Resumen de noticias noviembre 2025
Noticias de la semana
Del 3 al 9 de noviembre de 2025
Salen tres funcionarios de la Fiscalía de Puebla
Tres altos mandos de la Fiscalía General del Estado de Puebla —dos fiscales regionales y un coordinador— presentaron su renuncia tras ser señalados por presuntas irregularidades en el manejo de investigaciones. La dependencia confirmó las salidas como parte de una “restructuración interna” y aseguró que se continuará con los procesos administrativos correspondientes.
Este tipo de movimientos suelen anunciarse como esfuerzos de depuración institucional, pero rara vez explican qué tanto cambian las prácticas que originaron la crisis. En Puebla, la ciudadanía no necesita nuevos nombres, sino resultados que devuelvan la confianza a una justicia que, por ahora, sigue pareciendo selectiva.
Emboscada en Huixcolotla deja tres policías muertos
Tres agentes municipales —incluida una mujer comandante— fueron asesinados en una emboscada en San Salvador Huixcolotla, dentro del llamado “Triángulo Rojo” de Puebla. Los agresores dispararon más de 150 veces contra la patrulla. Días después, la Fiscalía informó sobre la detención de un presunto implicado.
Este crimen expone el abandono de los cuerpos de seguridad locales, que enfrentan al crimen organizado sin recursos ni respaldo real. La violencia ya no solo cobra vidas: desmantela la idea misma de Estado. En Huixcolotla, el miedo terminó sustituyendo la autoridad.
Marchas estudiantiles en Michoacán
Estudiantes de universidades y preparatorias marcharon en Morelia y Uruapan para exigir justicia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Los jóvenes pidieron protestas pacíficas y mayor protección a las comunidades educativas ante el clima de violencia.
Ver a los jóvenes encabezando manifestaciones pacíficas muestra un hartazgo contenido: una generación que ya no confía en las promesas políticas y decide salir a exigir lo que el Estado no ha sabido garantizar. En Michoacán, la esperanza se volvió consigna.
Acercamiento impropio a la presidenta en el Centro Histórico
Durante un recorrido por el Centro Histórico, una persona en aparente estado de ebriedad intentó tocar a la presidenta Claudia Sheinbaum. El individuo fue detenido y la mandataria presentó una denuncia formal por acoso. El hecho se viralizó en redes sociales y reavivó el debate sobre los límites entre cercanía y respeto hacia las figuras públicas.
El episodio trasciende el gesto de un hombre ebrio: refleja la resistencia de una sociedad a entender el respeto como norma. Que la presidenta haya denunciado el acto no es una reacción impulsiva, sino una declaración política: el poder femenino no debe normalizar agresiones, ni siquiera simbólicas.
Claudia Sheinbaum presenta el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
En respuesta a la creciente violencia, la presidenta anunció un plan integral que contempla el despliegue de 10 000 elementos federales y una inversión superior a 57 000 millones de pesos. La estrategia busca combatir la extorsión, el narcotráfico y fortalecer el tejido social en municipios con alta incidencia criminal.
El Plan Michoacán suena ambicioso, pero llega tras años de omisiones acumuladas. Más que una operación de fuerza, el desafío será reconstruir la confianza entre Estado y ciudadanos. Sin esa base, toda estrategia de seguridad termina siendo solo espectáculo político.
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asume la alcaldía de Uruapan
El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad que Grecia Quiroz, esposa del asesinado alcalde Carlos Manzo, asuma el cargo hasta el final del periodo. En su primera declaración, prometió continuar la lucha contra la violencia y “honrar el legado” de su esposo.
La historia se repite: una viuda asume el poder entre condolencias y expectativas. Más allá del gesto simbólico, el reto de Grecia Quiroz será transformar la empatía en gobernabilidad. Uruapan no necesita mártires, sino resultados tangibles.
Uruapan se levanta: miles de ciudadanos marchan por justicia
Miles de habitantes de Uruapan salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo y denunciar la inseguridad en el municipio. La movilización fue una de las más numerosas en la historia reciente de Michoacán.
Cuando un pueblo entero marcha, ya no pide solo justicia por un crimen, sino por todos los que la impunidad enterró. Uruapan se volvió espejo del país: dolido, cansado, pero todavía capaz de alzar la voz.
México ayudó a frustrar un plan para asesinar a la embajadora de Israel
Autoridades de Estados Unidos y de Israel informaron haber desmantelado un intento de la Guardia Revolucionaria de Irán para asesinar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neiger. El complot habría sido coordinado desde Venezuela. México colaboró en el operativo, aunque la SRE afirmó no tener registros formales del caso.
Este suceso recuerda que México, aunque se declare neutral, se encuentra en el tablero de las tensiones globales. La falta de información oficial refleja una diplomacia que prefiere la discreción a la transparencia. Pero en tiempos de redes y filtraciones, el silencio también comunica.
Nuevo alcalde de Nueva York
El demócrata Zohran Mamdani, de origen ugandés e hijo de inmigrantes, fue elegido como el primer alcalde musulmán de Nueva York. Su triunfo marca un giro progresista en la política local: promete transporte gratuito, salario mínimo de 30 dólares y políticas de vivienda más accesibles.
La victoria de Mamdani confirma que la diversidad puede ser fuerza política. En una ciudad que simboliza el poder financiero, un alcalde con discurso social representa una apuesta por equilibrar las desigualdades sin renunciar al progreso.
El ejecutivo de una farmacéutica se desmaya ante Trump en el Despacho Oval
Un alto ejecutivo de una empresa farmacéutica se desmayó frente a Donald Trump durante un acto en la Casa Blanca. El evento formaba parte de la presentación de un acuerdo para impulsar la producción nacional de medicamentos. El presidente suspendió brevemente la ceremonia y aseguró que el hombre se encontraba fuera de peligro.
Más allá del susto, la escena resulta simbólica: el colapso literal de un representante del poder farmacéutico frente a un presidente que ha hecho de la presión mediática su método. A veces, la política exhibe sus metáforas con una claridad brutal.
Noticias de la semana
Del 10 al 16 de noviembre de 2025
Reabren investigación: los escoltas de Carlos Manzo volverán a declarar
La Fiscalía del Estado de Michoacán ha decidido volver a llamar a declarar a los escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, para revisar a fondo su actuación durante el ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Aunque en un principio fueron descartados como sospechosos, los nuevos peritajes balísticos mantienen abiertas varias incógnitas sobre el papel que desempeñaron en los minutos críticos del atentado. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que los integrantes del cuerpo de seguridad del edil rendirán una segunda declaración ante la Fiscalía estatal. Ninguno está detenido, pero todos se mantienen bajo localización y comparecen cuando se les requiere. El motivo no es menor: aún no está claro de qué arma provinieron los disparos que terminaron con la vida del agresor —un joven de 17 años— ni si la misma arma pudo haber herido fatalmente al propio Manzo. La línea de investigación, hasta ahora llena de vacíos, apunta a una posible falla o confusión en la respuesta de los escoltas durante el ataque. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, descartó un error en el protocolo de seguridad, aunque reconoció que el alcalde no contaba con elementos de la Guardia Nacional, cuerpo con mayor preparación para este tipo de agresiones.
