La Pluma y las Palabras (La Revolución Española y las responsabilidades del Rey)

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS RESPONSABILIDADES DEL REY

En las últimas semanas la situación política de España ha venido emplazándose en el primer plano de la vida internacional. Una revolución pacífica, honda y trascendente, se viene operando, sin que la opinión pública de Hispanoamérica acierte a comprender ni las causas profundas que la generan ni las condiciones políticas y sociales en que se encuentra el cuerpo social de España.

En realidad, en México, como en todos los países de la América española, se ha mantenido al público, y particularmente a la colonia ibera, en la más completa ignorancia sobre las realidades de la vida española; ignorancia acrecentada por la difusión de mentiras convencionales que se han venido consagrando como artículos de la fe hispanista.

En plena dictadura se alcanzaban a leer en la prensa española las más acerbas censuras al régimen y al rey mismo, mientras allende el Atlántico no se ha escrito más que la verdad oficial del gobierno español, exaltada por comentaristas generalmente interesados. La fiscalización ejercida por los rudos censores militares en España, era menos rigurosa y estricta que la censura impuesta por la mayoría de los directores de las empresas periódicas hispanoamericanas, bajo la simple presión de los intereses económicos de las colonias iberas.

Es que el español de América, influenciado por el espejismo de la patria lejana, no ha querido saber, ni ha permitido que se contemplen las realidades españolas expurgadas de toda mixtificación. Así, el hombre que amara a España orientando su espíritu hacia una España renovadora y libérrima, quedaba excluido del hispanismo ambiente, porque ante el criterio del español de América —hábil, naturalmente, del tipo común de los españoles que han plantado su tienda en nuestro hogar patrio— para ser hispanista es menester que se proclame la sencillez admirable del rey demócrata, y la obra reconstructora y sapiente de Primo de Rivera, y qué sé yo qué tantos despropósitos más que mueven a hilaridad…

De ahí que, cuando la realidad española se traduce en acontecimientos que no es posible ocultar, cunda una incertidumbre del género de ésta, que trastorna la mente del español ingenuo de América, y aun desorienta el juicio de la colectividad nacional.

Es necesario, entonces, que habituemos al español de América a contemplar la verdad de la vida que va viviendo su patria, con todas sus inflexiones y en toda la trascendencia que envuelve el actual momento histórico de España.

Esta es la única actitud honorable.

La crisis política de España no es una crisis de gabinete, ni de sistemas de gobierno; es la crisis del régimen monárquico, y, más claramente, la crisis vital de la dinastía borbónica, cuya liquidación desastrosa ha de provocar el desquiciamiento de la estructura misma del Estado español.

El episodio de Primo de Rivera, desde el golpe de Estado del 13 de septiembre del 23 hasta su reciente caída, no es un paréntesis que pueda fácilmente cerrarse con el retorno al orden constitucional, porque no es tampoco un acontecimiento o sucesión de acontecimientos esporádicos en la historia contemporánea de España. El fenómeno de desintegración del régimen monárquico se inicia con antelación a la dictadura, y el advenimiento de ésta no representa más que el esfuerzo torpe por salvar las responsabilidades del rey. El monarca echó su suerte en esta aventura, y ahora no le queda otro destino que seguir la suerte del dictador. Podrá, acaso, don Alfonso, prolongar sus días de mando ensayando otro directorio; pero, fatalmente, la vuelta a la legalidad señalará el fin de su reinado.

No bien se pisa tierra española cuando se advierte el grave conflicto que existe entre el espíritu de la nación —o conjunto de nacionalidades, para ser más justo— y el Estado. No es éste —el Estado— la estructura jurídica de la federación de nacionalidades hispánicas que acá conocemos con el nombre de España. El Estado español es tan sólo una armadura tosca y pesada que mantiene en postración al cuerpo social constituido por el conjunto de colectividades diversas (Cataluña, Vasconia, Galicia, Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla y además pueblos que forman, positivamente, cada uno, una entidad social), a las que se niega su personalidad para dar vida a una entelequia ayuna de razón, de sentido y de valor: la España centralista que nosotros conocemos. Para sustentar semejante organismo sin alma y sin arraigo popular, el Estado se apoya en el clásico predominio del clero, del ejército reforzado por la guardia civil —milicia pretoriana e insolente que se disemina por todo el territorio, hasta los más pequeños poblados—, y de las clases acaudaladas —conservadoras por antonomasia.

España, sin embargo, en su forma exterior, se regía por las normas que presiden el funcionamiento de una democracia parlamentaria. En tal virtud, el juramento de la Constitución por parte del rey, implicaba su completa renunciación al ejercicio del poder, tal como conviene a las monarquías constitucionales, en las que “el rey reina, pero no gobierna…”

Y fue perjuro don Alfonso XIII.

