La Pluma y las Palabras (Un certero acto de gobierno)

UN CERTERO ACTO DE GOBIERNO

Apegándose a las normas de gobierno que él ha implantado y que se traducen, para bien del pueblo, en la máxima eficacia que siempre ha demostrado en el obrar y en la gran rectitud y firmeza de sus juicios, el jefe de la nación ha venido a Monterrey para cerciorarse personalmente de las realidades que aquí prevalecieron con motivo de la agitación creada por los patrones y propagada por importantes órganos del periodismo nacional, que se hicieron eco de las denuncias presentadas contra un pretendido movimiento tendiente a subvertir el orden establecido por nuestras instituciones de derecho.

Sobre el terreno mismo de los acontecimientos, en el propio centro de la agitación y en el ambiente donde los hechos se desarrollaron, oyendo y pesando el testimonio de autoridades y representantes de las fuerzas organizadas de la colectividad, el presidente Cárdenas estudió con detenimiento el caso y formó su convicción acerca de las circunstancias que mediaron y de la verdadera causa de origen. Y ya bien informado, produjo las sensacionales declaraciones publicadas ayer, poniendo las cosas en su lugar, señalando responsabilidades y llamando a la serenidad.

Fue éste un certero acto de gobierno que destaca bien el propósito inquebrantable del primer magistrado de atajar conmociones estériles y agitaciones inmotivadas acudiendo a poner el remedio que sus causas reclamen, y ello reafirma la confianza popular en el hombre que rige los destinos de México y robustece el respaldo que todos los sectores sociales le prestan para que cumpla cabalmente su alta obra de construcción revolucionaria.

Según las aseveraciones de los capitalistas regiomontanos y las informaciones y comentarios de los periódicos que durante toda la semana mantuvieron una amplia campaña de publicidad alrededor de la situación de Monterrey, aquí se había iniciado un movimiento comunista contra el cual era necesario reaccionar en defensa del orden social, económico y político establecido por nuestras leyes, impidiendo el avance de la “ola roja”, como el sensacionalismo de cierto sector de la prensa dio en llamar a la supuesta acción disolvente.

La defensa debía comenzar por un grito de alarma que señalara el grave peligro, y por eso los patrones neoloneses decretaron el lock-out o paro de los días 5 y 6 —sin atender a su ilegalidad, seguro porque consideraron que en casos de tan imperativa urgencia no hay que pararse en minucias—, organizaron la manifestación del día 5 y fundaron una organización de lucha contra el comunismo, desatando la nutrida campaña periodística que por todo el país fue llevando el “alerta” lanzado en Monterrey —con el conveniente refuerzo de comentarios intencionados y noticias impresionantes, como el atentado contra la bandera nacional que se atribuyó a los obreros— a efecto de promover y agitar en todas partes el espíritu defensivo, y aprovechando de paso la ocasión para sugerir incidentalmente en algún editorial la necesidad de implantar el arbitraje obligatorio para resolver los conflictos de trabajo y abolir el derecho de huelga.

Tal aparecía implícitamente la explicación de la actitud patronal.

Pero ya ante la súbita presencia del presidente de la República había que aducir pruebas o argumentos que demostrasen el carácter subversivo de la actuación obrera, y los patrones ofrecieron la afirmación de que los dirigentes obreros habían hecho agitación comunista en un mitin vertiendo expresiones radicales, y el cargo de que el presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje profesaba doctrinas disolventes y por eso declaró lícita la huelga efectuada contra la Compañía Vidriera de Monterrey.

Claro está que expresiones radicales de lucha las emplean los trabajadores en sus reuniones —como en sentido opuesto las usan los patrones en las suyas— pero de ello no puede concluirse que hagan agitación subversiva contra el orden social, económico y político, ni que tengan la finalidad de destruirlo.

Y en cuanto a que semejantes tendencias se atribuyan al presidente del Tribunal Obrero como determinantes de su voto en favor de la licitud de la huelga, es bastante para desbaratar el cargo la comprobación —que el presidente Cárdenas realizó— de que el movimiento contra la Compañía Vidriera, que fue el caso concreto que dio origen a la agitación desencadenada por los patrones, es un simple conflicto de trabajo del género de los que ocurren normalmente en el país como resultado de la natural e inevitable lucha que las clases proletaria y capitalista sostienen, dentro de las normas legales, en el campo del reparto de la riqueza producida.

En consecuencia, si se cumplieron todos los requisitos de ley y el funcionario acusado no hizo otra cosa que reconocerlo así, ni la huelga ni la declaración de su licitud son hechos que —como en sus declaraciones lo asentó el jefe del Ejecutivo— rebasen el marco de nuestras instituciones, y por ello no se les pueden atribuir tendencias comunistas, a menos que igual cargo se haga contra el artículo 123 de la Constitución y contra la Ley Federal del Trabajo, que fueron las disposiciones en que la declaratoria de licitud se fundó.

En categórico y claro juicio basado en los amplios datos recogidos, el general Cárdenas dejó las cosas en su verdadero lugar y señaló la responsabilidad de quienes en realidad la tienen, cuando en sus declaraciones, como corolario del análisis de la situación, dijo: “Fue entonces la inconformidad patronal respecto a un fallo de autoridad competente, la causante del paro general llevado a cabo los días 5 y 6 de los corrientes, y de la agitación promovida a título de defensa contra la invasión de doctrinas disolventes”.

Es verdad que, como el mismo primer mandatario lo advirtió en las declaraciones que ameritan esta glosa, nada autoriza a creer en la existencia de un movimiento, comunista o de cualquier otro carácter, enderezado a subvertir ni siquiera a trastornar el orden social, político y económico que garantizan la Constitución general y las leyes del país, y que toda la agitación se debió a la equivocada actitud de reacción notoriamente excesiva que asumieron los capitalistas regiomontanos; pero también lo es que tales actitudes adoptadas sin medir sus consecuencias y con plena falta de serenidad, son socialmente indeseables y pueden provocar peligrosas reacciones de trascendencia imprevisible, ya que lo mismo que los patrones tacharon de disolvente la legítima actuación de los trabajadores, éstos podrían haber perdido la ecuanimidad y considerar la actividad patronal como una ofensiva capitalista o como la invasión de una “ola blanca” contra la que deberían defenderse de manera enérgica.

Por eso es que el presidente Cárdenas termina sus declaraciones con un llamamiento a la serenidad de ánimos, no sólo dirigido a las clases obrera y patronal, sino también a toda la prensa del país, para que presten su concurso al gobierno a fin de que no se desvíe la opinión atribuyendo a hechos que son normales, dentro de la natural pugna de intereses sociales y económicos que condicionan nuestro devenir, propósitos disolventes que están muy lejos de la conciencia de nuestro pueblo.

El Nacional, 16 de febrero de 1936.

Revista Réplica