La reapertura del caso podría derivar en la atracción de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República, con lo que se revisaría todo el expediente desde cero, incluyendo los testimonios iniciales. Más allá de los aspectos técnicos, el caso de Carlos Manzo vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: en México, la seguridad de los funcionarios locales es, en muchos casos, una ilusión.
Los escoltas —mal entrenados, mal pagados o simplemente superados por el poder del crimen— representan el último eslabón de un sistema que protege poco y explica menos. Mientras la justicia se toma su tiempo para determinar quién disparó, el mensaje que queda es claro: ni el blindaje político ni las armas garantizan la vida cuando el Estado mismo se desmorona a balazos.
Detienen en Tijuana al exagente del CISEN señalado como segundo tirador de Colosio
Tres décadas después del magnicidio que marcó a México, el fantasma de Lomas Taurinas vuelve a aparecer. Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido CISEN y señalado desde 1994 como el supuesto “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue detenido nuevamente, esta vez en una vivienda de la colonia Los Reyes, en Tijuana.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió el sábado 8 de noviembre. Elementos de la Fiscalía General de la República lo trasladaron ante un juez federal para definir su situación jurídica. El arresto reabre un expediente que ha sobrevivido a tres décadas de sospechas, teorías y silencios institucionales.
No es la primera vez que Sánchez Ortega es detenido. Aquella tarde del 23 de marzo de 1994, en medio del caos y la incredulidad tras los disparos en Lomas Taurinas, fue asegurado porque portaba una chamarra con manchas de sangre y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de pólvora. Sin embargo, el juez de la época consideró insuficientes las pruebas y el caso se desvaneció entre la niebla burocrática.
Treinta años después, el mismo nombre reaparece como una sombra mal resuelta en la historia reciente de México. En 2024, la FGR ya había intentado reabrir la investigación, pero un juez detuvo el proceso al considerar que no existían elementos nuevos que justificaran una orden de aprehensión. Ahora, el Ministerio Público insiste, intentando rearmar un rompecabezas que el Estado prefirió dejar incompleto durante demasiado tiempo.
El caso Colosio nunca cerró realmente. Fue archivado con prisa, pero no con certeza. Y cada vez que un nombre resurge, como el de Sánchez Ortega, se evidencia la fragilidad de la verdad oficial. Porque en México los magnicidios, como los secretos de Estado, no prescriben: solo cambian de despacho, de expediente y de versión.
El país vuelve a mirar hacia Tijuana, no por nostalgia histórica, sino porque ese disparo en Lomas Taurinas sigue rebotando en las paredes de la impunidad.
Diputados aprueban reforma para eliminar cobros por cancelar tarjetas: un respiro para los usuarios
En una inusual muestra de consenso, la Cámara de Diputados aprobó con 467 votos a favor y ninguno en contra una reforma que promete poner fin a una de las prácticas más abusivas del sistema financiero: los cobros por cancelar tarjetas de crédito o débito. La modificación a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros avanza ahora al Senado para su ratificación.
La propuesta, impulsada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, establece que las instituciones bancarias y comerciales no podrán cobrar ni imponer penalizaciones por cancelar una tarjeta, sin importar si el trámite se realiza en sucursal, por teléfono o desde plataformas digitales, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
El cambio también obliga a los bancos a incluir de forma clara en sus contratos y formularios que la cancelación es gratuita. Además, deberán habilitar en sus aplicaciones y sitios web un botón visible para cancelar tarjetas sin burocracia ni condiciones.
La reforma refuerza otras medidas de protección al consumidor financiero: prohíbe a las instituciones cobrar anualidades, intereses o comisiones por servicios no autorizados, y garantiza que el historial crediticio de los usuarios no se vea afectado por el simple hecho de cancelar una tarjeta o dejar de usarla. Si hay cargos indebidos, los bancos estarán obligados a reembolsarlos en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Más allá del lenguaje técnico, esta reforma tiene un trasfondo simbólico: representa un pequeño triunfo del ciudadano común sobre la maquinaria bancaria que durante años se amparó en cláusulas confusas y ventanillas cerradas para retener clientes a la fuerza.
La eliminación de estos cobros no es solo una cuestión económica, sino un paso hacia un sistema financiero más transparente y menos abusivo, donde el consumidor deje de ser rehén de la letra chiquita. Habrá que ver si el Senado mantiene ese espíritu o, como tantas veces, lo diluye entre cabildeos y reservas de último minuto.
SSPC y SHCP cierran y denuncian 13 casinos por presunto lavado de dinero — ya van denuncias ante la FGR
El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Hacienda (SHCP), detectó un esquema de posible lavado de dinero en 13 casinos distribuidos en ocho estados; se presentaron denuncias ante la FGR, se dieron avisos a la Procuraduría Fiscal y se suspendieron o bloquearon actividades, páginas y cuentas vinculadas a operaciones irregulares. Las pesquisas apuntan a redes que usaban efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales para ocultar recursos y movilizar hasta decenas de millones de pesos.
¿Qué ocurrió?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinada con la SSPC y la SHCP, concluyó una investigación de meses en la que identificó conductas incompatibles con la ley: operaciones en efectivo, flujos desde y hacia el extranjero y uso de canales digitales no regulados en 13 casinos. Como resultado, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y se remitió el expediente a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y omisiones tributarias. En varios establecimientos se ordenó la suspensión temporal de actividades; también se bloquearon páginas de casinos virtuales y cuentas bancarias presuntamente vinculadas.
Las señales financieras detectadas —según el comunicado y reportes periodísticos— incluyen movimientos inusuales por montos de hasta 50 millones de pesos, transferencias internacionales a empresas fintech en EE. UU. y países europeos, y patrones de triangulación mediante prestanombres y cuentas de terceros. Los casinos señalados operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
La Procuraduría Fiscal describió una metodología: víctimas con datos usurpados (estudiantes, jubilados, amas de casa) recibían tarjetas o códigos con fondos de origen dudoso; esos recursos se apostaban en plataformas físicas y en línea; las supuestas “ganancias” eran inmediatamente transferidas al extranjero o a paraísos fiscales, o reinsertadas en otras apuestas para ocultar el origen real del dinero. El proceso se repetía cientos o miles de veces para blanquear recursos.
El Ejecutivo afirmó que la investigación cuenta con colaboración internacional —incluida la cooperación de unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países— y anunció que se fortalecerán los modelos de detección temprana, con IA y nuevas tipologías sectoriales, para identificar conductas inusuales antes de que dañen el sistema financiero.
Estados Unidos pone fin al cierre federal más largo de su historia: el Gobierno reabre tras 43 días de parálisis
Después de 43 días de inactividad, el Gobierno Federal de Estados Unidos reanudó funciones, poniendo fin al cierre administrativo más prolongado de su historia. La reapertura se concretó luego de que el Congreso aprobara un presupuesto provisional que garantiza la operación del aparato federal hasta el 30 de enero, fecha límite para acordar un paquete de financiamiento completo que evite otro colapso institucional.
El presidente Donald Trump firmó el documento poco antes de las 10:30 de la noche del miércoles, sellando así un acuerdo que —aunque temporal— otorga oxígeno político y económico al país. Este presupuesto de emergencia busca no solo restablecer la normalidad, sino también prevenir nuevas crisis presupuestarias, un mal crónico de la política estadounidense.
