Además de las consignas expresadas durante las protestas —las cuales omito por respeto—, valdría la pena que el rector hiciera un ejercicio de introspección para evaluar qué aspectos de su gestión deben cambiar...
Hay momentos en los que una institución se retrata sola. No hace falta que sus críticos hagan demasiado esfuerzo; basta con leer lo que dice, observar lo que hace y, sobre todo, comparar una cosa con la otra.
Eso ocurrió con la Universidad de las Américas Puebla después del feminicidio de María Fernanda Orozco Suárez.
María Fernanda tenía 24 años, era originaria de Huejotzingo y vivía en San Andrés Cholula. El domingo 4 de octubre fue encontrada sin vida en el departamento que rentaba en la Privada 10 Oriente. Su padre y su hermana gemela llegaron hasta el lugar después de no poder comunicarse con ella desde el día anterior.
La Fiscalía General del Estado informó la detención de su expareja, Bryan Alexandro “N”, de 26 años. De acuerdo con la autoridad, habría intentado ofrecer cinco mil pesos a los policías para evitar su detención y entrar a la escena del crimen.
Es un caso que tendrá que investigarse hasta sus últimas consecuencias. La familia merece justicia y la sociedad merece conocer la verdad.
Pero alrededor de este feminicidio apareció otra discusión que también merece atención: la manera en que reaccionó la universidad.
El primer comunicado de la UDLAP produjo indignación entre estudiantes y colectivas feministas. La institución señaló que ni María Fernanda ni el detenido aparecían como alumnos activos ni como egresados titulados en sus registros.
La precisión administrativa podía ser correcta en términos de una base de datos. El problema fue otro: parecía que la primera preocupación de la universidad era dejar claro que el asunto no le correspondía.
Y eso cambió al día siguiente.
El rector Luis Ernesto Derbez reconoció públicamente que tanto María Fernanda como Bryan Alexandro habían sido alumnos de la UDLAP y que habían dejado la institución hacía aproximadamente entre uno y dos años.
Entonces vale la pena detenerse.
¿En qué momento una persona deja de formar parte de una comunidad universitaria?
¿Cuando termina sus estudios? ¿Cuando deja de pagar? ¿Cuando desaparece de una base de datos?
Administrativamente puede haber una respuesta.
Humanamente hay otra.
Y eso fue precisamente lo que reclamaron las estudiantes que salieron a las calles el lunes. No estaban diciendo que la UDLAP hubiera cometido el feminicidio. Nadie razonablemente podría sostener semejante cosa. Lo que cuestionaron fue la manera en que una institución educativa reaccionó ante la muerte violenta de una joven que había formado parte de su comunidad.
“¡No fue un hecho ajeno, era nuestra compañera!”, gritaron frente a la universidad.
La frase debería hacer pensar a cualquiera que dirija una institución de educación superior.
Una universidad no es solamente el lugar donde un joven compra una educación durante algunos años. Hay relaciones que no caben en una matrícula: profesores que dejan huella, amigos que se convierten en familia, experiencias que acompañan toda la vida.
Por eso resulta particularmente desafortunado que, frente a una tragedia, la primera respuesta parezca ser una revisión de archivos para determinar si la víctima todavía pertenece oficialmente a la institución.
Quizá ahí está una de las mayores diferencias entre una empresa y una universidad.
Una empresa administra clientes.
Una universidad forma personas.
Y si la percepción de algunas estudiantes es que la institución se preocupa más por las cuotas que por quienes las pagan, sería un error descalificar esa percepción simplemente porque resulta incómoda. Una institución seria tendría que preguntarse por qué sus propios alumnos están llegando a esa conclusión.
Además de las consignas expresadas durante las protestas —las cuales omito por respeto—, valdría la pena que el rector hiciera un ejercicio de introspección para evaluar qué aspectos de su gestión deben cambiar, pues es evidente que su comunidad no guarda la mejor percepción sobre él.
Hay otro asunto que tampoco puede ignorarse.
La UDLAP está rodeada por una zona que durante años desarrolló una enorme actividad nocturna dirigida, en buena medida, a los estudiantes. La 14 Oriente y sus alrededores llegaron a concentrar una cantidad considerable de bares, antros y otros establecimientos.
Con el paso de los años muchos han cerrado o cambiado de giro. Eso no significa que el problema haya desaparecido.
En febrero de 2025, la Fiscalía de Puebla realizó un amplio operativo en la zona, con la participación de cerca de 200 elementos. Hubo cateos, aseguramientos y clausuras de establecimientos donde se encontraron sustancias ilícitas.
Tampoco es nuevo el problema de la llamada sumisión química. Investigaciones y advertencias de especialistas han documentado casos relacionados con la alteración de bebidas en establecimientos de la zona de la 14 Oriente.
No se trata de afirmar que todos los antros son peligrosos ni de convertir a los estudiantes en una especie de población incapaz de decidir por sí misma. Eso sería tan injusto como ingenuo.
Se trata de reconocer una realidad que está a la vista.
Las universidades conocen el entorno en el que viven sus estudiantes. También conocen los riesgos de una población joven que, naturally, sale, se divierte, bebe, experimenta y en algunos casos termina acercándose a sustancias que pueden cambiarle la vida.
¿Puede la universidad impedir que sus alumnos entren a un bar?
No.
¿Puede vigilar cada paso que dan fuera del campus?
Tampoco.
Pero sí puede hacer algo mucho más sencillo: hablar del problema de frente.
Puede advertir sobre los riesgos. Puede generar campañas de prevención que no parezcan sermones. Puede establecer protocolos para responder cuando una estudiante desaparece, cuando alguien denuncia una agresión o cuando existe una situación de violencia.
Puede, sobre todo, hacerle saber a sus alumnos que no están solos.
Eso también es educación.
Y aquí aparece una responsabilidad que no corresponde exclusivamente a la universidad. El Ayuntamiento de San Andrés Cholula tiene obligaciones de supervisión; los establecimientos deben cumplir la ley; la Fiscalía tiene que investigar los delitos y los responsables tienen que responder ante la justicia.
Pero una universidad tampoco puede vivir de espaldas a lo que sucede a unos cuantos metros de sus puertas.
Resultaría demasiado cómodo decir que una vez que el estudiante abandona el campus todo deja de ser asunto de la institución.
La vida real no funciona así.
María Fernanda ya no necesita que la UDLAP determine si fue alumna, exalumna o parte de una comunidad que administrativamente dejó atrás. Su familia necesita justicia. Sus amigos necesitan respuestas. Sus compañeros necesitan saber que la institución a la que confiaron una parte importante de su formación entiende que detrás de cada matrícula hay una persona.
Y quizá ésa sea la pregunta que debería quedar después de esta tragedia.
¿Qué clase de universidad queremos?
Una que recuerde a sus estudiantes mientras están inscritos y que, cuando ocurre una tragedia, primero revise sus archivos para saber si el asunto le corresponde.
O una que entienda que educar también significa hacerse cargo de la comunidad que construyó.
No de los delitos que otros cometen, desde luego. De eso responden quienes los cometen.
Pero sí de la manera en que una institución acompaña a los suyos cuando la violencia entra en su mundo.
La UDLAP todavía está a tiempo de demostrar cuál de las dos quiere ser.
La protesta de sus estudiantes no debería verse como una agresión contra la universidad.
Debería verse como una oportunidad para escuchar.
A veces los alumnos también les enseñan algo a sus maestros.