ninguna de estas pruebas, por sí sola, diagnostica alcoholismo. Las enzimas hepáticas pueden alterarse por muchas razones. La CDT tiene sus propias limitaciones. Y el EtG habla fundamentalmente de consumo reciente, no de la existencia o inexistencia de una enfermedad.
Precisamente por eso, una evaluación responsable tendría que ser integral y estar en manos de profesionales. No debería reducirse a una hoja con una palabra enorme que diga “NEGATIVO”.
Porque aquí hay algo que estamos perdiendo de vista: un examen de laboratorio mide sustancias; no mide carácter, responsabilidad ni capacidad para gobernar.
El problema no es que un funcionario se haga un antidoping. Al contrario. Someterse voluntariamente a una prueba puede ser una buena señal de transparencia.
Lo cuestionable es presentar una prueba limitada como si fuera una radiografía completa de la persona.
Y mucho menos convertirla en una especie de certificado moral.
El alcohol resulta especialmente incómodo en esta conversación porque no estamos hablando de una sustancia clandestina. Es legal, socialmente aceptada y forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Pero que sea legal y socialmente aceptado no significa que su consumo excesivo sea inocuo. Puede afectar la salud, las relaciones familiares, el juicio y la capacidad para tomar decisiones.
También puede afectar, por supuesto, a quienes tienen responsabilidades públicas.
Por eso, la pregunta no debería ser únicamente si un funcionario dio negativo en un antidoping.
La pregunta es qué buscó realmente ese examen, durante cuánto tiempo puede detectar aquello que busca y qué conclusiones permite —y cuáles no— sacar de su resultado.
Porque decir “estoy limpio” es una afirmación mucho más grande que decir “mi prueba salió negativa”.
Y quizá ahí está la parte que menos nos gusta de esta historia.
La prueba de laboratorio puede terminar en unas horas.
La prueba de la congruencia dura todo el tiempo que dura un cargo público.