Las claves del acuerdo
El paquete financiero incluye medidas específicas para blindar sectores sensibles. El Departamento de Agricultura, por ejemplo, recibirá fondos suficientes para todo el ejercicio fiscal, asegurando la continuidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este programa alimentario, del que dependen uno de cada diez estadounidenses, había dejado a millones sin apoyo desde principios de noviembre.
Además, la aprobación permitirá que 670 mil empleados federales regresen a sus puestos después de más de seis semanas sin salario. Otros 730 mil trabajadores esenciales, que continuaron laborando sin cobrar durante el cierre, recibirán sus pagos atrasados en su totalidad.
La reapertura también aliviará la crisis que enfrentaba el transporte aéreo del país. La falta de controladores, muchos de los cuales solicitaron licencias o buscaron empleos alternos, provocó una reducción drástica del tráfico aéreo —hasta el 10 % en los 40 aeropuertos con más actividad—, además de miles de retrasos y cancelaciones desde el 7 de noviembre.
El acuerdo aprobado por el Senado y ratificado por la Cámara de Representantes incluye la restitución de los más de 6 mil despidos ejecutados durante el cierre y bloquea cualquier reducción adicional de personal federal hasta enero. La aprobación fue posible gracias a ocho senadores demócratas que rompieron la disciplina de voto y respaldaron la propuesta republicana.
Las tensiones políticas detrás del cierre
El cierre tuvo su origen en el estancamiento legislativo entre demócratas y republicanos. Los primeros se negaban a aprobar la continuidad presupuestaria sin garantizar la extensión de los subsidios al programa de salud Obamacare, mientras los conservadores exigían reabrir primero la administración antes de discutir las ayudas.
Con la reapertura asegurada, los republicanos prometieron que permitirán votar la ampliación de esos subsidios, en un intento por reducir tensiones y recuperar estabilidad política.
En su mensaje desde la Oficina Oval, Trump agradeció el apoyo bipartidista que permitió destrabar el conflicto y aseguró que no permitirá “otra extorsión” en futuras negociaciones presupuestarias. También pidió eliminar el filibusterismo, la maniobra parlamentaria que permite a las minorías bloquear decisiones aun sin mayoría de votos.
El cierre federal más largo de la historia de Estados Unidos deja al descubierto una verdad que trasciende las cifras: el país más poderoso del mundo puede detenerse por sus propios desacuerdos. Detrás de los discursos sobre responsabilidad fiscal y disciplina partidista, millones de familias quedaron sin salario, sin asistencia alimentaria y sin servicios básicos.
El acuerdo firmado no es una victoria política, sino una tregua temporal en una guerra interna donde la polarización se ha convertido en el verdadero enemigo del Estado. Washington reabre, sí, pero el reloj ya volvió a correr: en enero, el Congreso deberá demostrar si aprendió la lección o si volverá a cerrar su propia puerta.
Oposición rechaza propuesta de revocación de mandato en 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la idea de mover la consulta de revocación de mandato a 2027, para que coincida con las elecciones intermedias. Según la mandataria, hacerlo simultáneamente “ahorraría recursos al pueblo de México” y permitiría organizar ambos procesos en una sola jornada.
Sin embargo, la oposición ve otra intención detrás. Dirigentes del PRI y el PAN acusan a Morena de intentar aprovechar el proceso electoral para reposicionar a Sheinbaum en la boleta, temerosos —dicen— de perder espacios políticos ante el creciente descontento social.
El priista Rubén Moreira señaló que el oficialismo busca “meter” a la presidenta en la contienda para influir en el voto, recordando que López Obrador hizo lo mismo en 2022 al promover su propia continuidad. Por su parte, Ricardo Anaya afirmó que Morena actúa “con pánico” ante las elecciones de 2027, donde estarán en juego 15 gubernaturas y toda la Cámara de Diputados, y advirtió que si Sheinbaum aparece en la boleta “podría salir revocada”.
Organizaciones civiles, como Laboratorio Electoral, coincidieron en que la iniciativa contradice el principio de neutralidad presidencial, al exponer a la mandataria en un proceso donde podría influir en el electorado.
El fondo del debate es político: Morena busca conservar su mayoría calificada en el Congreso y las doce gubernaturas clave que conquistó en 2021. En juego están bastiones como Michoacán, Baja California y Campeche, estados golpeados por la violencia, escándalos o tensiones institucionales.
La propuesta, aún en discusión, representa más que un ajuste de calendario: es una disputa por el control del poder y la narrativa pública en la mitad del sexenio.
Corte somete a Grupo Elektra: queda firme adeudo de 33 mil millones de pesos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe definitivo en uno de los litigios fiscales más grandes del país: por unanimidad, el Pleno confirmó que Grupo Elektra debe pagar un crédito fiscal superior a 33 mil millones de pesos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, y sancionó a la empresa por intentar frenar el avance del caso mediante recursos considerados dilatorios.
El amparo, desechado por falta de “interés constitucional”
El asunto —el amparo directo en revisión 6321/2024— fue desechado luego de que el ministro ponente, Rodrigo Arístides Guerrero, argumentara que el caso no cumplía con los requisitos para ser revisado por el Máximo Tribunal. Según el análisis, los temas de constitucionalidad ya han sido resueltos en precedentes obligatorios, por lo que el amparo carecía de excepcionalidad.
Intentos de frenar el proceso: la Corte responde con una multa
El Pleno también impuso a Grupo Elektra una multa equivalente a 70 Unidades de Medida y Actualización (unos 7 mil 919 pesos), tras concluir que la empresa intentó prolongar artificialmente el juicio mediante impedimentos, recursos y ampliaciones sin fundamento legal.
La Corte señaló que estas maniobras buscaban obstaculizar el dictado de la sentencia, por lo que desestimó cada intento de frenar el avance del litigio.
Impedimentos y debates internos
En la misma sesión, la SCJN resolvió los impedimentos promovidos por la compañía para intentar excluir a ministros del análisis del caso.
El Pleno determinó que no existían razones válidas para apartar a los ministros señalados y, además, aclaró que expresiones pasadas en redes sociales —previas al nombramiento de algunos integrantes del Tribunal— no afectan su imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Lo que viene
El fallo confirma uno de los créditos fiscales más elevados en la historia reciente y se suma a una lista de litigios que Grupo Salinas mantiene abiertos ante el fisco. Tan solo este jueves, la SCJN tiene programada la discusión de otros expedientes que, en conjunto, alcanzarían un monto aproximado de 48 mil millones de pesos adicionales.
Reestructuración profunda en la Fiscalía de Puebla: se van fiscales y entran nuevos perfiles
Durante la semana pasada, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) implementó una depuración significativa que incluye la salida de seis fiscales originarios del Estado de México, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades.
La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, informó que estos desplazamientos responden a “renuncias voluntarias por motivaciones personales y profesionales”, aunque el área de Asuntos Internos ya abrió indagatorias contra algunos de los exfuncionarios por acusaciones como extorsión y lavado de dinero.
Uno de los principales escollos que motivó esta reestructuración fue la difusión de audios en los que agentes ministeriales admitían cobrar entre 5 y 10 mil pesos para liberar vehículos asegurados, lo que generó una fuerte presión social para una transformación al interior de la FGE.