El desastre del Annual, en la desdichada guerra de Marruecos, había herido en lo vivo al sentimiento español. Para calmar la excitación que produjo la pérdida del general Silvestre y de 40 mil hombres que cayeron muertos o prisioneros en poder del admirable caudillo del Rif, Abd-el-Krim, se abrió el célebre proceso de responsabilidades. Primero era a jefes secundarios como el general Navarro, a los que se llevaba a juicio. Cuando esto no fue suficiente, se atacó más a lo alto, hasta incoar el proceso del teniente general don Dámaso Berenguer, alto comisario, a la sazón, en Marruecos.

En vano se buscó la víctima propicia sobre la que recayera el anatema público. La noble y atrayente figura del general Berenguer resistía victoriosamente el severo juicio analítico de sus actos. No había sido él quien hubiera ordenado el avance insensato del general Silvestre. Por el contrario, se hallaba muy lejos del lugar del desastre, en la zona de Tetuán y Xauen, ocupado en el desarrollo de un vasto plan de pacificación, cuando súbitamente se desarrollaron los graves acontecimientos que culminaron en el desastre de Annual. Había que enfocar, entonces, la investigación, más, mucho más hacia arriba.

En el discurso de este proceso extraordinario —que es el proceso de la monarquía española— se afirmó el sentido de la responsabilidad de políticos y estadistas, hasta que el Parlamento convino en designar una comisión investigadora en la que habría de tener participación, representantes de todos los sectores organizados de la opinión, inclusive los enemigos del régimen.

El rey se vio en peligro inminente de ser descubierto. Ni el alto comisario, ni el ministro de la Guerra, ni el presidente del Consejo habían dispuesto la marcha de Silvestre sobre Alhucemas. Había sido el rey don Alfonso XIII, quien provocara el celo de Silvestre recordándole que fue él el primer jefe español que puso la planta en tierra de África, y que era, por tanto él, y no el general Berenguer, a quien debería anotarse “la gloria” de conquistar Alhucemas. El desventurado Silvestre firmaba acusación tan tremenda, pues un día antes de su marcha fatal ratificaba al monarca la promesa de llegar a Alhucemas en fecha determinada. Y esto se hacía a espaldas del general en jefe y con desprecio del gobierno responsable.

El rey había violado la Constitución que juró y el rey había precipitado el desastre.

Para ocultar su perjurio, don Alfonso pensó entonces en la dictadura y Primo de Rivera surgió con el entusiasta apoyo del rey. De ahí que ahora los hombres que permanecen al lado del monarca pongan en el olvido de la investigación de responsabilidades —de las responsabilidades de Annual y de las responsabilidades por el advenimiento de la dictadura—, como precio del retorno a la constitucionalidad.

Las realidades concretas, por otra parte, acusan una creciente debilidad de la monarquía. Desde que Primo de Rivera, con la solidaridad del rey fueteó el rostro de los antiguos políticos, sostenedores de la monarquía, el monarca perdió, inclusive a los monarquistas. Unos —los jóvenes— han ido a reforzar las filas republicanas. Otros —los que no pueden avanzar en su credo— continúan monárquicos, pero contrarios a la dinastía. Así, en una futura elección —necesaria para el retorno a la legalidad—, por mucha que fuera la presión gubernamental, las fuerzas unidas de socialistas y republicanos, de demócratas y de liberales (monarquistas antidnásticos) habrán de abatir a los pocos ultramontanos que permanecen tibiamente fieles al rey.

España ha consumado una de las revoluciones más interesantes que se registran en la historia. Un pueblo inerme no puede lanzarse a aventuras bélicas contra un régimen y un Estado que hace llegar la fuerza pública hasta los más pequeños villorrios. Pero el pueblo español supo encontrar otro elemento de fuerza: su más completo aislamiento frente a la dictadura. En los seis años y medio que rigió el artículo 0 de la Constitución, la colectividad española en todos sus sectores de opinión, realizó una revolución pacífica con sólo oponer el espíritu público contra la arbitrariedad. Los intentos esporádicos para derribar al dictador con el estruendo de las armas fracasaron lamentablemente; pero la resistencia pasiva de las masas, la posición anticolaboracionista de las élites intelectuales y la rebeldía espiritual de los hombres habituados al ejercicio del poder, realizaron el milagro de la expulsión del dictador. Primo de Rivera se mantuvo en el vacío y fue el vacío el que terminó por ahogarlo.

Don Alfonso XIII echó su suerte tomando partido por la dictadura, y ahora lógicamente la dictadura habrá de arrastrarlo en su suerte.

El esfuerzo del general Berenguer, presidente del Consejo, por salvar a la monarquía y devolver la legalidad —la víctima de ayer que se yergue ahora como salvador de un náufrago—, será el último episodio de la monarquía, a menos que se prolongue una vida artificial, cayendo nuevamente y sin tapujos en otra dictadura, merced a la posición inerme del pueblo español. De otra suerte, no hay posibilidad de retornar a la legalidad y de que dentro de la legalidad subsista la monarquía, porque la monarquía es la que atada a la legalidad. Y en el sendero que pretende forzar el general Berenguer siempre hallará los procesos históricos que señalen las responsabilidades del rey.

El Nacional, 15 de marzo de 1930.

Froylán C. Manjarrez

Revista Réplica