Para sustituir a los salientes, la Fiscalía nombró a cinco nuevos titulares, apostando por perfiles poblanos y con conocimiento local:
- José Luis Hernández González, en la Fiscalía de Investigación Metropolitana.
- Sandra González de Yta, al frente de la Fiscalía de Investigación Regional.
- Rubén Alberto Curiel Tejeda, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
- José González Zepeda, como titular de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión.
- Fredy Erazo Juárez, quien dejará su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia para asumir la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia a partir del 16 de noviembre.
El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldó abiertamente la “poblanización” de la Fiscalía, señalando que los cambios son parte de una estrategia para erradicar la corrupción y las malas prácticas arraigadas por mandos externos que no identificaban con la realidad poblana.
En su discurso, la fiscal Idamis Pastor aseguró que esta reestructuración tiene el objetivo de consolidar una institución “moderna, eficiente y cercana” a la ciudadanía, con mayor rendición de cuentas y capacidad operativa.
El movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio y sostenido: desde que Pastor Betancourt asumió, decenas de funcionarios han sido separados por posibles conductas indebidas.
Marcha de la “Generación Z” – 15 de noviembre
Miles de personas participaron en la marcha convocada bajo el nombre de “Generación Z” en distintas ciudades del país, con una asistencia numerosa de manifestantes en la Ciudad de México. La movilización surgió como respuesta al hartazgo por la violencia, la corrupción y la impunidad, además de incluir demandas como la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum y mayores controles ciudadanos sobre el poder político.
El contingente avanzó del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde se registraron momentos de tensión: grupos encapuchados derribaron parte de las vallas que protegían Palacio Nacional y hubo enfrentamientos con la policía. Las autoridades reportaron decenas de lesionados entre elementos de seguridad y civiles, así como varias detenciones. Aunque la protesta se presentó como un movimiento impulsado por jóvenes, la participación fue diversa y no se limitó a la población nacida entre 1997 y 2012.
El gobierno federal acusó que detrás de la convocatoria existe una campaña digital financiada desde el extranjero, con un gasto estimado superior a 90 millones de pesos, lo que abrió debate sobre la autenticidad y autonomía del movimiento. Paralelamente, analistas y medios señalaron la presencia de figuras con trayectoria política y sectores que intentaron capitalizar la narrativa juvenil.
La marcha dejó ver un descontento social profundo y una urgencia por mecanismos de rendición de cuentas más sólidos. Sin embargo, las interrogantes sobre su origen, la participación de actores externos y la falta de estructura clara podrían diluir su impacto político. El reto para este movimiento será demostrar que la indignación ciudadana puede transformarse en organización real y no quedarse como una etiqueta momentánea en redes.
Estados Unidos anuncia la “Operación Lanza del Sur” contra presuntos narcoterroristas en el hemisferio
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, una misión militar dirigida por la Joint Task Force Southern Spear y el US Southern Command (SOUTHCOM), con el objetivo declarado de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental” y frenar el flujo de drogas hacia su país.
Hegseth aseguró que la orden proviene directamente del presidente Donald Trump y que el Departamento de Guerra ya está ejecutando acciones en la región.
El País reporta que la operación se anuncia en un contexto de tensión creciente con Venezuela, donde Estados Unidos incrementó su presencia naval en el Caribe. Asimismo, desde octubre se han registrado alrededor de 20 ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo estimado de 80 muertos, según cifras citadas en informes preliminares.
The Guardian confirmó el anuncio y señaló que la administración estadounidense ya había anticipado operaciones más agresivas bajo el concepto de “narcoterrorismo”.
Gobiernos de la región observan con preocupación la falta de claridad sobre los límites legales y geográficos de la operación, mientras que organizaciones internacionales han advertido posibles violaciones al derecho internacional si continúan ataques letales en aguas internacionales sin supervisión civil.
Noticias de la semana
Del 17 al 23 de noviembre de 2025
Trump advierte que podría autorizar ataques militares contra cárteles en México
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de operaciones militares contra cárteles de la droga en territorio mexicano para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país. En una conferencia reciente en la Casa Blanca, señaló que estaría dispuesto a actuar “si es necesario” para detener las drogas, e incluso afirmó que se sentiría “orgulloso” de realizar ataques, aunque no aseguró que los llevaría a cabo.
Trump también ha implicado que conocería las rutas de narcotráfico y que mantiene comunicación con las autoridades mexicanas sobre su postura. Sin embargo, ha sido vago al responder si pediría permiso al gobierno mexicano o al Congreso para lanzar una intervención militar.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó formalmente cualquier intervención estadounidense en suelo mexicano. Aseguró que existe un acuerdo bilateral de coordinación que respeta la soberanía nacional y que la cooperación debe darse “sin subordinación”. Además, dijo que ha rechazado propuestas de envío de tropas estadounidenses.
A pesar de las amenazas verbales, un alto funcionario del Pentágono aclaró que, bajo el marco legal actual, las fuerzas estadounidenses no tienen autoridad para realizar ataques de drones contra los cárteles en México.
Este cruce de posturas deja en evidencia una tensión creciente entre la retórica de Trump y el límite de la acción real, así como la firme defensa de la soberanía mexicana por parte del gobierno de Sheinbaum.
Acusan detenciones arbitrarias tras marcha de la “Generación Z” en México
Durante las manifestaciones del pasado 15 de noviembre, que involucraron a jóvenes bajo la consigna de la “Generación Z” y se extendieron a varias ciudades del país, se registraron numerosas denuncias por abusos policiales y presuntas detenciones arbitrarias.
En Guadalajara, familiares y organizaciones civiles, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), reportaron uso excesivo de la fuerza, tratos crueles y detenciones indiscriminadas, incluso después de que concluyeron las movilizaciones. Testimonios apuntan a que personas fueron arrestadas aleatoriamente, sin pruebas claras de participación en actos violentos.
En la Ciudad de México, se informó que al menos 19 personas fueron detenidas, algunas por delitos graves como tentativa de homicidio, según la fiscalía capitalina. Además, organizaciones defensores de derechos humanos exigen que se investigue la actuación policial, pues siete policías fueron suspendidos por presunta agresión a manifestantes y periodistas.
En cuanto a la dimensión judicial, ya cinco personas han sido vinculadas a proceso y otras enfrentan medidas cautelares; algunos abogados defienden que las imputaciones carecen de sustento claro y podrían ser parte de una criminalización del activismo juvenil.
Estas denuncias ponen en evidencia una tensión profunda entre el derecho a la protesta social y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. El hecho de que se aleguen detenciones arbitrarias y violaciones a derechos procesales eleva la marcha de la Generación Z más allá de un simple estallido de indignación juvenil: se perfila como un momento de crisis institucional.
- Por un lado, las autoridades argumentan que los arrestos fueron legales y motivados por delitos concretos, pero la versión oficial choca con los testimonios de familias y defensores de derechos humanos que denuncian un patrón de represión.
- Por otro, suspender policías por abuso es un paso positivo, pero no basta si no hay compromiso real de reformar los protocolos de contención en protestas.
- Además, la protesta de la Generación Z parece reflejar un desencanto no solo con la inseguridad, sino con la corrupción y la falta de oportunidades, lo que podría señalar una brecha creciente entre la juventud y las instituciones políticas.
Si no se atiende con transparencia y responsabilidad, el manejo de estas detenciones podría profundizar el malestar social y dar más fuerza a un movimiento que, hasta ahora, ha desbordado los marcos tradicionales de la política.
Sheinbaum condena la violencia en la marcha de la “Generación Z” y cuestiona su legitimidad
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente sobre la movilización del 15 de noviembre conocida como la marcha de la “Generación Z”. En varios comunicados y conferencias matutinas ha condenado los actos violentos registrados durante la protesta, afirmando: “no a la violencia”.
Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a los grupos que participaron en los enfrentamientos, pues denunció que había “un grupo muy violento que se fue contra la Policía”. Según su versión, el objetivo de esos participantes no era simplemente manifestarse: aseguró que algunos llegaron “preparados” con ganzúas, martillos o equipos para derribar vallas, lo que, dijo, apunta a una intención de generar confrontación más que de dialogar.
Además, Sheinbaum cuestionó la composición real de los manifestantes. Señaló que “muy pocos jóvenes” eran en realidad de la Generación Z, y afirmó que se vieron muchas caras conocidas de movimientos de oposición —incluyendo figuras políticas y de la llamada “Marea Rosa”— lo que, según ella, sugiere que la convocatoria no fue espontánea ni genuinamente juvenil.
También criticó la forma en que se organizó la marcha en redes sociales. Aseguró que muchas cuentas que convocaban eran bots o estaban respaldadas por inteligencia artificial, especialmente en plataformas como TikTok, y apuntó que hubo “impulso” financiero por parte de fuerzas políticas opositoras.
Aun así, Sheinbaum insistió en que su gobierno no reprimirá a los jóvenes de forma arbitraria: “En México no se reprime a los jóvenes”, dijo, y agregó que es importante escucharlos dentro del marco legal.
La postura de Sheinbaum refleja una estrategia dual: condenar la violencia de la marcha para reforzar la imagen de un gobierno responsable, pero al mismo tiempo, deslegitimar la movilización al cuestionar su origen, financiamiento y carácter “auténticamente juvenil”. Esto plantea varias preocupaciones:
- Desconfianza institucional: Al afirmar que muchos manifestantes no eran jóvenes e insinuar que la protesta fue “comprada”, Sheinbaum corre el riesgo de desestimar las demandas reales de una parte de la ciudadanía que sí quiere un cambio estructural y no solo un espectáculo mediático.
- Narrativa de desinformación: Sus acusaciones sobre bots, IA y campañas políticas detrás de la marcha podrían reforzar la idea de que todo movimiento social está manipulado, lo que debilita la capacidad de movilización genuina de los jóvenes y contribuye a una atmósfera de polarización.
- Tensión entre legitimidad y represión: Al pedir que se investiguen los grupos violentos, Sheinbaum parece defender el derecho a protestar, pero al mismo tiempo marca una línea muy firme contra quienes considera “provocadores”. Esto podría traducirse en un uso selectivo del poder que solo afecta a quienes no son previamente aceptados por el poder estable.
Armenta acusa a San Andrés Cholula de instigar violencia en la marcha del 15 de noviembre
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló públicamente este 17 de noviembre que funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, junto con miembros del PAN, se infiltraron en la marcha de la “Generación Z” del 15 de noviembre con una intención clara: desencadenar violencia. Según Armenta, hubo personas “incrustadas” que agredieron a otros manifestantes, incluso a un adulto mayor, para generar caos y responsabilizar al gobierno estatal de algún incidente grave.
El mandatario sostuvo que estos incidentes no fueron espontáneos, sino parte de un plan para “reventar” la movilización y fabricar un escenario donde la oposición culpara al Ejecutivo poblano por los daños. Armenta aseguró que ya se abrió una investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y llamó a la Fiscalía General a actuar con diligencia.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, gobernado por Guadalupe Cuautle (PAN), emitió un comunicado en el que condena “todo acto de violencia” y rechaza las acusaciones. El municipio asegura que siempre ha promovido la libertad de expresión, la pluralidad y la tolerancia, y advirtió que no participó en una “provocación política” durante la marcha.
Además, diputados locales de Morena respaldaron las afirmaciones de Armenta y pidieron que se investigue si hubo financiamiento o apoyo partidista detrás de la marcha.
La acusación de Armenta trasciende una mera queja política: es una estrategia para enmarcar la marcha de la Generación Z como un acto planeado por la derecha para desestabilizar su gobierno.
Al apuntar a figuras específicas de San Andrés Cholula, no solo busca responsabilizar al PAN, sino también generar desconfianza sobre la autenticidad del movimiento juvenil.
Este discurso tiene implicaciones importantes:
- Política partidista: Al vincular a un municipio panista con violencia deliberada, Armenta refuerza la narrativa de un enfrentamiento estructural entre Morena y sus opositores.
- Legitimidad del movimiento juvenil: Acusar a “infiltrados” socava la autonomía de la Generación Z, sugiriendo que sus demandas no son genuinas, sino manipuladas por fuerzas políticas tradicionales.
- Riesgo de polarización: Si las investigaciones no son transparentes o concluyentes, podría consolidarse una división más profunda entre ciudadanos jóvenes movilizados y estructuras del poder establecido.
En efecto, estas acusaciones no solo ponen en juego la reputación del PAN en Puebla, sino también la credibilidad del movimiento social que sostiene críticas legítimas al statu quo.
Incendian bar en Puebla: presunto cobro de piso deja cinco muertos
Un comando armado irrumpió en un bar nocturno en Puebla, identificado como La Coss, ubicado en la 11 Sur y 105 Poniente, y provocó un incendio que dejó al menos cinco personas muertas.
Según los primeros reportes, los agresores llegaron con armas de fuego, rociaron gasolina y prendieron fuego al establecimiento, bloqueando las salidas para evitar que las víctimas escaparan. Las víctimas son tres meseros y dos bailarinas, y se cree que murieron por intoxicación de monóxido de carbono.
Las autoridades locales manejan dos hipótesis como posibles móviles del ataque: cobro de piso (extorsión) y narcomenudeo. El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez, dijo que ya hay líneas de investigación abiertas para identificar a los responsables.
Sin embargo, el presidente municipal de Puebla, José “Pepe” Chedraui, descartó que haya evidencia clara hasta ahora sobre cobro de piso. Por su parte, la Fiscalía del estado mantiene la investigación y no ha cerrado ninguna hipótesis.
Este suceso no puede interpretarse como un simple incendio trágico: la posibilidad de que se trate de extorsión criminal —el famoso “cobro de piso”— coloca al ataque dentro de un patrón de violencia organizado donde los negocios nocturnos se convierten en objetivos estratégicos para grupos delictivos.
Si se confirma el cobro de piso como causa, este episodio exhibe de forma brutal cómo la inseguridad estructural en Puebla no solo amenaza la vida de los trabajadores, sino también la integridad de los empresarios y locales nocturnos. Además, la intervención de un comando armado y el método empleado (entrada violenta + gasolina + fuego) sugiere un nivel de impunidad y de poder criminal que va más allá de simples extorsiones recurrentes: es un acto de intimidación y control.
La negativa inicial de las autoridades municipales sobre la extorsión podría debilitar la confianza pública, si no se acompaña de una investigación profunda, transparente y con resultados contundentes. En un contexto así, la tragedia tiene implicaciones mucho más amplias: plantea preguntas sobre el colapso del Estado para proteger a sus ciudadanos y sobre la capacidad real de los cuerpos policiales para frenar el crimen organizado en Puebla.
Detienen a “El Licenciado”: presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Las autoridades mexicanas han capturado a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.
- Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “El Licenciado” desempeñaba un papel de mando en una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Su captura derivó de un análisis de mensajes telefónicos, donde supuestamente daba instrucciones a los sicarios para planear el asesinato.
- En el operativo para detenerlo se incautaron armas, dosis de droga y teléfonos celulares.
- Actualmente, “El Licenciado” enfrenta cargos de homicidio calificado y lesiones calificadas, y fue trasladado al penal federal del Altiplano.
- Además, siete escoltas del alcalde fueron arrestados por su probable participación por “homicidio calificado por omisión” en el hecho.
La detención de “El Licenciado” representa un avance significativo en la investigación del asesinato de Manzo, pero también abre varios frentes de reflexión:
- Implicación del crimen organizado: Si se confirma su vínculo con el CJNG y su papel como autor intelectual, muestra cómo los carteles pueden ejercer un control tan profundo que planifican ataques incluso contra figuras públicas que se presentan como críticos del poder criminal.
- Juventud instrumentalizada: El asesino material fue un menor de edad, lo que apunta a una estrategia de los grupos delictivos para reclutar jóvenes vulnerables para llevar a cabo actos de violencia, desconectándose de los efectos directos sobre sus operativos si algo sale mal.
- Retos para la justicia: Aunque la captura de un cerebro criminal es importante, la complejidad del caso —con escoltas implicados, mandos altos y estructuras criminales— exige una investigación profunda y una estrategia judicial sólida. No basta con detener a un autor intelectual si el resto de la red no se desmantela.
- Mensaje político: Este arresto podría leerse también como una señal del gobierno para reafirmar su compromiso con la seguridad, especialmente después de la indignación pública que provocó el asesinato de Manzo. Pero debe ir acompañado de resultados reales para no convertirse en una acción meramente simbólica.
Generación Z retoma las calles: marchan el 20 de noviembre y convocan otra para el 14 de diciembre
El colectivo Generación Z México ha convocó una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, después de la manifestación del 15 de noviembre. La marcha partióa las 11:00 h desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX.
En su plataforma, el movimiento señaló que el objetivo es sostener la presión social y mantener vigente su demanda de seguridad, justicia, trabajo digno y un mejor acceso a servicios públicos.
Sin embargo, medios reportan que la convocatoria tuvo una menor convocatoria que la marcha anterior. Además, el colectivo reconoció que hubo “fallos en la organización” durante esta nueva jornada, lo que atribuyen a su estructura descentralizada.
Pero no es todo: Generación Z también ha anunciado ya una tercera marcha nacional, para el domingo 14 de diciembre. En su llamado, pidieron estar atentos a sus redes oficiales para conocer las rutas y horarios definitivos.
- La convocatoria para el 20 de noviembre demuestra que el movimiento quiere sostener su narrativa más allá de un estallido puntual: no solo protesta por la inseguridad o la corrupción, sino que busca consolidar una presencia política constante.
- Reconocer públicamente “errores de comunicación” al organizar la marcha refleja transparencia, pero también debilidad táctica: su estructura “descentralizada” puede dificultar la coordinación en movilizaciones masivas.
- La tercera marcha, prevista para diciembre, podría ser clave para medir la capacidad real del colectivo de transformar el descontento juvenil en un actor político con demanda concreta, no solo simbólica.
- Al mismo tiempo, la menor participación reportada en la marcha del 20 podría indicar que el impulso inicial se diluye o que el movimiento aún no ha encontrado una fórmula para movilizar de forma sostenida.
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, revela en entrevista con Adela Micha que Sheinbaum expresó “remordimiento” por no haber recibido a su esposo
En una conversación con la periodista Adela Micha, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa del exedil Carlos Manzo, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum admitió sentir culpa por no haber concedido una reunión con Manzo durante su vida.
- Según Quiroz, al momento de su encuentro, Sheinbaum le dijo:
“Soy un ser humano … sí pasó por mi cabeza ese remordimiento de por qué no lo había recibido.”
- Grecia explicó que originalmente intentó cancelar la reunión: estaba enojada, dolida y dudaba de la utilidad del encuentro.
- También pidió a la presidenta que investigara a integrantes de su propio partido —Morena— por posibles vínculos con el asesinato de su esposo.
- Según la entrevista, Sheinbaum prometió no encubrir a nadie, independientemente de su afiliación política.
El testimonio de Quiroz pone en evidencia varias tensiones políticas y morales relevantes:
- Reconocimiento público de culpa: Que Sheinbaum confiese remordimiento puede ser un gesto humano, pero también una estrategia para amortiguar la presión política. No basta con palabras si no hay acciones concretas para esclarecer lo ocurrido.
- Desconfianza en la investigación: Las demandas de Quiroz para que se investiguen a morenistas muestran que no cree que el proceso sea imparcial. Esto alimenta una narrativa de posible encubrimiento dentro del gobierno, lo que podría debilitar aún más la legitimidad de las instituciones.
- Simbolismo político: La viuda de Manzo, ahora funcionaria pública, articula su discurso como un llamado moral y político: exige justicia, pero también habla a nombre de un legado que trasciende lo personal, posicionándose como una voz de resistencia.
- Riesgo de un cierre superficial: Si la promesa de “no encubrir a nadie” se queda solo en palabras, podría consolidarse una sensación de impunidad. Para que el reclamo de Quiroz tenga peso real, se necesita una investigación transparente, independentemente de filias partidistas.
Miss Universo para México: el triunfo de Fátima Bosch llega con polémica
Fátima Bosch Fernández, de Tabasco, se coronó como Miss Universo 2025 en Bangkok, pero su victoria ha estado marcada por una serie de controversias que han puesto en duda la credibilidad del certamen.
Principales controversias
- Insulto público por parte del director tailandés
Durante un evento previo al certamen, Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, reprendió a Bosch por no cumplir con ciertos requisitos de promoción en redes sociales. En la transmisión en vivo, la habría llamado “tonta” (“dumbhead”), lo que provocó que Bosch se levantara y se retirara en señal de protesta.
Varias concursantes la acompañaron en el gesto, hubo un fuerte respaldo a su postura y el incidente generó una crisis de imagen para la organización.
Nawat se disculpó posteriormente, pero el episodio dejó un signo de interrogación sobre el trato a las participantes femeninas y los estándares de respeto.
- Renuncia de jueces por supuesta falta de transparencia
Dos miembros del jurado abandonaron la competencia días antes de la final, alegando irregularidades en el proceso de selección. El juez Omar Harfouch denunció que existía un comité paralelo para elegir a las finalistas y que ya se sabía que Bosch sería la ganadora.
Según él, hay vínculos de negocio entre Raúl Rocha (copropietario de Miss Universo) y el padre de Bosch, lo que, según esas versiones, podría haber influido en el resultado.
La Miss Universe Organization negó estas acusaciones y defendió que su protocolo de puntuación es transparente y sigue las reglas establecidas.
- Credibilidad en entredicho
En redes y medios, algunos usuarios han cuestionado si la victoria de Bosch no fue también una decisión de relaciones públicas o un gesto simbólico, más que un reconocimiento puramente meritocrático.
A pesar de estas críticas, su triunfo ha sido interpretado por muchos en México como algo más que un simple concurso: una reivindicación de su voz, su dignidad y su capacidad para alzar la voz ante injusticias.
- La reacción fuerte de Bosch ante el insulto no solo transformó su narrativa dentro del certamen: la posicionó como una figura de empoderamiento, lo que ha resonado con mujeres que critican los estándares tradicionales de belleza.
- Sin embargo, las acusaciones sobre un posible “arreglo” en las votaciones podrían empañar su triunfo. Si no se aclararan con transparencia, este escenario podría minar la legitimidad de su corona y reactivar la percepción de que los concursos de belleza son en parte espectáculo mediático o incluso negocio.
- Además, este caso refleja una tensión estructural dentro de certámenes internacionales: la lucha entre la autenticidad (concursantes con voz, valores) y las dinámicas de poder detrás del escenario (organizadores, patrocinadores, redes de influencia).
- En un momento en que los movimientos de género reclaman más libertad, este tipo de controversias pone en evidencia que incluso eventos celebratorios como Miss Universo no están exentos de debates más profundos sobre respeto, dignidad y equidad.
Niegan libertad anticipada a Javier Duarte: exgobernador deberá cumplir hasta abril de 2026
La jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una condena de nueve años por asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
- Zamorano determinó que Duarte no cumple con dos de los seis requisitos que exige la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos el más grave: tener un proceso penal pendiente.
- El proceso que bloquea su salida anticipada es por desaparición forzada: la Fiscalía local sostiene que Duarte obstruyó una investigación sobre la desaparición del policía David Lara Cruz.
- Otro apartado que falló en su favor fue acreditar cumplimiento con el “plan de actividades” dentro del Reclusorio Norte: no demostró haber realizado las actividades culturales, recreativas y deportivas exigidas.
- La jueza concluyó que su petición es “infundada” y le ordenó permanecer 142 días más en el penal, hasta completar su condena en abril próximo.
- La defensa, liderada por el abogado Pablo Campuzano, anunció que apelará el fallo.
La negativa a conceder la libertad anticipada a Duarte tiene un doble simbolismo: por un lado, reafirma que incluso personajes poderosos que han sido juzgados por corrupción no están exentos de rendir cuentas; por otro, recuerda que la justicia no puede permitirse concesiones precipitadas cuando existen pendientes serios, como la acusación de desaparición forzada.
Sin embargo, este fallo también pone de manifiesto las limitaciones de nuestro sistema: que Duarte haya cumplido la mayor parte de su condena no implica automáticamente que haya saldado todas sus deudas morales con la sociedad. La exigencia de una reinserción más sustancial —más allá de estar en celda, hacer actividades culturales o deportivas— parece convertirse en una barrera alta, quizá indispensable, para prevenir que figuras con poder vuelvan al juego político con impunidad.
Al final, la decisión de la jueza es un recordatorio: liberar no es simplemente cerrar un capítulo, sino asegurarse de que el libro no pueda reescribirse sin pagar el precio completo de sus páginas más oscuras.
México se prepara para un megabloqueo nacional convocado por transportistas y organizaciones campesinas
México amaneció este lunes 24 de noviembre bajo un ambiente de alerta vial. Transportistas agrupados en la ANTAC, junto con diversas organizaciones campesinas, han convocado a un megabloqueo nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras, denunciar extorsiones y reclamar condiciones laborales más justas.
La protesta contempla cierres carreteros, bloqueos de casetas, tomas de accesos urbanos y posibles afectaciones en aduanas, con inicio entre las 6:00 y 8:00 a.m. Aunque la convocatoria es pública, los puntos exactos se están difundiendo con cautela para evitar sabotajes o confrontaciones.
Entre los estados que podrían presentar afectaciones se encuentran: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas. Las autoridades han recomendado evitar viajes no esenciales por carretera y monitorear rutas en tiempo real.
El sector transportista advierte que la situación en las carreteras del país se ha vuelto insostenible: asaltos constantes, pérdidas millonarias, trámites irregulares y una creciente inseguridad que ha puesto en riesgo vidas y mercancías.
Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene a la expectativa de cómo evolucionará la jornada, con la advertencia de que solo se permitirá el paso a servicios de emergencia.
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Noticias de la semana
Del 24 al 30 noviembre 2025
Tras accidente fatal en la vía Atlixcáyotl, autoridades anuncian pista oficial para arrancones
Luego del choque que dejó varios lesionados y un muerto en la vía Atlixcáyotl —tramo conocido por las carreras clandestinas— autoridades estatales anunciaron la creación de una pista regulada para arrancones. El proyecto busca reducir riesgos y canalizar esta práctica hacia un entorno controlado. Sectores ciudadanos criticaron que el anuncio ocurriera a días del accidente, interpretándolo como una respuesta reactiva y no preventiva, además de absurda.
México siempre construye barandales después de caerse del puente. Regulamos lo que toleramos, pero nunca anticipamos lo que sabemos que ocurre desde hace años.
Bloqueos de transportistas paralizan corredores clave del país
Transportistas realizaron bloqueos en múltiples autopistas para exigir mayor seguridad ante el incremento de robos y agresiones en las carreteras. En estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo y Estado de México, los cierres provocaron retrasos masivos y pérdidas económicas. Aunque autoridades ofrecieron mesas de diálogo, los líderes del movimiento advirtieron que no retirarán la presión mientras no exista una estrategia clara contra la delincuencia vial.
Si bloquear carreteras es la única forma de ser escuchado, el verdadero problema no está en el tráfico, sino en un gobierno que solo responde cuando se le atraviesan los camiones.
Fernández Noroña desata polémica al atacar a la viuda de Carlos Manzo en pleno Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer
Durante un evento público, el diputado Gerardo Fernández Noroña lanzó descalificaciones contra la viuda de Carlos Manzo, generando indignación por hacerlo precisamente en un día destinado a visibilizar la violencia de género. Diversos colectivos y legisladoras exigieron disculpas y señalaron que normalizar agresiones verbales desde el poder perpetúa el ciclo de violencia.
No se puede combatir la violencia hacia la mujer con discursos que la replican. La congruencia sigue siendo el recurso más escaso en la vida pública.
Se profundizan los cambios en la Fiscalía de Puebla
La Fiscalía poblana anunció nuevas reestructuras internas, con la salida de directores de áreas clave y la llegada de perfiles de confianza de la nueva administración. Aunque las autoridades argumentan que se busca eficiencia, especialistas señalan que los movimientos parecen más una reconfiguración política que una depuración técnica.
Cambiar mandos sin cambiar métodos es como repintar una casa llena de grietas: la fachada mejora, pero la estructura sigue igual de frágil.
Polémica por presunta “venganza” en el sorteo del Servicio Militar: ¿bola blanca para quienes protestaron?
Tras el sorteo nacional del Servicio Militar, surgieron denuncias de que una proporción atípicamente alta de jóvenes recibió “bola blanca”. En varias regiones circuló la versión de que el Ejército endureció el sorteo como medida de “disciplina social” después de la participación de jóvenes en protestas recientes. Aunque la Sedena negó cualquier sesgo, expertos cuestionaron la falta de transparencia y el cambio abrupto en las cifras históricas.
El azar no tiene ideología, pero los mandos sí. Cuando un “sorteo” castiga, la línea entre civismo y control se vuelve demasiado delgada.
Renuncia de Alejandro Gertz Manero remueve el tablero judicial del país
Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal general de la República tras confirmarse que será propuesto para una embajada. Su salida —aprobada de inmediato por el Senado— generó críticas por abandonar un cargo autónomo antes de cumplir su periodo. Ernestina Godoy quedó como encargada del despacho mientras inicia el proceso para designar al nuevo fiscal.
En México no renuncian los fiscales: los reubican. Y la justicia siempre viaja con maleta diplomática.
Ausencia prolongada del secretario de Relaciones Exteriores en medio de crisis internacionales
Esta semana se confirmó la ausencia del canciller en eventos clave y reuniones multilaterales. Aunque oficialmente se habla de motivos de salud, su prolongada inactividad despertó dudas sobre tensiones internas en el gabinete. La ausencia coincide con un escenario global complejo, lo que aumenta la percepción de improvisación en la política exterior.
La diplomacia es un oficio de presencia; cuando falta el canciller, sobran los rumores.
Se calienta la disputa por la Auditoría Superior del Estado: múltiples aspirantes y viejos intereses
Con la próxima definición del nuevo auditor superior de Puebla, la lista de aspirantes creció rápidamente, incluyendo perfiles con trayectoria técnica y otros vinculados a grupos políticos. Analistas señalan que el puesto es clave para el control del gasto público y atractivo para quienes buscan poder más que fiscalización. La selección será un termómetro del rumbo que tomará la transparencia estatal.
Cuando todos quieren ser auditor, es porque lo que menos importa es auditar.
Trump y Maduro sostienen llamada privada en medio de tensiones regionales
Medios estadounidenses y sudamericanos confirmaron que Donald Trump sostuvo una llamada directa con Nicolás Maduro. Aunque no se revelaron detalles, la conversación ocurre en un momento en que Washington aumenta la presión sobre Venezuela y endurece medidas migratorias y energéticas. Analistas interpretan el contacto como un intento de calibrar la relación antes de nuevas sanciones.
Cuando dos adversarios hablan en voz baja, los que deben preocuparse son los que viven debajo del balcón.
Trump anuncia cierre del espacio aéreo sobre Venezuela; aerolíneas suspenden rutas
A pocos días de la llamada, Trump anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, desatando reacciones inmediatas en América Latina. Varias aerolíneas suspendieron vuelos y gobiernos regionales criticaron la medida como unilateral e inestable para la región. Venezuela respondió que Estados Unidos no tiene autoridad para imponer restricciones sobre su espacio aéreo, calificándolo como un acto hostil.
Cerrar un cielo es fácil; abrir una crisis siempre es más costoso. Las decisiones de un solo país pueden dejar sin alas a toda la región.
La SCJN asegura que no irá contra la “cosa juzgada”, pero abre debate sobre nulidad de juicios firmes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se colocó esta semana en el ojo del huracán jurídico y político al ventilarse en el Pleno una propuesta para analizar la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido —un mecanismo que, en supuestos concretos como fraude procesal, permitiría reabrir asuntos ya sentenciados— y, al mismo tiempo, emitir un comunicado para reafirmar su respeto al principio de cosa juzgada (res judicata), pilar de la seguridad jurídica.
El episodio se desarrolló así: en la sesión del 27 de noviembre la Corte discutió un asunto que partía de una demanda por presunto fraude en un juicio mercantil. Un bloque de ministros planteó que, en casos probados de colusión o fraude que hayan contaminado la sentencia, es jurídicamente posible acudir a la figura de nulidad para restituir derechos lesionados. Esa postura encontró apoyo entre al menos cinco ministros, lo que alcanzó a poner sobre la mesa la posibilidad de modular la doctrina tradicional; sin embargo, no prosperó de forma definitiva en ese momento y el asunto quedó en discusión.
La reacción pública fue inmediata: la presidente de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su desacuerdo durante su conferencia matutina y advirtió sobre el riesgo de “romper” la certeza jurídica que otorga la cosa juzgada. También líderes legislativos y actores políticos manifestaron su inquietud, por considerar que abrir la puerta a reabrir sentencias podría desestabilizar procesos concluidos años atrás. En respuesta al debate y a las críticas, la SCJN emitió un comunicado institucional en el que subrayó su “respeto absoluto al principio de cosa juzgada” y aclaró que la figura debatida (la acción de nulidad de juicio concluido) está prevista en ciertos códigos procesales y opera sólo en hipótesis muy concretas, por ejemplo ante fraude o colusión probados.
Varios medios y verificadores analizaron la controversia para separar rumor de realidad: Verificado.mx calificó como falsa la versión simplificada y alarmista de que “la Corte eliminó la cosa juzgada” o que ahora “se podrán reabrir todos los juicios”; el organismo subrayó que la discusión se circunscribe a una herramienta procesal regulada por códigos (y en ningún caso equivale a un ataque generalizado a la cosa juzgada).
En el terreno jurídico, los defensores de la revisión puntual argumentan que nada protege mejor los derechos de las víctimas que una puerta procesal cuando existe evidencia de fraude que produjo una sentencia injusta. Sus adversarios sostienen que abrir esa puerta de manera laxa quebraría la certeza jurídica, dañaría la confianza en las resoluciones judiciales y sentaría precedentes peligrosos para el ordenamiento jurídico. Ese choque de prioridades —justicia sustantiva vs. seguridad jurídica— fue el corazón del debate en el Pleno.
Por su parte, la SCJN publicó el listado de asuntos fallados y la síntesis informativa de la sesión del 27 de noviembre, donde puede verse que algunos proyectos fueron modificados, otros sobreseídos, y que el tema de la acción de nulidad quedó pendiente de mayores estudios y análisis técnicos dentro del mismo tribunal. La Corte insistió en que cualquier interpretación que pareciera poner en riesgo la cosa juzgada sería equivocada: la intención oficial es precisar marcos legales ya existentes, no invalidar la firmeza de las sentencias en general.
Qué está en juego
- Cosa juzgada (res judicata): principio por el cual una sentencia firme no puede ser alterada de manera sencilla; garantiza estabilidad y certeza.
- Acción de nulidad de juicio concluido: figura prevista en algunos códigos civiles y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles que permite impugnar una sentencia firme en supuestos excepcionales como colusión, fraude o manipulación procesal. No es una “reapertura automática” de todos los juicios.
- Riesgo político: abrir esa vía sin criterios estrictos podría convertirse en herramienta de presión política o revanchismo judicial; cerrarla de plano puede dejar sin remedio a víctimas de fraudes procesales graves.
La discusión en la Corte muestra algo básico y preocupante: la tensión entre la verdad material y la seguridad formal. En un país donde la corrupción ha deformado resoluciones y la impunidad es moneda corriente, negar de plano la posibilidad de corregir sentencias viciadas sería moralmente insostenible. Pero aflojar la cosa juzgada sin salvaguardas técnicas y un estándar probatorio elevado convierte la justicia en un péndulo peligroso que puede golpear a inocentes y culpables por igual. La prudencia no es cobardía: es el arte de construir remiendos institucionales que no deshagan la tela completa.
